CONFLICTO DOCENTE
Hay ajuste, hay lucha
Con el cierre por decreto de la Paritaria Nacional Docente, la administración Macri concreta un episodio más del ajuste brutal exigido por el FMI como parte de las recetas tradicionales del neoliberalismo cuyo triste desenlace ya conocemos.
La tarea de socavar y vulnerar sistemáticamente la Ley de Financiamiento Educativo, unida a la estigmatización de la lucha sindical (en particular de la representación gremial de CTERA) constituye en la práctica la destrucción de una instancia formal y legal a escala nacional que permitió durante más de una década sostener las discusiones salariales y fijar un piso digno por debajo del cual no puede quedar ningún docente.
La concreción de la Paritaria Nacional venía garantizando una paulatina recuperación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para zanjar las desigualdades entre provincias tanto en el plano docente como educativo. Con esta medida, el Gobierno Nacional evita la discusión del Fondo de Compensación y del FONAINDO (el que espera dejar de pagar en 2019) garantizándose actualizarlos según su propio criterio, a la vez que pauperiza el ejercicio profesional desalentando el ingreso a la carrera educativa. De movida, frente a una canasta básica de 15.000 pesos, el salario mínimo docente queda fijado en 11.400, lo cual representa una nueva pérdida de poder adquisitivo frente a la debacle inflacionaria de la actual Administración.
El ajuste brutal ejecutado (sobre todo en la Provincia de Buenos Aires) incluye el cierre de numerosas escuelas rurales con la excusa de la baja matriculación, el quite del transporte en lancha para las escuelas del Delta, caída de Profesorados en toda la geografía, el cierre de las escuelas nocturnas y bachilleratos para adultos, cesantía por decreto de miles de docentes en condición de jubilarse que pierden el derecho a la jubilación plena, entre otras medidas regresivas. En la Capital Federal faltaron 15 mil vacantes en las escuelas públicas, expresión del nivel de abandono y deterioro promovido por el gobierno PRO.
Resulta paradójico que, mientras se pregona la búsqueda de una “escuela de calidad”, se arbitren las medidas para precarizar el ejercicio de la docencia pública de gestión estatal para favorecer a las de gestión privada a quienes se favorece con el pago de subsidios en tiempo y forma y, en consonancia con el precepto neoliberal de que la educación es un gasto y no una inversión, se busca “ahorrar” a costa de nuestros niños y adolescentes.
El permanente acoso discursivo llevado adelante por los funcionarios macristas (Vidal, Finocchiaro y compañía) a la vez que el ofrecimiento de incentivos a los docentes para que no hagan paro o que mantengan asistencia perfecta durante el año lectivo, resulta en una utilización del empobrecimiento salarial y la fragmentación de la lucha, favorecido por la decisión de gremios “conciliadores” dispuestos a cumplir tareas que morigeren el impacto de la medida de fuerza y mantener abiertos los establecimientos educativos.
No obstante esto, las jornadas de lucha del pasado 5 y 6 marzo (con un contundente paro y una masiva movilización) reflejan la disposición de resistir de la comunidad educativa en su conjunto frente a los intentos del gobierno cipayo por destruir la escuela pública, diezmar a la organización sindical y establecer un piso salarial a la baja que sirva de testigo para toda la negociación paritaria. En las calles vamos forjando la unidad en la acción necesaria para enfrentar cada ataque de la derecha, con la perspectiva de darle carnadura política, formas frentistas y composición multisectorial, de cara a la disyuntiva de hierro del 2019: derrotar al neoliberalismo.
