UN AÑO DEL INTENTO DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA CFK
Democracia o fascismo
El 1 de septiembre se cumple un año del intento de asesinato de Cristina y los únicos imputados son Fernando Sabag Montiel, Branda Uliarte y Nicolás Carrizo. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo elevaron el expediente a la instancia oral sin incorporar la prueba que reclama la querella de la Vicepresidenta.
Desde el primer día, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido. Toda la investigación está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la participación del poder real como financista e instigador del atentado.
No es que fueran especialmente cuidadosos, nadie se preocupó mucho por no dejar huellas. Al contrario, se sabe cuándo y dónde se borraron los teléfonos de las asesoras de Millman, quien brindó el asesoramiento. Lo mismo con los millones que le dieron a Morel los Caputo. Pese a la fragmentación de los hechos en cuatro expedientes judiciales (una división impuesta por los camaristas Bruglia, Llorens y Bertuzzi junto a la jueza Capuchetti), emergen más conexiones políticas y económicas con familiares de amigos y ex funcionarios del gobierno de Macri (como los Caputo), y dirigentes políticos del mismo sector, desde Ricardo López Murphy hasta Patricia Bullrich, Javier Milei, José Luis Espert y Gerardo Milman. Tienen de su lado el poder suficiente para asegurarse la impunidad.
El partido judicial se convirtió en ejecutor de las políticas de odio y el condicionamiento de la democracia. A lo largo de toda América Latina, las usinas mediáticas y de los procedimientos de lawfare suplantaron a las fuerzas armadas en la interrupción de la vida democrática, pasó en Brasil con Dilma y Lula. La prisión de Milagro Sala, sostenida desde 2016 sobre expedientes judiciales, y la centralidad perseguidora que se dedica a Cristina Fernández de Kirchner (la falta de investigación sobre el intento de magnicidio) refuerza la obscenidad e intenta sumergir al pueblo en la desazón.
La derecha quiere imponer sus planes de muerte, devastación y saqueo que vienen siendo resistidos y cuya muralla es la compañera Cristina. Los ejecutores de la persecución y hostigamiento a la persona de la Vicepresidenta en los medios y en los tribunales tenían en agenda la proscripción y la cárcel, pero también la variante criminal. No estaban dispuestos a reeditar lo que sucedió en abril de 2016 frente a Comodoro Py, con las elecciones presidenciales en la mira. Cristina no podía ser nuevamente candidata.
El asedio permanente sobre Cristina para condenarla y proscribirla provocó la reacción popular de solidaridad que tuvo como respuesta un dispositivo provocador y represor por parte de Larreta (fustigado por el esperpento de Bullrich) en Recoleta para frustrar la movilización popular en defensa de la líder indiscutible del movimiento nacional y popular. La movilización creció y finalmente derrotó el vallado y la represión. El jueves 1 de septiembre en medio de una manifestación de amor popular ocurrió el intento de magnicidio. La conmoción provocada por ese hecho puso al desnudo la matriz neofascista del neoliberalismo y los grupos lumpen de los que se sirven.
Frente al intento de magnicidio se produjo una inmensa movilización popular por el ataque a su mayor referente, Cristina Fernández. Fue una manifestación que no se veía desde hacía años, por un lado, la pandemia y las medidas de protección y, por otro lado, un presidente poco afecto al dialogo con el pueblo en la calle. Fue además necesaria, para condenar el atentado y demostrar a la clase dominante y los yankis, muy activos en esos días, que el pueblo y el campo popular está preparado para responder y resistir su embestida de clase.
Como siempre, la posibilidad de reconstruir un proyecto nacional, popular, democrático y antimperialista en nuestro país requiere que construyamos la más amplia organización popular.
