PRIMERAS SEMANAS DE MILEI
Libertad para saquear
Transcurridos los primeros días del gobierno de Javier Milei, los efectos del neoliberalismo extremo comenzaron a materializarse con una aceleración inflacionaria y un derrumbe de los ingresos de la clase trabajadora. El encargado de inaugurar las primeras medidas fue el Ministro de Economía, el macrista Nicolás Caputo, quien fuera director del Banco Central y culpable del endeudamiento masivo (seguido de fuga) acontecido durante el gobierno de Juntos por el Cambio (2016-2019). El primer anuncio del ministro fue una ingente devaluación que hizo trepar el tipo de cambio un 118%, llevando el dólar de 400 pesos a 825 en la actualidad. La consecuencia inmediata fue una duplicación inmediata de la inflación mensual que podría llegar a cuadruplicarse para fines de mes (se calcula una inflación mensual de entre el 20% y el 40% para los próximos meses). El ajuste también fue para los ministerios, que redujeron su número de 18 a 9. Además se planteó una disminución progresiva de los subsidios a la energía y el transporte, un parate total de la obra pública (esto va a ser un desastre para el empleo y la actividad económica) y no se renovará ningún contrato laboral del Estado con menos de un año de vigencia. Este paquete inicial de ajuste draconiano fue justificado por Caputo con la vieja farsa neoliberal de que el problema principal de la economía argentina no es la deuda o la escasez de divisas, sino el déficit fiscal. Este “error” es el mismo que llevó al gobierno de Macri a su fracaso, cuando bajó el déficit a cero en 2019 al mismo tiempo que duplicaba la inflación y nos endeudaba con el FMI por una suma impagable (que terminó desapareciendo en la bicicleta financiera). Lo que dejaron estas primera medidas fue la improvisación con la que se mueven estos falsos libertarios y una falta total y coherente de plan económico. Lo que están haciendo de forma alocada es ajustar salarios a la baja, encarecer la vida mediante quita de subsidios, beneficiar a un puñado de multimillonarios y monopolios, y llegar al déficit cero sea como sea: incluso aumentando impuestos -como lo hicieron con ganancias- y retenciones a la industria, al campo y a las economías regionales (esperamos que el presidente cumpla su promesa de “cortarse un brazo” si llegaba a aumentar un solo impuesto).
Ley “ómnibus” y reforma laboral
Si la primera semana de gobierno fue desastrosa para el pueblo argentino, lo que viene pinta para peor. El día 20 de diciembre, al cierre de esta edición, el presidente planea explicar por cadena nacional el contenido de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) compuesto por alrededor de 600 artículos, con el propósito de avanzar en la desregulación total de la economía. Entre las medidas anticipadas se encuentra la derogación de leyes como la de Alquileres, de Abastecimiento, de Góndolas y de Compre Nacional. Se espera que el anuncio revele detalles sobre ajustes en gastos administrativos, una reforma laboral, y el inicio de la privatización de algunas empresas estatales, modificando su estatus a sociedades anónimas. Aunque aún no está claro qué partes del DNU requerirán validación del Congreso, algunos aspectos podrían incorporarse directamente en leyes a ser enviadas al Poder Legislativo, como modificaciones tributarias y del sistema electoral, incluyendo la adopción de la boleta única de papel y la eliminación de las PASO. Así y todo la idea del DNU es pasar por arriba del Congreso y de la Constitución Nacional. La reforma laboral también incluiría reemplazar indemnizaciones por fondos de desempleo, reducción de multas a empleadores, sanciones más estrictas para protestas y la extensión de periodos de prueba laboral. También se busca modificar la cuota solidaria, acordada entre empresas y sindicatos, con la intención de licuar fondos sindicales. Todo esto forma parte de un paquete que aborda la desregulación de la actividad económica y la reforma del Estado, siendo una semana de “novedades normativas” según el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Más allá de lo que puedan aplicar o no de forma inmediata, está claro que buscarán hacerlo a lo largo de estos primeros meses.
Sabiendo que este ajuste y estas reformas no podrán aplicarse sin represión, desde el Ministerio de Seguridad se aprobó un “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, que será aplicado por primera vez en una marcha conmemorativa por los 22 años de la represión asesina de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. El protocolo autoriza a diversas fuerzas federales a intervenir frente a una mínima obstrucción de una calle, algo que es violatorio de la Constitución, al no permitir el derecho a la protesta. Se vienen tiempos de de conflictividad y tenemos que estar organizados y actuar con inteligencia: saber cuando salir a la calle, pero siempre dispuestos a luchar por los intereses del pueblo trabajador.
DEVALUACIÓN. Se llevó a cabo la tercera mayor devaluación diaria en la historia argentina alcanzando los $800 por dólar el primer día y subiendo a 825 en la actualidad. Esta devaluación, que representa un aumento del 118% del dólar, se sitúa solo por debajo de las realizadas durante las hiperinflaciones de 1989 y 1990. Esta medida ya está teniendo consecuencias nefastas en la economía, generando aumentos extremos de la inflación. El informe de la CELAG destaca que la creencia en la necesidad de devaluar el peso de esta forma responde a una errónea interpretación de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo por parte de las autoridades del FMI.
PARATE DE LA OBRA PÚBLICA. Con un freno total de la obra pública peligran 300 mil empleos directos y otros miles indirectos. Se dejarán de hacer hospitales, escuelas, rutas, cloacas, entre otras, y muchos trabajadores de la construcción perderán su trabajo, al igual que miles de proveedores que van a encontrar que ya no tienen clientes.
AJUSTE ESTATAL. Se reducen los ministerios de 18 a 9, las secretarías de 106 a 54 y las subsecretarías de 182 a 140. Además no se renovarán los contratos laborales estatales con menos de 1 año de vigencia, es decir que unos 70.100 trabajadores perderían su empleo.
REFORMA LABORAL. A través del mega DNU se busca imponer una Reforma Laboral draconiana para reducir costos empresariales como los aportes patronales y que el trabajador pierda derechos básicos. También considera extender el período de prueba de empleados de 3 a 6 u 8 meses. Se eliminarían multas a empresarios por registración deficiente y se propondría la desvinculación de intereses ajustados por inflación de las indemnizaciones por despido. Además, se plantea la creación de un Fondo de Cese Laboral, presentado como “voluntario” por gremio, donde empresas y trabajadores aportarían anticipadamente para cubrir posibles indemnizaciones por despido. Asimismo, se evalúa modificar la cuota solidaria establecida en convenciones colectivas, que implica un descuento salarial a trabajadores no afiliados en reconocimiento de su representación en la negociación colectiva.
PROTOCOLO REPRESIVO. Ante posibles resistencias a los ajustes y reformas, el Ministerio de Seguridad aprobó un polémico “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, que permite la intervención de fuerzas federales ante mínimas obstrucciones de calles, generando preocupaciones constitucionales y llevando a la CGT y la CTA a solicitar la intervención de la OIT, argumentando violaciones al “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.
DEROGACIÓN DE LA LEY DE ALQUILERES. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, anunció que el próximo DNU incluirá su derogación. La Cámara Inmobiliaria Argentina respaldó la medida, anticipando la posibilidad de pactar alquileres en moneda extranjera y permitir la libre contratación entre las partes. Este anuncio otorga mayor poder a los rentistas para imponer condiciones desfavorables a los inquilinos.
DEROGACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS. Se pretende derogar la Ley 26737, conocida como ley de tierras, que limita la venta de tierras a extranjeros en áreas con importantes fuentes de agua o en zonas de fronteras. La derogación permitiría que cualquier persona, nacional o extranjera, tenga acceso irrestricto a la propiedad de la tierra en Argentina. La ley actual también pone límites en la cantidad de tierras rurales que pueden poseer los extranjeros (hasta el 15% del total del país) y restricciones en la cantidad de hectáreas en áreas específicas. Derogar esta ley podría afectar la soberanía territorial y la economía local al permitir la adquisición indiscriminada de tierras por parte de capitales foráneos.
QUITA DE SUBSIDIOS. Los subsidios a la energía y el transporte se reducen en etapas hasta llegar a cero. La medida podría resultar en aumentos sustanciales en las tarifas de colectivos y trenes interurbanos con proyecciones de tarifas a 800 pesos por pasaje. En luz , una factura promedio de nivel 1 pasaría de $10.467 a $23.569, (125% de aumento); para el Nivel 3 de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 de $3.970 a $9.082 (129% de suba). Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168%).
