El gobierno y los acreedores ingresan en momentos culminantes en la renegociación de la sideral deuda externa tomada por Macri.

En el contexto de la inesperada crisis del coronavirus, Argentina continúa negociando la enorme deuda legada del macrismo. Una deuda que en cuatro años creció hasta los 32.065 millones de dólares y representa actualmente el 89,3% del Producto Bruto Interno. Argentina no tiene acceso al crédito voluntario desde marzo de 2018, la actividad económica viene cayendo a pique desde antes de la pandemia, mientras el sistema financiero y cambiario es endeble al juego de los especuladores, con sus respectivos estragos sociales. Esta estructura hecha a la medida de las elites globales quedó aún más cristalizada tras el advenimiento de la crisis desatada por el coronavirus.

El gobierno nacional, asumido hace menos de un semestre, nunca eludió los compromisos de deuda, y ha tomado 4.571 millones de dólares de las reservas del Banco Central para el pago de intereses y capital en lo que va de su mandato.

Los fondos de inversión acreedores aceptaron la negociación encabezada por Martín Guzmán, Ministro de Economía, cuya línea conceptual está basada en la idea de la sustentabilidad de la deuda, reducción de la tasa de interés, y búsqueda de extensión de vencimientos y períodos de gracia, términos replicados en la contraoferta efectuada por los acreedores. BlackRock, el principal acreedor, aceptó una sustancial baja en los montos de deuda, lo que significa un triunfo parcial del gobierno, que echa por tierra las opiniones vertidas en los grandes medios de comunicación, voceros de los acreedores, que han calificado a Guzmán de “pasante”, “ignorante del mercado”, o denostado su perfil por “académico”.

Pese a que el Gobierno no pagó la deuda de tres bonos globales por 503 millones de dólares que venció el 23 de mayo, los fondos de inversión aceptaron extender las negociaciones hasta el próximo 2 de junio. Los acreedores por ahora no demandarán al país ya que ambas partes buscan acercar posiciones, y de lo que se trata es de llegar a un acuerdo que sea un intermedio entre el piso ofertado por el gobierno en su propuesta inicial, y el techo que representa la contraoferta de bonistas. Todo indica que Argentina, en su afán de honrar los compromisos de pago, mejorará su oferta. Las fechas límites son en estos casos armas de negociación para continuar las tratativas. Cuando hay voluntad de arreglar, como parece ser este caso, los plazos se corren. Para llegar a un acuerdo, se requiere un nivel de aceptación promedio del 65 por ciento de los acreedores. La propuesta inicial del gobierno, había recogido un nivel de adhesión inferior al 15 por ciento.

Pero si bien negocia y acepta sentarse a la mesa con los acreedores, el gobierno argentino ha mostrado señales de no hacerlo a cualquier precio. En los últimos días, el Presidente Alberto Fernández reiteró una idea que fue pilar de su campaña: “no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos, que están encerrados en sus casas, están esperando: salir, producir y hacer crecer a la Argentina”, recuperando de esta manera el viejo axioma de Néstor, “los muertos no pagan deudas”, que nos llevó al desendeudamiento y la soberanía sobre nuestras propias decisiones como país.

Además, en los últimos días, se confirmó desde el Frente de Todos la intención de reactivar la comisión parlamentaria encargada de revisar la deuda externa contraída desde la modalidad de sesiones remotas, cuyo protocolo está vigente hasta el 13 de junio. El objetivo de la bicameral es analizar el último informe del Banco Central sobre la enorme fuga de capitales y contracción de deuda en el período macrista, importante aspecto para negociar quitas y saber hasta dónde la deuda es realmente legítima.

Es importante destacar que tras la negociación hay cuestiones políticas en juego. Para los acreedores, el de Argentina es un caso testigo: resulta clave porque es un antecedente de envergadura para la larga lista de renegociaciones de deuda soberana que estos actores tienen en el mundo, en el contexto de la pandemia global.

Para el gobierno de Alberto (que cuenta con el apoyo de los países de la eurozona, el Papa Francisco, economistas destacados, y oferta en línea con lo dispuesto por un reorientado FMI), cerrar el conflicto con los acreedores y culminar el nefasto episodio de la insolvencia financiera a la que nos llevó el macrismo es una misión trascendental, como lo fue para el gobierno de Néstor Kirchner en las renegociaciones de 2005, en lo que fue uno de sus principales activos políticos. Poder desendeudar al país es un requisito básico para retomar las políticas de soberanía que fueron interrumpidas en los años de Macri.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

La línea conceptual de la propuesta de Guzmán está basada en la idea de sustentabilidad de la deuda, reducción de la tasa de interés, búsqueda de extensión de vencimientos y períodos de gracia, términos replicados en la contraoferta efectuada por los acreedores, en lo que resulta un triunfo parcial del gobierno.

LOS MUERTOS NO PAGAN DEUDAS

En los últimos días, el Presidente Alberto Fernández reiteró una idea que fue pilar de su campaña: “no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos, que están encerrados en sus casas, están esperando: salir, producir y hacer crecer a la Argentina”.

LEGITIMIDAD DE LA DEUDA

Desde el Frente de Todos confirmaron la intención de reactivar la comisión parlamentaria encargada de revisar la deuda externa desde la modalidad de sesiones remotas. El objetivo de la bicameral es analizar el último informe del Banco Central sobre la enorme fuga de capitales y contracción de deuda en el periodo macrista, importante aspecto para negociar quitas y saber hasta dónde la deuda es realmente legítima.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Para los acreedores, el de Argentina es un caso testigo: resulta clave porque es un antecedente de envergadura para la larga lista de renegociaciones de deuda que tiene por delante en el mundo. Para nuestro país, poder desendeudar al país es un requisito básico para retomar las políticas de soberanía en todos los ámbitos que fueron interrumpidas en los años de Macri.


 

POR UN IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

Respaldo social y decisión política

Como veníamos sosteniendo en los números anteriores, el COVID 19 develó las grandes contradicciones que existen entre los países que orientan a través del Estado sus políticas para contrarrestar los efectos propios de la pandemia, y los que muestran el lado más salvaje del proyecto neoliberal.

Nuestro país no está exento de esta discusión. Mientras que desde el gobierno se profundiza la batería de medidas en materia de asistencia social, económica y sanitaria, los grandes grupos financieros siguen presionando para que se levante la cuarentena. La disputa sobre la intervención del Estado o no se plantea como una falsa contradicción impulsada por los voceros de la derecha. El gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires avanzan con propuestas claras, con un claro consenso de gobernadores e intendentes opositores. Parte de las discusiones que se vienen desarrollando es el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Se presume que estaría próximo a entrar en Diputados para avanzar con el circuito legislativo. La expectativa de recaudación por este aporte de 12 mil contribuyentes, con patrimonios superiores a 200 millones de pesos, al 31 de marzo del corriente, rondaría entre 3500 y 4000 millones de dólares. En la bancada de Juntos por el Cambio hay fricciones en torno al acompañamiento de este proyecto, y no existe un posicionamiento unánime.

Con el impuesto a las grandes fortunas como referencia, se multiplicaron en el país iniciativas para cobrar aportes extraordinarios a sectores económicos concentrados. En provincias y municipios, incluso algunos gobernados por la oposición, se están imponiendo aumentos de impuestos y tasas a bancos, hipermercados, productores rurales, compañías de telefonía móvil e internet. Está claro que es el gobierno nacional quien debe estar a la cabeza de estas iniciativas. Según la consultora CELAG, el 90,3% de los entrevistados en el último sondeo consideran que el Estado debe dirigir e impulsar la economía. El gobierno de Alberto y Cristina tiene la decisión política de avanzar sobre esta orientación, las batallas serán duras, pero es el camino correcto.