REFORMA AL PODER JUDICIAL EN MÉXICO
Un cambio estructural
Compartimos una colaboración especial para Nuestra Palabra de la compañera Patricia Legarreta Haynes, miembro del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, sobre una de las reformas más trascendentales de AMLO, coronando un fin de mandato histórico.
Cuando Andrés Manuel López Obrador inició su mandato como Presidente de la República tenía como uno de sus objetivos principales promover un verdadero sistema de justicia en México. Para ello, empezó por reformar el Código Penal y establecer que la corrupción fuera tipificada como delito grave. Algo que antes no existía. Gracias a ello se pudo iniciar una investigación sobre los sobornos que pagaron empresas petroleras a altos funcionarios y legisladores en 2013 para implementar una reforma energética que fuera beneficiosa para sus negocios.
Para promover que las personas que estaban detenidas y sus procesos penales detenidos por desidia burocrática solicitó a la Secretaría de Gobernación (equivalente al Ministerio del Interior en Argentina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecer canales de comunicación con la Fiscalía y el Poder Judicial. Y es que en México el sistema de justicia funcionaba básicamente dependiendo de cuántos recursos tienes para poder acceder a la justicia y la mayoría de las 90 mil personas que están presas sin haber sido procesadas la mayoría son pobres. Se intentaron hacer reformas con miras a fortalecer el Consejo de Judicatura como una institución independiente (hasta ahora quien preside la Suprema Corte también preside el Consejo de la Judicatura). Con todo, el poder judicial seguía operando de la misma manera.
Otra medida que tomó AMLO cuando llegó a la presidencia fue que ningún funcionario pudiera ganar más que el presidente, esto quedó establecido en la Constitución. Él se bajó el sueldo debido a que los sueldos de altos funcionarios en México eran de los más onerosos del mundo. “No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, es uno de los principios que rigen el actuar de la cuarta transformación. Pero los Ministros de la Suprema Corte no atendieron a esto, en cambio ganan 6 veces y hasta más de lo que gana el presidente.
Hace 6 meses el Presidente había enviado a las cámaras una serie de reformas constitucionales para eliminar burocracia innecesaria por duplicidades (por ejemplo, en el sistema electoral que es uno de los más caros del mundo); para promover que los órganos autónomos y el poder judicial pudieran atenerse a lo que establece la Constitución. No se contaba con la mayoría calificada necesaria y la oposición votó en contra. Desde entonces se inició un amplio proceso de consulta a través de asambleas, reuniones informativas para que la ciudadanía conociera el contenido de las reformas. Al mismo tiempo, el presidente propuso el llamado Plan C en el que la población se comprometió a votar por Claudia Sheinbaum como Presidenta y votar por los candidatos y candidatas de Morena para todos los cargos de elección popular. El pasado 2 de junio se eligieron en México 49 mil cargos de elección popular. Sheinbaum y Morena ganaron en 275 de 300 distritos electorales, se ganó mayoría calificada en la Cámara de Diputados (70% de las curules) y en Senadores solo faltaba un legislador para la mayoría calificada.
De manera que la población votó por Claudia Sheinbaum, votó por Morena y votó por la reforma al poder judicial que los legisladores aprobaron el pasado 11 de septiembre. Ante un poder judicial alejado de la población y muy cerca del dinero fue que se propuso que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular. Las reformas conducirán a tener un órgano de vigilancia y control del poder judicial autónomo, se sustituye el Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Administrativa y un Órgano de Administración Judicial. Se reduce el número de ministros de 11 a 9, su periodo se reduce de 15 a 12 años. La Corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones serán públicas. Se elimina la pensión vitalicia.
El proceso de elección se realizará en 2025. Los tres poderes de la unión propondrán candidaturas igualitarias y partidarias. El Senado verifica que se cumplan con requisitos técnicos. El Instituto Nacional Electoral organiza la elección. No habrá financiamiento público ni privado para campañas, sólo tiempos en radio y televisión para difundir propuestas y perfiles. No habrá participación de partidos políticos ni proselitismo a favor o en contra de ninguna candidatura.
Esta reforma al poder judicial, antes de haberse consumado, es un ejemplo de democracia participativa. Nunca se había involucrado tanto la ciudadanía con el conocimiento del funcionamiento institucional y las autoridades del poder judicial. Los ministros, magistrados y jueces se vieron obligados a posicionarse y dar la cara a la ciudadanía. Con esto se generó un debate amplio, popular, también técnico y especializado. En todos los rincones del país se estaba discutiendo este tema. Con esto se impulsó un experimento, esperamos que exitoso, para prevenir que el cartel judicial que hemos visto operar en otras latitudes no pueda generar procesos reaccionarios en contra de funcionarios y representantes populares que han tomado medidas para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, ampliar la agenda de derechos y eliminar los privilegios de quienes antes tenían secuestradas las instituciones públicas.
