¿Qué más quieren ajustar?

Un modelo económico y político se ha instalado desde diciembre del 2015 y avanza (o pretende avanzar) cada día en perjuicio del pueblo, las trabajadoras y trabajadores y los sectores más vulnerados. Tarifazos, inflación imparable, salarios a la baja y criminalización de cualquier muestra de resistencia y oposición a la elite dominante que se ha encaramado en el gobierno y extiende sus tentáculos expropiando derechos y barriendo con las conquistas.

Macri, sus ministros y los monopolios mediáticos anuncian el ajuste que piensan hacer después de las elecciones. Como señaló Cristina, “ya les subieron las tarifas, el transporte, los alquileres, las prepagas, los peajes, las expensas, los remedios, los alimentos, no llegan a fin de mes, venden el auto, se mudan a departamentos más chicos, dejan de consumir primeras marcas, no pueden comprar nada en cuotas, y además pusieron techo a las paritarias.

¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?”.

Pretenden aumentar la precarización y la flexibilización laboral, ponerle freno a la acción sindical y los derechos de los trabajadores, para continuar con el drenaje del pueblo hacia las patronales, aumentando el margen de ganancias a costa de nuestro nivel de vida.

Además, para equilibrar el déficit fiscal, intentan realizar un feroz ajuste en los salarios, jubilaciones, el presupuesto en educación, ciencia y tecnología. Acentuando la desindustrialización y el endeudamiento. A partir de la caída en la recaudación real (producto de la recesión económica del último año y medio, las quitas de las retenciones agropecuarias, minería y bienes personales) los ingresos se retrajeron y el déficit fiscal empeoró. Ahora van a zanjar este déficit a costa de los sectores populares, reduciendo programas y políticas públicas, avanzando sobre los subsidios económicos a los servicios públicos y el sistema de seguridad social. Así como una serie de reformas estructurales como la edad jubilatoria y un nuevo sistema privado similar a las AFJP.

Para alcanzar la meta del déficit fiscal del 4,2%, este año el gobierno debería recortar el 90% de las pensiones no contributivas (personas con discapacidad, invalidez, ex combatientes, madres de 7 hijos o más) que a su vez equivalen a casi 8 veces del presupuesto en vivienda, el 109% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

En esta línea, Macri desempolvó un viejo y caduco decreto de la era menemista, hecho a la medida del neoliberalismo y que ya en su momento era de dudosa constitucionalidad. A la luz de la actual legislación en DD.HH., es claramente regresivo. Tanto como las justificaciones de los funcionarios del PRO. A muchas personas que estaban cobrando este beneficio les dieron la baja sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa. Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Macri.

Ante el repudio que generó la medida y para defenderse, dicen que el kirchnerismo repartía pensiones de forma clientelar. Algunos datos sobre el tema:

– Hasta el año 2003 el cupo de pensiones estaba congelado (como los sueldos y las jubilaciones). Cuando una persona moría “liberaba” una pensión que se le otorgaba a otro/a.

– Se decidió terminar con el cupo y otorgarle la pensión a todo aquel que presentara el certificado que acredite un alto grado de discapacidad: el 76%.

– Además, los trámites para solicitar la pensión tenían en 2003 un promedio de 5 años de atraso. Se realizó un relevamiento para agilizarlos.

– El Certificado Único de Discapacidad es el único documento válido para cualquier trámite o beneficio. Las juntas médicas son oficiales y se renueva cada 5 años.

– En un país con 45 millones de habitantes hay 1 millón 100 mil personas con discapacidad en esta situación. Es sólo el 2,4% de la población.

La OMS calcula que hay un 19,4% de Personas con Discapacidad (PcD) sobre la población mundial. En Argentina alrededor del 12,9 % de la población son PcD, unos 5 millones. No hace falta ninguna “guerra” para que aumente el número de personas que acceden a este derecho, como vociferan algunos personajes de la alianza gobernante. Son las políticas públicas de un modelo inclusivo que con trabajo se construyó desde las ruinas durante doce años y que se ven amenazadas por el macrismo.

Para frenar el ajuste permanente y el avance de la arbitrariedad, endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno, es necesaria la unidad del campo popular y democrático, para construir una nueva correlación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA necesaria que Cristina nos llama a construir.

DEL DOCUMENTO

UNIDAD CIUDADANA

para volver a tener futuro.

“El ajuste neoliberal no es resultado de lo que “encontraron” cuando llegaron al Gobierno o de la “pesada herencia”. Mucho menos aún, de lo que faltaba hacer. Al contrario, se trata de un programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio. En menos de un año y medio se endeudaron por casi USD 100.000 millones, más del doble de la deuda contraída por la Dictadura Cívico-Militar.”

“El pueblo argentino sufre en carne viva las consecuencias de esas políticas neoliberales que destruyen empleos y salarios, provocan cierres de comercios, pulverizan el consumo y dañan gravemente a nuestra industria nacional. El desamparo no se puede tolerar más. Tampoco la exclusión, ni la injusticia, ni la pobreza en aumento. Demasiado sufrimiento. El Gobierno para los ricos es una triste realidad para los argentinos.”

“El Gobierno armó una nueva “mayoría automática” en el más alto Tribunal que expresa la intervención del Poder Ejecutivo en los fallos judiciales. De esa manera se prepara el terreno institucional para la convalidación judicial de las medidas económicas y sociales que serán impuestas después de las elecciones de octubre para consumar la segunda fase del plan de ajuste: ir a fondo con reformas estructurales, que profundicen en forma perdurable la debilidad de los trabajadores y su salario en relación a los ricos y su capital.”

“El Gobierno de Cambiemos no tiene límites. Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones. Por eso la emergencia. Por eso la urgencia. Por eso, también, la responsabilidad histórica. Para ello resulta imprescindible: Construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno.”

“Es necesario declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores.”

“El Parlamento tiene que ser uno de los límites para el ajuste neoliberal, pero no el único. Las instituciones y organizaciones sindicales y sociales, en ejercicio de sus propias representaciones, tienen también una responsabilidad histórica frente a este nuevo calvario de los argentinos y no pueden ser ajenas a la convocatoria ciudadana.”

“Es necesario declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas públicas.”

“Es necesario declarar la emergencia previsional con aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar tranquilidad a los hogares argentinos.”

“Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios. Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de inversión y producción ante el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión social, el autoabastecimiento y la conectividad.”

“El Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales. El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI. Con los niveles descontrolados de crecimiento de la deuda será cada vez más difícil y más caro utilizar el acceso a los mercados internacionales de crédito.”