PODER JUDICIAL, MONOPOLIOS Y PROYECTO NACIONAL
Romper la barrera
El último 17 de octubre un centenar de organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron a la Plaza de Mayo convocadas en torno al documento Unidad nacional por la soberanía con justicia social (ver Nuestra Palabra N° 389). Máximo Kirchner planteó en ese contexto que debemos ser capaces de construir una representación política y electoral que impulse las reivindicaciones programáticas allí contenidas. Uno de esos puntos (que atraviesa de lado a lado al conjunto) está orientado a la reforma profunda del Poder Judicial en la Argentina. Ahí está la trinchera donde se parapetan los monopolios, los factores de poder, para resistir cualquier acción en un sentido nacional, popular y democrático. El gobierno de Alberto Fernández hizo nada al respecto, lo que contribuye objetivamente a su caracterización.
No podemos en este espacio detenernos en el océano de ejemplos que evidencian cómo el sector hegemónico de la Justicia (con la Corte Suprema como avanzada) interviene cotidianamente en defensa de los intereses del Grupo Clarín, las compañías energéticas o los grandes formadores de precios con decisiones que impactan de lleno en la vida de millones de compatriotas. Es necesario explicar una y mil veces este meollo para que se gane comprensión respecto a por qué pasan las cosas que pasan. El carácter de clase de la corporación judicial lleva a jueces y fiscales a preservar al impune de Macri (que propició el mayor endeudamiento y fuga de divisas de nuestra historia, entre otras cosas) y al mismo tiempo perseguir a CFK, buscar su proscripción y encarcelamiento. Pero fueron por más.
Transcurridos casi dos meses del intento de magnicidio contra Cristina, podemos decir que el fuero federal hizo todo lo posible por generar las condiciones para un segundo atentado. La Corte tampoco adicionó ningún tipo de recurso para fortalecer la investigación por el acto terrorista. Sí se convocaron los supremos de urgencia para rechazar el pago de ganancias en el ámbito judicial, que finalmente no prosperó en Diputados con el respaldo siempre consecuente del trotskismo (mal llamado izquierda). Si no fuera por la querella (la misma Cristina) no habría ningún tipo de avance orientado hacia los autores intelectuales que, como sostuvimos en nuestro primer posicionamiento, reportan al imperialismo norteamericano. No estaríamos hablando de los Hermanos Caputo al que pertenece el “Messi de las finanzas”, que aseguró a los fondos buitres (la task force que financió la desestabilización de nuestro gobierno entre 2014 y 2015) el pago completo de sus bonos basura. El camino que propone el documento del 17 de octubre requiere romper la barrera de la mafia judicial.
Hay condiciones para avanzar, aún cuando se pretende construir un clima de derrota inexorable. Lo que está en crisis es el neoliberalismo, en América Latina y en el mundo. Cientos de miles de trabajadores se movilizan en Francia contra la carestía de la vida; en Reino Unido la premier conservadora salió eyectada 45 días después de haber asumido por su pliego de medidas antipopulares; en España un 30% de la población es pobre, y en Italia la crisis política y social abrió las puertas a un gobierno de ultra-derecha, lo cual advierte sobre las alternativas que se quedan a mitad de camino y no buscan con decisión impulsar medidas redistributivas, que exige confrontar con los monopolios. Es necesario no perder perspectiva respecto a los acontecimientos globales, a la tendencia dominante hacia un mundo multipolar, a la hegemonía declinante de los Estados Unidos.
La trascendencia del XX Congreso del Partido Comunista de China da cuenta de la correlación de fuerzas en el plano internacional y del avance sin pausa del gigante asiático y su socialismo con particularidades chinas. No es una abstracción ni un oasis en medio del desierto. Es la reafirmación de que un mundo mejor es posible y tangible, un nuevo orden global que asegure el progreso para el conjunto de la humanidad.
