REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

¡Libertad a los presos políticos!

Tras la movilización al Congreso de 12 de junio para rechazar la Ley Bases, el Gobierno reprimió y encarceló a más de 30 manifestantes. Empezó ahí una odisea para saber qué pasaba con la situación de cada uno de ellos. Ante la acusación de “terroristas, sedición y de querer perpetrar un Golpe de Estado” fueron trasladados a penales de máxima de seguridad como Ezeiza para las mujeres y el de Marcos Paz para los varones. Durante la detención y los traslados fueron golpeados y maltratados por las diferentes fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Los organismos de Derechos Humanos junto a familiares, diputados, funcionarios provinciales, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles y políticas entre las que estuvo nuestro Partido, iniciaron un camino de reclamos para lograr la libertad de los más de 30 presos políticos.

El viernes 14 de junio se llevó adelante la primera conferencia de prensa en el SERPAJ. Ese mismo día también se realizó una concentración en la puerta de Comodoro Py, lográndose la libertad de la mitad de los detenidos. Con un importante respaldo en las calles, tres días más tarde se realizó otra conferencia de prensa en el SERPAJ en la que se informó de las acciones a seguir y de las que también formamos parte. Es así que el martes 18 se concentró en Plaza de Mayo en otra expresión popular muy amplia y en simultáneo, los diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia contra la represión. Al finalizar la concentración conocimos la noticia de que habían liberado a la mayoría de los detenidos, quedando solo 5 en prisión. El miércoles 19 los organismos de Derechos Humanos realizaron la presentación de un petitorio en Comodoro Py reclamando por la libertad de todos los detenidos y el jueves 20 de junio acompañamos la ronda de las Madres de Plaza de Mayo donde se reiteró el pedido de libertad para los detenidos.

Al día de hoy, seguimos recla-mando por la liberación de quienes aún siguen detenidos y que se anulen las acusaciones realizadas por el Gobierno y efectuadas por el fiscal Stornelli de manera irresponsable y amedrentadora en otro claro acto de criminalización de la protesta.