Uno de los terrenos en el que se juega la disputa por la continuidad y el rumbo del gobierno del Frente de Todos es el de la economía. Allí la prioridad debe ser la fuerte y rápida recuperación de los ingresos populares y el consumo, verdaderamente vapuleados luego de cuatro años de neoliberalismo macrista y un año y dos meses de pandemia global. La otra variable clave es la de los precios que corren en un frenesí alimentados por la oligarquía y los monopolios de la industria de la alimentación que, al tiempo que persiguen una rentabilidad extraordinaria, buscan acorralar al gobierno para desestabilizarlo.

En el campo del salario, uno de los ejes clave son las paritarias. Con muchas de las negociaciones ya cerradas podemos afirmar que la tendencia ha sido firmar acuerdos en torno a un 30% de aumento salarial, acompañando lo resuelto en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil a fines de abril que consensuó un aumento del 35% distribuido en siete tramos hasta febrero del año próximo. En ese marco, por poner algunos ejemplos representativos, ATE y UPCN acordaron un 35% en seis cuotas, la UOM un 35% en tres cuotas, los gremios docentes nacionales un 34,6% en tres cuotas, los empleados de Comercio un 32% en 4 cuotas, los encargados de edificios un 32%, los bancarios un 29% y los trabajadores de TV por cable un 44%.

Sin embargo, el punto de referencia para ubicar el impacto de estos aumentos son los precios. En este terreno, el gobierno viene librando una batalla compleja y hasta ahora sin los resultados buscados. En los primeros cuatro meses del año el país acumula un 17,6% de inflación y, para colmo de males, el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” está entre los que más aumenta (en mayo la inflación según el INDEC fue de 4,1% mientras que el rubro alimentos y bebidas aumentó un 4,3%).

Desde la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por la compañera Paula Español, se vienen desplegando iniciativas para contener los precios, como las denuncias a empresas que producen por debajo de su capacidad o retienen la producción para especular o buscan eludir el control de precios, el programa Precios Máximos (vigente hasta el 8 de junio), la obligatoriedad para los supermercados de señalizar los productos más baratos en cada góndola o los acuerdos sectoriales como el del sector lácteo para abastecer el mercado interno bajo la amenaza de cierre de exportaciones, tal y como dispuso el Gobierno recientemente con el sector de la carne.

Con este panorama es fundamental avanzar por el camino de las reformas necesarias y urgentes para que los salarios le ganen a los precios y acelerar el proceso de redistribución de la riqueza ineludible, si queremos afirmar sobre bases sólidas el proceso que hoy se expresa en el gobierno del Frente de Todxs.