La actuación de la Corte Suprema respecto a los jueces del macrismo debe ayudar a comprender que la lucha contra el neoliberalismo y sus resortes “institucionales” no se agota en un triunfo electoral. El imperialismo busca imponer sus posiciones con o sin representantes en un gobierno circunstancial. Por eso los comunistas hablamos desde hace décadas de democracia restringida. En los ’80 condicionaban a los gobiernos desde los cuarteles. En la actualidad (sin descartar esa opción) apelan fundamentalmente al sector hegemónico del poder judicial. El lawfare y sus consecuencias en América Latina son la evidencia, fuera de toda discusión. A nuestro entender, los cortesanos no actúan como actúan por los aprietes o la presión mediática: responden a los intereses de clase históricamente dominantes en la superestructura jurídica de nuestro país.
Cuando el gobierno nacional, a poco de asumir, impulsó un conjunto de cambios en el funcionamiento de la justicia federal, tocó un nervio sensible de los factores de poder. No obstante, albergaban todavía la esperanza de forzar una ruptura entre Alberto y Cristina. La orientación que fue afirmando el gobierno (en un contexto de pandemia global) terminó por diluir esas aspiraciones, lo que precipitó la fuerte embestida desestabilizadora que enfrentamos en las circunstancias actuales y en varios frentes en simultáneo. La Corte acaba de desatar un conflicto de poderes al desconocer atribuciones propias del Senado Nacional. Una semana antes impulsaron una corrida cambiaria (luego bancaria) buscando imponer una devaluación que hoy tendría un impacto demoledor para las grandes mayorías. Una semana antes organizaron un movimiento sedicioso de un sector de la policía bonaerense contra Axel Kicillof, que llegó a las puertas de la Quinta presidencial de Olivos. Y podríamos seguir, semana tras semana.
¿Qué es lo que desató la ofensiva? El rumbo antineoliberal del gobierno nacional, que se expresa en el ingreso familiar de emergencia (IFE); en la asistencia al trabajo y la producción (ATP); en la preservación de miles de vidas humanas frente al flagelo del nuevo coronavirus; en la renegociación soberana de la deuda externa; en el impuesto extraordinario a las grandes fortunas; en el blindaje de los fondos previsionales; en la declaración de las telecomunicaciones como servicio público y esencial; en la democratización de la agencia federal del inteligencia (AFI); en el decreto que prohíbe los despidos; en el relanzamiento de los planes Procrear y Conectar, etc. Se pueden discutir estilos, formas e incluso más o menos osadía en determinadas circunstancias. Lo que está claro es la orientación nacional, popular y democrática del gobierno del Frente de Todos.
Si pudieran imponer hoy una situación de caos y ruptura institucional, no hay dudas de que lo harían. Pero no cuentan todavía con las fuerzas sociales necesarias. El objetivo es de desgaste, mientras salen a la calle una y otra vez. Es preciso escudriñar los movimientos del enemigo, pero también es importante saber que, de este lado del mostrador, hay un pueblo que no ha reaccionado a las provocaciones y que con paciencia ha respetado y sigue respetando las restricciones sanitarias que permitieron sobrellevar con el menor costo posible una enfermedad que ha causado 1 millón de muertos en el mundo. Ese mismo pueblo, sobre el que más impactan las dificultades económicas que profundizó la pandemia, es el que va a movilizarse masivamente si osan avanzar en sus propósitos de restablecer el saqueo en nuestra Patria. ¡Neoliberalismo nunca más! sigue siendo el reclamo de la inmensa mayoría.
