PRESUPUESTO 2019

Media sanción para la Ley de Ajuste

El FMI aprobó la ampliación del crédito a la Argentina a 56.300 millones de dólares a cambio de más ajuste y recesión. Con la mira puesta en el sistema previsional, el objetivo es avanzar con la baja en las jubilaciones.

El 25 de octubre, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto dictado por el Fondo Monetario Internacional (138 a favor, 103 en contra, 8 abstenciones y 7 ausentes). Al día siguiente el Fondo dio a conocer la aprobación de la ampliación del crédito y el informe del staff. Por su parte, el gobierno publicó los detalles del compromiso. La Ley de Presupuesto pone en marcha un brutal ajuste con el fin de solventar las constantes y elevadas necesidades de financiamiento para el pago de intereses de la deuda. Ese es el objetivo del “déficit cero”. El Gobierno aplicará una reducción en términos reales, es decir descontada la inflación promedio del período (34,8 por ciento), de 6 por ciento en Servicios Sociales, de 23 por ciento en Educación y Cultura, de 17 por ciento en Ciencia y Técnica, de 20 por ciento en Asistencia Social y de 8 por ciento en Salud. En contrapartida, los servicios de capital e intereses se incrementarán en el orden del 50 por ciento, mientras que el stock de deuda a fin de año representará el 87 por ciento del PBI, 315.698 millones de dólares.

El préstamo acordado es de 56.300 millones. Se reprograman los desembolsos, y se concentran antes de las elecciones del año próximo el 87,9 por ciento del total del crédito, equivalente a 49.555 millones de dólares, mientras que cada desembolso trimestral para la próxima administración se reducirá al equivalente a 969 millones hasta junio de 2021. Es obvio el esfuerzo del FMI por darle una mano a Macri para continuar con el modelo de saqueo y hambre. El primer desembolso por 5700 millones de dólares será inmediato y en diciembre habrá otra transferencia por 7600 millones. Como contrapartida, el Gobierno llevará a cabo un fuerte ajuste, reconoce una caída de la actividad el año próximo de hasta 2 por ciento y se somete a una mayor injerencia del organismo en la política económica y monetaria. También anticipa que impulsará el año próximo una profunda reforma del sistema previsional.

El presupuesto 2019 contempla la venta de acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional de la ANSeS por $ 73.661.475.170. Además, modifica el mínimo no imponible de Bienes Personales, llevándolo muy abajo ($ 2.000.000, aproximadamente unos U$S 52.000 dólares). Así el impuesto alcanza a unos 300.000 nuevos contribuyentes de los sectores medios: cualquiera que posea un departamento de dos o tres ambientes y un auto mediano tendrá que tributar. Sin embargo, las propiedades rurales quedan exentas del pago de Bienes Personales, la media sanción en Diputados las exime expresamente. Los amigos del grupo Clarín y La Nación son otros de los beneficiados. Se le permite a “los sujetos cuya actividad sea la prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores de esas empresas editoras, computar como crédito fiscal del gravamen (IVA), las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal afectado a dichas actividades”.

El miércoles, mientras se sesionaba, una multitud se concentraba para protestar contra la Ley de Ajuste, partidos políticos, gremios, movimientos sociales. Nuevamente, la respuesta del macrismo fue una represión brutal, premeditada y orquestada con impunidad. La caza de militantes se extendió hasta el barrio de Constitución por la 9 de Julio. La demagogia xenófoba fue la frutilla del postre, desde el ministro del Interior hasta el inefable senador “camisa negra” Pichetto, salieron a demonizar extranjeros y pedir expulsiones a mansalva. Como en diciembre del 2017, cuando se votó la reforma previsional, la dupla ajuste y represión se instaló en el centro de la escena política.

 

EJES CLAVE DEL PRESUPUESTO DEL AJUSTE

  • Déficit cero

La meta sólo contempla el déficit primario, sin tener en cuenta el pago de intereses de deuda, que se incrementan cerca del 50 por ciento.

  • Jubilados

Venta de acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional de la ANSeS por $ 73.661.475.170. El Gobierno se comprometió con el FMI a avanzar en 2019 con la modificación del sistema jubilatorio.

  • Ajuste

El gasto total previsto es de 40.247.619 pesos. En términos reales (tomando en cuenta la inflación proyectada) el gasto primario se habrá contraído un 13 por ciento, con una caída del 11 por ciento de los gastos corrientes y de 42 por ciento de los gastos de capital. La reducción del gasto será del 6 por ciento en servicios sociales; del 23 por ciento en educación y cultura; del 48 por ciento en vivienda y urbanismo; del 20 por ciento en promoción y asistencia social; del 8 por ciento en salud; del 17 por ciento en ciencia y técnica; y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.

  • Deuda

La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones de nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.

  • Fondo Sojero

Se incorpora un “fondo compensador” a municipios por la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros: 6.500 millones de pesos adicionales para amortiguar parcialmente el traspaso de la política de subsidios a las jurisdicciones locales, tras la quita de recursos sojeros por 43.000 millones de pesos.

  • Quita de subsidios a las provincias

El ajuste neto en las provincias será aproximadamente de 32.000 millones de pesos solo si se cumpliera la proyección en materia de recaudación que consta en el presupuesto. Limitan las transferencias a las provincias y municipios para transporte y energía.