En un contexto adverso por la continuidad de la pandemia, el Gobierno nacional avanza con medidas que tienden a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. A partir de un decreto de necesidad y urgencia, se declaró a los servicios de internet, telefonía móvil y televisión por cable como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Y se estableció un congelamiento de sus tarifas hasta el 31 de diciembre.
La implementación del ASPO evidenció una marcada inequidad en torno al acceso a estos servicios, y por otro lado la ausencia de regulación frente a los aumentos desmedidos por la prestación de servicios. Si tomamos datos de los últimos tres años, observamos que el rubro de comunicaciones aumentó por encima del nivel general de inflación. Según cifras del CEPA, comunicación aumento en ese lapso un 326, 3 por ciento, mientras que la inflación fue de 231, 4 por ciento. Esto se debe principalmente a la concentración en manos de pocas empresas en estos rubros, y por ende a la falta de competitividad, sumado a la ausencia de regulación del Estado durante el gobierno neoliberal del macrismo. Esta combinación posicionó a las empresas en una ventajosa situación comercial y financiera.
Los puntos más importantes del DNU establecen la existencia de una tarifa social básica que pueda ser afrontada por el conjunto de la población (y que todas las empresas del sector deberán tener de forma obligada) y será el Estado quien fija esos precios, con la garantía de su abastecimiento pleno a toda la ciudadanía.
En esta línea, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la inversión de 3 millones de pesos para ejecutar el Programa de Aumento de capacidad de Red Federal de Fibra Óptica. Estas políticas son la continuidad de las ya ejecutadas por el Gobierno de Cristina, quien en el año 2010 lanzo “El Plan Argentina Conectada”, el cual realizó en sus primeros 4 años, 30 mil kilómetros de fibra óptica.
También se desarrolló el satélite Arsat 1, que tuvo a su cargo la expansión de la red de fibra óptica, permitiendo la llegada de internet en localidades alejadas o de difícil acceso. Recordemos que cuando el macrismo asumió, derogó por decreto el artículo que establecía a los servicios como esenciales, dejando su tarifas al juego de oferta y demanda. Recuperar el rol del Estado como garante y regulador es una decisión política que el gobierno viene marcando como camino para la reconstrucción de la Patria.
