SALARIOS Y TARIFAS
Pierde el pueblo, ganan las energéticas
A casi dos años y medio de gobierno del Frente de Todos y teniendo en cuenta el importante crecimiento económico del año pasado y del presente, los salarios de los trabajadores, en especial de los sectores bajos y medios, no logran recuperarse. El poder adquisitivo del sector privado registrado todavía se mantiene en niveles similares a los de diciembre de 2019, mientras que los no registrados incluso por debajo de aquel último año macrista, en donde el promedio de pérdida del poder adquisitivo fue en torno al 20% en relación al 2015. El problema no es solamente la política de precios del gobierno, que es incapaz de contener la inflación, sino también la política salarial y tarifaria. Lo que planteó CFK en 2020, que “la tarea fundamental es comenzar a alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas” no se está cumpliendo.
Mientras el Ejecutivo se mantiene paralizado, continúa la inercia inflacionaria aplicada por los sectores concentrados de la economía, lo mismo con la devaluación acelerada del tipo de cambio oficial -por imposición del FMI- a lo que le sumamos la política tarifaria de quita de subsidios a las pymes y a los sectores bajos y medios de la población. Este cóctel explosivo es lo que no está permitiendo que los salarios reales crezcan, incluso a pesar del crecimiento económico que estamos atravesando. La realidad es que no es momento para aumentar tarifas reguladas en el actual contexto de elevada y acelerada inflación, sobre todo conociendo los beneficios extraordinarios que tuvieron -y siguen teniendo- estos sectores concentrados que controlan toda la cadena de nuestros servicios “públicos”.
Es cierto que hay una presión externa en torno a los precios, sin embargo, desde el gabinete económico parecen no querer tomar ninguna medida para desacoplar los precios internos de los externos. En base al programa del FMI, el gobierno de Alberto Fernández decidió implementar una quita segmentada de subsidios en las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad. Según el presidente y el ministro de economía, Martín Guzmán, lo que se busca es “sincerar” precios y dejar de subsidiar a la población de mayores recursos, aunque la realidad refleje otra cosa. La quita debería ser para los sectores más altos solamente (incluso estos podrían hacer un mayor aporte) sin embargo, en este caso el tarifazo será para todo el conjunto de la población. Aunque los aumentos sean segmentados y por debajo de la inflación promedio, un incremento “mínimo” del 40% para una familia de clase media baja en un contexto de 6% de inflación mensual, destruiría gran parte de su ya decaído poder adquisitivo. No olvidemos que los subsidios sirven, además de darle competitividad a nuestras pymes y empresas nacionales, para otorgarle un salario indirecto a la clase trabajadora que, con lo que ahorra en tarifas, lo gasta luego en su economía familiar a la vez que fomenta el mercado interno.
No hay duda alguna que estos aumentos en precios regulados son imposiciones del FMI, ya que no hubo ni siquiera una reunión o informe alguno que diera a conocer -y revisar a fondo- cuáles son los costos de producción y distribución de los servicios. “Es una decisión que ya tomamos”, dijo el presidente en su gira por Europa, cerrando así todo debate, tan necesario dentro del Frente de Todos. Solo se contemplaron los costos de abastecimiento internacionales, pero nada se dice de los costos locales. Esta diferencia entre costo local y precio internacional es la base de las ganancias empresariales de aquellos monopolios que controlan la energía y otros servicios públicos en nuestro país. Esta nueva quita de subsidios, que afectará de forma decisiva los salarios de los trabajadores, no contempla debatir la formación de esa ganancia. Lo único que hace es tirarle la pelota a la población para que el Estado pueda cumplir con lo firmado con el FMI. La población seguirá así sosteniendo las tasas de ganancia empresariales que estos sectores concentrados lograron durante el macrismo con tarifazos de cuatro cifras.
Aumentos
- En el gas el incremento mínimo para aquellas familias pobres con tarifa social será en torno al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año pasado, es decir, el aumento real será alrededor del 21% anual. Para el 10% de la población de mayores ingresos se le quitarán todos los subsidios, aunque todavía no se sabe los porcentajes de aumentos definitivos. Respecto al resto de la población, las tarifas subirían hasta un 80% del CVS del año pasado, es decir, un aumento cercano al 43% anual.
- En cuanto a la electricidad los incrementos tarifarios serán similares: entre el 21% y 43% para los sectores bajos y medio bajos, y aún mayores para los considerados de “ingresos altos”. En estos últimos pueden caer incluso familias que ganan tres canastas básicas. Lo que está imponiendo el FMI, además de una destrucción de salario indirecto, es un blanqueo de los aumentos tarifarios del gobierno de Mauricio Macri, cuya política de shock hizo que los incrementos favorables a las grandes empresas del sector fueran de cuatro cifras porcentuales.
Monopolios
- Estos son los únicos que se beneficiarán con la quita de subsidios. En la extracción de gas, aparte de YPF, son apenas ocho empresas las que controlan el sector: la multinacional francesa Total; Pan American Energy (propiedad de Bulgheroni y British Petroleum); Tecpetrol del Grupo Techint; las norteamericanas Chevron y Apache; la brasileña Petrobras; Pluspetrol; y LF company. El transporte de gas, por su parte, es controlado por dos concesiones privadas: TGN -norte- propiedad de Techint y Eurenekian, y TGS -sur- de Pampa Energía (Mindlin, Lewis, BlackRock, entre otros). En cuanto a la distribución a nivel nacional, es manejada por nueve empresas, siendo la más grande Metrogas.
- En generación eléctrica, si bien el sector también es oligopólico, las empresas productoras se encuentran más fraccionadas que las de gas y petróleo, siendo algunas de ellas estatales como parte de las hidroeléctricas y la energía nuclear, mientras que en las termoeléctricas predomina el capital privado. La concentración más burda se encuentra en el transporte y la distribución. En el primero, cinco empresas controlan todo, siendo Transener -de Pampa Energía- la mayor transportadora del país (con 11.355 km de líneas); le siguen Transnoa S.A. (4.181 km de líneas); Transpa S.A. (2.211 km de líneas); Transnea S.A.; (1.465 km de lineas); y Distrocuyo S.A. (1.245 km de líneas). En cuanto a la distribución, el 75% del mercado lo controlan tres monopolios privados enquistados en Buenos Aires: EDENOR, propiedad de Vila-Manzano; EDESUR, propiedad de la italiana ENEL; y EDELAP de Rogelio Pagano. El resto de las provincias y localidades tienen sus propias empresas monopólicas. Las tarifas de luz durante el macrismo crecieron cerca de 2300%, varias veces por encima de la inflación. Con el actual incremento de tarifas lo que se está sosteniendo es aquella tasa de ganancia extraordinaria otorgada por Cambiemos a estas empresas.
