En el ojo de la tormenta
LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL
Alberto y Cristina volvieron a poner sobre el tapete la complejidad del entramado del Poder Judicial, y la estrategia del lawfare como herramienta desestabilizadora utilizada por el poder real.
A partir del 2015, con la llegada al gobierno neoliberal macrista, analizábamos la ofensiva de la estrategia política-judicial-mediática en nuestro país. Esta triada se desarrolló como política de desestabilización de los gobiernos populares y antineoliberales en toda la región latinoamericana.
Es en este contexto que la decisión política anunciada por el Presidente el 1ero de marzo, en torno a instar una denuncia penal por parte de la Oficina Anticorrupción a Mauricio Macri y su equipo económico en la causa denominada “FMIgate”, resulta un precedente político importante, para revocar la fraudulenta administración del gobierno macrista, y la complicidad silenciadora del poder judicial. Un poder que, como describía Alberto Fernández en su discurso de apertura, “parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún otro miembro de la sociedad”. Recordemos que hace unos días, el Juez de Casación Geminiani saludó con un “Feliz día delincuentes” a sus colegas al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer trabajadora. Es el mismo personaje que hace un año y medio atrás recibió una sanción por violencia de género contra una secretaria.
El Poder Judicial se mantiene al margen de una formación en perspectiva de géneros, cuando se considera obligatoria para los tres poderes del Estado. Cristina lo planteó sin sutilezas: “el Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada”. Es en este complejo contexto que se planteó la renuncia de la Ministra de Justicia, y la designación de Martin Soria. Recordemos que, desde la asunción del actual gobierno, la reforma judicial fue uno de los principales ejes, pero hasta ahora no hubo referentes que sostuvieran las negociaciones con todas las fuerzas políticas, incluso dentro del Frente de Todos y con la propia corporación judicial. Existe un listado de pendientes que aún no se pudieron resolver: proyecto de reestructuración de los tribunales federales para licuar el poder concentrado en pocos, Ley de reforma del Ministerio Público y modelo acusatorio, designación del procurador, cambios en la Corte Suprema, perspectiva de género en el sistema judicial, Consejo de la Magistratura. Los desafíos que se aproximan requieren de firmeza política para avanzar. El actual ministro adelantó algunas definiciones importantes en torno a esto: “Hay que desarmar la mesa judicial organizada que atendía en el despacho de Macri”.
A la ofensiva judicial debemos responder con políticas claras y determinación. Parte de esta ofensiva se dio estos días en Bolivia, cuando se anunció la detención de la golpista Añez y de varios de sus ministros, a partir de una denuncia impulsada por el MÁS por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Es momento de avanzar con firmeza política, contra las estructuras neoliberales, para construir una patria y una Latinoamérica nacional, popular y antineoliberal.
