OTRA VEZ SOPA

Una reforma laboral para los ricos

Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación -cómplice del desastre de 2001 con De la Rúa y también del derrumbe económico de 2018/19 bajo Macri- declaró hace pocos días que el gobierno de Javier Milei busca “desarticular la estructura de los sindicatos”. Traducido: buscan profundizar la supremacía de los monopolios, que representan a menos del 1% de la población, por encima de la clase trabajadora, que somos la inmensa mayoría. El objetivo del gobierno es claro: recortar y desmantelar derechos laborales, empezando por los trabajadores sindicalizados (casi el 60% del total) y siguiendo con quienes ya se encuentran precarizados bajo este modelo neoliberal dependiente. La reforma flexibilizadora no expresa nada nuevo: un neoliberalismo viejo, atrasado y subordinado a los intereses externos. Eso es lo que tenemos que modificar en la lucha.

Comprender y luchar

Aún así, este gobierno vendepatria pretende ir más lejos y aprobar una reforma laboral regresiva y abiertamente reaccionaria. Además de generar inseguridad jurídica, su impacto sobre las pymes y los trabajadores sería devastador y viola el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza la progresividad de los derechos laborales. Mientras tanto, la situación del 40% de los trabajadores “en negro”, completamente desprotegidos, sigue sin ser abordada por el oficialismo. Con el 40% obtenido en las últimas legislativas -contra el 35% de Fuerza Patria-, Milei siente el respaldo suficiente para avanzar contra todos los derechos laborales que aún conserva la clase trabajadora argentina. Su proyecto beneficia únicamente al 1% más concentrado de la economía. La reducción de derechos para el 99% restante es, en definitiva, su programa real. Esta “reforma” repite un libreto fracasado: precariza derechos básicos como salario digno, estabilidad y protección contra despidos arbitrarios; genera más conflictividad y litigios; y debilita el entramado productivo nacional. La reforma impulsada por Milei -y presentada por la diputada Romina Diez, con firmas de delincuentes como José Luis Espert, señalado en causas de corrupción y narcotráfico- llega disfrazada bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”. Aunque el Presidente insiste en que “no se tocarán derechos”, basta con leer el borrador de los 109 artículos para confirmar lo contrario. La propuesta excluye a los trabajadores de plataformas de la Ley de Contrato de Trabajo, habilita modificaciones unilaterales en las condiciones de empleo, reduce el peso de la antigüedad, facilita la subcontratación sin responsabilidad y elimina registros laborales fundamentales. Impone jornadas extendidas, banco de horas sin pago de extras, vacaciones fragmentadas, salarios variables y conceptos “no remunerativos” que licúan salario real e indemnizaciones. En materia de protección social recorta derechos por enfermedad, limita licencias de maternidad, restringe reincorporaciones y fija topes indemnizatorios que pulverizan la antigüedad. Paralelamente, desregula profesiones, elimina estatutos especiales, estira períodos de prueba y declara prácticamente todas las actividades como “servicios esenciales”, anulando de hecho el derecho constitucional de huelga. Para la mayoría, protestar ante una injusticia quedaría directamente prohibido. Nada en favor del trabajador.

Economía real

Mientras tanto, el país atraviesa un colapso económico e industrial acelerado desde la llegada de este gobierno, pero aún así emergen situaciones que parecen incomprensibles. Un caso emblemático es el cierre de la fábrica de calzado Dass, que dejó 850 trabajadores en la calle y paralizó un complejo industrial de 40 mil metros cuadrados en Coronel Suárez, localidad de apenas 23 mil habitantes. A pesar del golpe brutal que significó para toda la comunidad, La Libertad Avanza ganó las elecciones con el 52,8%. Milei ya había triunfado en 2023 con un 63%, y aunque perdió varios puntos, volvió a imponerse ampliamente. Ni el cierre de Dass, ni el freno total de la obra pública, ni los recortes a jubilados, ni la estafa de las “retenciones cero” lograron quebrar el voto anti-popular y anti-peronista profundamente arraigado, especialmente entre jóvenes de clase media que degeneraron masivamente a las urnas sin conocer -o sin querer reconocer- los avances sociales históricamente registrados (productivos y laborales) alcanzados entre 2003 y 2015. Ahí es donde tenemos que indagar y militar.

En beneficio de nuestra clase

Los comunistas no estamos en contra de reformas que mejoren los derechos de la clase trabajadora, pero sí nos vamos a plantar con fuerza frente a todo retroceso reaccionario como los que plantea este gobierno cipayo. Una reforma laboral alternativa debería ser orientada a proteger e incorporar derechos en un mundo laboral profundamente transformado (tecnológicamente) y complejo, no volver al siglo del esclavismo obrero y del fascismo. Los trabajadores no vamos a permitir menos derechos de los que conquistamos durante el siglo XX.

REFORMA REGRESIVA Y ANTI OBRERA

• MÁS PODER PARA LAS EMPRESAS, MENOS PARA EL TRABAJADOR: La reforma modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para habilitar a los empleadores a introducir “cambios en las modalidades, formas y condiciones de la prestación laboral”. Esto implica que el empleador podrá cambiar horarios, turnos, tareas, métodos, incluso modalidades de trabajo (presencialidad, rotación, responsabilidades), sin requerir consentimiento del trabajador. La única defensa del asalariado es considerarse despedido, lo que lo obliga a afrontar un juicio -que además, según el mismo proyecto, será más lento y menos favorable económicamente- En la práctica, esto destruye la estabilidad y consolida un esquema donde el trabajador pierde control sobre su vida laboral cotidiana.
• JORNADAS LABORALES DE HASTA 12 HORAS Y NORMALIZACIÓN DEL “BANCO DE HORAS”: Uno de los cambios más fuertes: se habilita la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias mediante regímenes de banco de horas y otros acuerdos colectivos. La única limitación es respetar 12 horas de descanso entre jornadas. Esto implica que turnos de 10, 11 o 12 horas se vuelven legales, incluso habituales, si los acuerdos de cada actividad lo permiten. En un país donde ya abundan los abusos de horas extras no pagas, esta flexibilización legaliza una práctica que afecta duramente la salud, el tiempo familiar y el descanso de nuestra clase. Además, al permitir la libre compensación de horas dentro del “banco”, la empresa puede concentrar la carga laboral en días de mucha demanda sin pagar horas extras, abaratando costos a costa del agotamiento de la fuerza de trabajo.
• VACACIONES DECIDIDAS POR EL EMPLEADOR Y FRAGMENTADAS: La reforma al artículo 154 establece que el empleador decide unilateralmente la fecha de inicio de las vacaciones del trabajador, con un aviso mínimo de 21 días. Solo se garantiza que el trabajador pueda tomar vacaciones en temporada de verano una vez cada 2 años, lo cual implica que, si la empresa quiere, puede asignarle vacaciones en invierno de manera casi permanente. Además, habilita la fragmentación del período vacacional en tramos mínimos de una semana, pero sin aclarar quién decide esa división. Esto abre la puerta a que las empresas partan las vacaciones en múltiples bloques bajo criterios de “organización productiva”, reduciendo el descanso real y la capacidad del trabajador para planificar su vida.
• INDEMNIZACIONES MÁS BARATAS Y JUICIOS LABORALES DESVALORIZADOS: El artículo 17 establece que los créditos laborales, en caso de juicio, se actualizan solo por inflación (IPC) + 3% anual. Actualmente los tribunales aplican intereses muy superiores (a veces 6-8% mensual en casos prolongados), para evitar que las empresas especulen. Con este cambio, cuanto más tarde el juicio, más barato es para la empresa. Las empresas podrán además pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, lo cual diluye aún más el valor real percibido por el despedido. El proyecto también fija un tope del 20% a la cuota “litis” (honorarios del abogado pagados con el resultado del juicio). Esto hace más difícil conseguir representación legal, ya que el profesional cobrará menos, desincentivando la defensa de trabajadores con indemnizaciones bajas. Despedir será más barato, litigar será menos conveniente para el trabajador, y el costo de dilatar procesos judiciales cae sobre el asalariado.
• TOPES EN LAS INDEMNIZACIONES: Un trabajador que haya trabajado mas de 20 o 30 años, solo podrá reclamar un tope de 10 años de indemnización. Hoy la ley paga 1 sueldo por año trabajado sin tope, pero la nueva propuesta cambia el artículo 245 para que nunca supere esos 10 salarios. Además, excluye aguinaldo, bonos y pagos extra del cálculo indemnizatorio, reduciendo aún más el monto.
• LICENCIAS POR ENFERMEDAD BAJO EL CONTROL DEL EMPLEADOR: El proyecto endurece el régimen de “enfermedades inculpables”. Si el empleador duda del certificado médico, podrá denunciar ante la Secretaría de Trabajo. Allí un listado de peritos oficiales podrá convocar al médico tratante para “revisar” el diagnóstico, ordenar nuevos estudios o incluso proponer tratamientos alternativos. Esto permite que la empresa cuestione licencias médicas legítimas y que el Estado intervenga a favor de un control patronal sobre la salud del trabajador. Tras agotarse la licencia, el empleador solo debe conservar el puesto por un año. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin indemnización, dejando desprotegidos a quienes padezcan enfermedades prolongadas o tratamientos complejos.
• MÁS PAGOS, MENOS APORTES, MENOS AGUINALDO Y MENOS INDEMNIZACIÓN: La reforma amplía la lista de conceptos no remunerativos: comida, guardería, internet, ropa de trabajo, útiles escolares, reintegros médicos, capacitaciones, etc. Todos estos “beneficios” no integran el salario, no pagan aportes, no suman para jubilación, no computan para aguinaldo ni para la base indemnizatoria. Es decir: se multiplican las formas de pagar “por afuera”, reduciendo el salario real y debilitando la protección social del sistema previsional.

¿QUE OFRECE CHINA, A DIFERENCIA DE LOS YANQUIS?

Después de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina no es Estados Unidos: es la República Popular China, motor económico de Asia y uno de los centros más dinámicos de la economía global. Sin embargo, el gobierno entreguista de Milei eligió dinamitar los puentes con uno de nuestros aliados estratégicos y subordinarse sin condiciones a Washington. Lo hace a costa de profundizar la dependencia financiera con el imperialismo norteamericano, poder al que ya estamos endeudados sin capacidad real de repago. Ese alineamiento automático no es diplomacia: es renuncia a la soberanía. El derrotero del gobierno terminó colocando a la Argentina en un papel de neocolonia obediente, donde las decisiones estratégicas parecen tomarse en función de los intereses externos antes que de las necesidades nacionales. Esto opera como un auténtico corsé diplomático: bloquea grandes proyectos de infraestructura -el tipo de inversión que China y los países del BRICS priorizan globalmente-, reduce nuestras posibilidades de expandir exportaciones y nos cierra puertas en mercados fundamentales. No se trata solo de China: hablamos de todo el bloque asiático, empezando por ASEAN hasta Vietnam socialista y el sudeste asiático, regiones con enormes capacidades de demanda para nuestros alimentos, energía y minerales, y para nuestro futuro industrial también. Mientras tanto, Milei se subordina políticamente a la derecha estadounidense más cerrada, representada por la línea trumpista, cuya visión del mundo es belicista, aislacionista y claramente contraria a los intereses geopolíticos de la Argentina. La estrategia de “lame botas” no trae inversiones, no trae tecnología y no abre mercados: solo consolida una dependencia que nos deja cada vez más débiles en un escenario global que se mueve hacia la multipolaridad. Argentina no puede darse el lujo de funcionar como satélite de ninguna potencia. Un país apéndice del hegemón es un país vulnerable. La verdadera política exterior moderna es multipolar, basada en la diversificación, en la negociación inteligente y en la defensa de los propios intereses sin arrodillarse ante nadie. Ese es el auténtico patriotismo: construir soberanía en defensa de los intereses nacionales de nuestra clase trabajadora.