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LEY BASES: Un nuevo capítulo de despojo nacional

LEY BASES

Un nuevo capítulo de despojo nacional

Finalmente el gobierno consiguió la aprobación definitiva de su Ley Bases en Diputados con 147 votos a favor y 107 en contra, además de la restitución del Impuesto a las “Ganancias” sobre los salarios, y cambios en Bienes Personales. La verdadera disputa ocurrió el 12 de junio, cuando el Senado, con el desempate de la negacionista Victoria Villarruel, otorgó su media sanción al proyecto proveniente de Diputados. Desde ese momento, solo restaban detalles, aunque importantes, sobre la magnitud de la entrega, la demolición del Estado y la destrucción de derechos laborales.

RIGI

Dentro de la Ley Bases, la piedra angular para el saqueo de la Patria es el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Desde el oficialismo lo venden como un sistema de “incentivos y beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversores” y que busca ofrecerles “seguridad jurídica”. En otras palabras: es un régimen para que los grandes capitales transnacionales entren al país sin control alguno y, por 30 años asegurados, saqueen nuestros recursos y divisas con total impunidad. Tal es la entrega que permite este nuevo régimen que, en caso de algún conflicto legal, los juicios tendrán instancias de litigio en el extranjero. Aunque el Senado impuso ciertas limitaciones sobre los sectores a los que se aplicará, la realidad es que el gobierno está cediendo (al imperialismo principalmente) sectores estratégicos que son cruciales para cualquier país. Estos incluyen: infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo, gas, forestal y turismo. Estos sectores serán los saqueados. Por su parte, las empresas nacionales quedan apartadas de estos “beneficios” por lo que la economía argentina irá rumbo a una mayor desnacionalización y a un esquema primarizado, sin soberanía y sin una industria local fuerte.

PRIVATIZACIONES

La Ley aprobada impulsa también la privatización de empresas públicas bajo el principio, dicho por el propio Milei, de que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos” (o sea, en manos de los grandes monopolios trasnacionales). La propuesta de Ley inicial incluía 41 empresas públicas para privatizar, pero tras negociaciones y debates el número se redujo a 8, para luego finalizar en 6 en la versión aprobada por el Senado. Si bien el escenario privatizador era muchísimo peor, la realidad es que con facultades delegadas y el apoyo de la mafia judicial, podrían avanzar igual sobre otras empresas. Las que quedaron sujetas a privatización son: Energía Argentina S.A., Intercargo S.A.U., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E., y Corredores Viales S.A. Por otra parte, otras quedaron sujetas a una privatización parcial: Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Algunas de las que fueron excluidas son Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina S.E., y el Correo Argentino, debido a la presión de gobernadores y senadores, principalmente de Unión por la Patria. Así y todo, como dijimos, con las facultades delegadas no se descarta que estas, y más empresas, puedan ser objeto de privatización en el futuro mediante DNU o leyes específicas.

REFORMA LABORAL Y PAQUETE FISCAL

La ley bases incorpora un apartado laboral que busca precarizar aún más a nuestra clase trabajadora, ya muy golpeada por las reformas menemistas de los 90 (que hizo endémico al empleo en negro) y luego por el gobierno de Macri. El oficialismo logró aprobar semejante atentado contra la clase trabajadora a pesar del rechazo de la CGT, las CTA y la mayoría de los sindicatos del país, que habían conseguido previamente declarar inconstitucional esta reforma vía un amparo al Poder Judicial. Así y todo, Milei consiguió aprobarla con el aval del Congreso (menos el bloque de Unión por La Patria). Darle riendas sueltas a la burguesía en este ámbito no significa mejora alguna, ni para la economía, ni mucho menos para el trabajador. En el menemismo se aprobó una reforma similar y no solo no se generó empleo, sino que se destruyó; aumentando la desocupación y el empleo informal de forma drástica. A esto se le suma la vuelta del Impuesto a las Ganancias para los salarios y la baja de impuestos para los multimillonarios (Bienes Personales). Será inédita la transferencia de recursos desde los sectores medios y bajos hacia los muy altos (menos del 10% de la población).

Aunque este proyecto neoliberal -con tintes fascistas- está destinado al fracaso, su prolongación solo intensificará el daño hacia el futuro y hacia las generaciones venideras de trabajadores. Es indispensable que el campo nacional y popular se mantenga unido y organizado para poder planificar así una rápida salida política a este escenario al que nos están llevando.

¿CÓMO FAVORECE EL RIGI AL CAPITAL TRANSNACIONAL?

Exención del pago de derechos de exportación luego de tres años para capitales de USD 200 millones o más; y de dos años en el caso de proyectos de “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, que son aquellos capitales mayores a USD 1.000 millones.
Una tasa de Impuesto a las Ganancias más baja, del 25% (en comparación el 35% que pagan las empresas nacionales); sobre dividendos se aplicará un 7%, que se reducirá a 3,5% después de siete años.
Devolución de IVA y pago del mismo a través de Certificados de Crédito Fiscal (el Estado no solo les devuelve el IVA sino que los ayuda financiando su pago).
Más descuentos: se computará el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias (básicamente no lo van a pagar ya que se lo descuentan por otro lado).
Estarán exentos de derechos de importación todos de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercancías de consumo. Estas importaciones se realizarán sin restricciones. Sin embargo, el Senado ha excluido de este beneficio la importación de maquinaria usada.
Los capitales podrán disponer libremente de las divisas: 20% luego de dos años; 40% luego de tres años y 100% luego de cuatro años. En los capitales de más de USD 1.000 millones los plazos son más cortos. Esto solo empeorará el problema que tiene el país es que la fuga y falta de divisas.
Ataque a proveedores locales: si bien el Senado incluyó que un mínimo del 20% del monto invertido en proveedores se destine a empresas nacionales, será solo si se cumplen “condiciones de mercado”, algo difícil de conseguir al no tener la industria local los beneficios de las transnacionales.
Estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria, vigente durante 30 años: o sea, pase lo que pase, como que un nuevo gobierno quiera modificar algo, el Estado argentino deberá esperar 30 años para poder hacerlo (un claro atentado contra la soberanía popular y la democracia).
En caso de ocurrir una disputa legal, deberá resolverse en base al arbitraje internacional A ELECCIÓN DEL CAPITAL (sea CPA, la CPI o el CIADI). Es decir, tenemos todas las de perder ya que una de las partes es la que elige a dedo al juez (y todas las opciones son financiadas por el mismo Capital al que deben juzgar).

REFORMA LABORAL CONTRA LA CLASE TRABAJADORA

Reemplazo de la indemnización por despido: se propone sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral, que consiste en un aporte mensual de todos los empleadores. Esto significa que, en caso de despido, el trabajador cobrará de este fondo en lugar de recibir una indemnización directa. Como consecuencia el monto recibido será considerablemente menor.
Ampliación del período de prueba: el período de prueba se extiende de 3 a 12 meses. Esto implica que, si trabajas un año para una empresa y te despiden sin justificación, no recibirás indemnización alguna. Anteriormente, el período de prueba era de solo 3 meses.
Limitación del derecho a huelga: si la huelga se lleva a cabo en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones, se pierde el derecho a una indemnización por despido. Esto otorga al empleador una libertad absoluta para despedir sin causa durante una huelga.
Facilitación de la tercerización: se facilita la posibilidad de que una empresa contrate a un intermediario para emplear trabajadores. Por ejemplo, un trabajador del acero en Techint podría ser considerado externo a la empresa. Esto conlleva salarios más bajos y peores condiciones laborales para los millones de trabajadores que entrarán en esta categoría.

PAQUETE FISCAL ANTI PUEBLO

Aumento del Impuesto a las Ganancias (salarios): los trabajadores volverán a pagar este impuesto que había sido quitado durante el gobierno de Unión por la Patria. La nueva implementación comenzará por afectar a aquellos solteros con ingresos brutos de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,3 millones. Es decir, el piso para pagar será bajísimo (teniendo en cuenta que la canasta básica familiar es de casi 900.000 pesos). La alícuota será progresiva desde el 5% al 35% y la actualización será trimestral en 2024 para luego pasar a semestral a partir del 2025.
Baja de Bienes Personales: este impuesto lo pagan aquellos contribuyentes con grandes patrimonios. Si bien se incrementa el piso imponible de $27 millones a $100 millones, la baja para los grandes propietarios multimillonarios será gigantesca. En principio, las alícuotas -que hoy eran del 2,25%- tendrán una variación a la baja de 0,5% y 1,5%; pero desde 2027, se aplicará una única tasa más baja aún del 0,25%. Además se favorece a aquellos millonarios evasores, ya que los que participen del blanqueo podrán pagar una tasa del 0,5% y no necesitarán presentar declaración jurada durante ese período.