UN PRESUPUESTO DE HAMBRE Y EXCLUSIÓN
A la medida del FMI
El Proyecto de Presupuesto Nacional remitido por el Gobierno al Congreso es, básicamente, imposible de aprobar. Déficit 0, dólar a $ 40,10, una inflación de 23%, aumento de la recaudación fiscal cifrada en las exportaciones, son parte de las promesas que el gobierno PRO anticipa para cumplir con los condicionamientos del FMI.
Entre sus previsiones, la propuesta de Ley de Leyes proyecta importantes reducciones y recortes en salud, educación, ciencia y tecnología, e impone una brutal redistribución regresiva de los ingresos públicos transfiriendo recursos desde el bolsillo de la clase trabajadora y el pueblo a las arcas de los tradicionales socios oligárquicos de la actual Administración y destinando una gran parte de los ingresos estatales al pago del brutal endeudamiento contraído durante los últimos dos años y medio.
En pleno pozo recesivo provocado por las medidas del gobierno, proyectan que la reactivación se produciría a partir de marzo de 2019. La estrepitosa caída de la actividad económica permite adivinar que ésta aseveración es, cuando menos, aventurada. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios vía condicionamiento de la negociación paritaria, el aumento desmesurado de tarifas tanto en servicios como en transporte, la falta de control en el traslado a precios de los índices inflacionarios, la lenta agonía de PyMEs, el parate de la obra pública y la reducción de planteles de trabajadores en todos los rubros de la actividad industrial y comercial tardará muchos años en ser revertida, salvo un drástico golpe de timón del rumbo económico que no se avizora como posible en el corto plazo.
La política de destrucción del ingreso social incluye el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de haberes previsionales, agotados los recursos provenientes del blanqueo con el cual muchos evasores y fugadores se lavaron la cara sin ingresar un centavo del dinero depositado en el exterior, con la excusa de que este es el sector que más pesa en el “gasto”. La previsible liquidación de este fondo le garantizaría a los financistas el regreso de la bicicleta de las AFJP y las pingües ganancias que supieron disfrutar antaño.
El recorte en obra pública, proyectado en un 7% nominal respecto de este año, y el traslado de esta responsabilidad a las provincias, garantiza mantener congeladas obras de infraestructura imprescindibles. El traslado del peso de la tarifa social en electricidad a las administraciones provinciales y la suspensión del llamado fondo sojero que recorta transferencias vitales para el funcionamiento provincial, son otros de los recortes propuestos.
La privatización de obras realizadas por el gobierno nacional y popular como las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López serán ingresos a las arcas públicas que significan pan para hoy y mucho hambre para mañana, como ya se demostró en los 90.
Se mantienen a favor del Estado Nacional el impuesto al cheque y el de Sellos, se aumenta la presión tributaria sobre los trabajadores al eliminar exenciones en el Impuesto a las Ganancias (caballito de batalla de la campaña PRO) previendo recaudar cerca de 25.000 millones de pesos. La aplicación de “retenciones” en pesos a los agroexportadores garantiza su licuación en el corto plazo en base a la variación del ingreso en dólares del sector.
Se aumenta, asimismo, el peso de tarifas y transporte sobre los enflaquecidos ingresos populares con un ajuste que rondaría el 30% hasta febrero y luego se ajustaría por inflación. La previsión absurda de una caída del 0,5% del PBI, le asegurará al PRO acumular cuatro años de deterioro económico del país.
