ECONOMÍA Y CORONAVIRUS: Del billón de las Leliq, al billón de la inclusión

Un repaso por las medidas que está implementando el Gobierno Nacional ante las urgencias económicas en tiempos de emergencia sanitaria.

En los tiempos extraordinarios que corren, dominados por la pandemia global del coronavirus, basta echar un vistazo a las distintas medidas que el Gobierno Nacional viene implementando para contrarrestar los efectos colaterales que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio conlleva en el área económica, para cerciorarse de que la falsa dicotomía ‘vida o economía’ fue una bruta tergiversación propalada por las usinas mediáticas al servicio de la corporaciones concentradas. Hasta el momento, y teniendo en cuenta todo lo dispuesto, este gran esfuerzo estatal supone un monto de 850 mil millones de pesos, que se aproxima al billón, no para pagar la timba de las Leliq, sino para sostener inclusión social.

Los más golpeados por la cuarentena obligatoria son los mismos que pagaron el pato del saqueo neoliberal del macrismo: las millones de familias desocupadas, y los y las trabajadores informales que viven de changas y de la economía popular, que requieren de la calle para subsistir. Ante la dramática situación, el gobierno reforzó la Tarjeta Alimentaria, una política que recién estaba dando sus primeros pasos cuando se produjo el brote. También se reforzaron en un cien por ciento los convenios con comedores para que puedan comprar alimentos, entre ellos los escolares (porque la escuela pública no cerró sus puertas). Son once millones las personas que reciben asistencia alimentaria en el país.

Es en los barrios más populosos del país donde, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se están comenzando a implementar postas sanitarias en el marco del programa “El barrio cuida al barrio”, con el objetivo de aplicar medidas sanitarias como repartir tapabocas, tomar la fiebre o garantizar normas de higiene en lugares de alta circulación de personas y, potencialmente, del virus.

También los monotributistas de las categorías más bajas se encuentran perjudicados grandemente por los efectos aciagos de la crisis sanitaria en las economías domésticas. 470 mil trabajadores se encuentran entre los ocho millones de personas que percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES, que se resolvió extender también al mes de mayo.

En cuanto a los monotributistas de categorías más altas y autónomas, el Estado dispuso créditos de hasta 150 mil pesos a tasa cero, por gestión vía homebaking, acumulable y sin posibilidad de rechazo bancario, previendo la típica actitud canallesca de estas entidades.

Otra situación complicada es la que viven las pequeñas y medianas empresas que sobrevivieron a los años del macrismo y ahora se las ven en figuritas para pagarle el sueldo a sus trabajadores, en un contexto de producción total o parcialmente paralizada por las medidas sanitarias, y con la acostumbrada mezquindad de la banca privada que deniega créditos pidiendo irrisorios balances en época de catástrofe. En este sentido, el Estado pagará el 50% de los sueldos de abril a aquellas empresas de hasta cien empleados.

También vale mencionar, porque de la acción de un Estado ágil y presente se trata, que según un informe de Cancillería, ya se repatrió al 88,7% de los argentinos y residentes que querían regresar al país.

Mientras tanto, la prioridad del gobierno encabezado por Alberto Fernández es salvar vidas y seguir evitando contagios masivos: con el objetivo de traer insumos médicos y materiales de uso preventivo para controlar la pandemia, nuestra aerolínea de bandera continúa realizando vuelos a la República Popular China, gestionados por la compañera Cristina, que ya trajeron al país 28 toneladas de insumos indispensables para atender a los contagiados.

PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES DE PyMES

Ante las dificultades propias de la pandemia y los irrisorios vericuetos administrativos que ponen los bancos para otorgar créditos, el gobierno reglamentó el Programa de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción, que se hace cargo del 50% de los salarios de los trabajadores de aquellas plantas productivas de hasta cien empleados.

PRÉSTAMOS A MONOTRIBUTISTAS

Para monotributistas de las categorías más altas y autónomos, el Estado dispuso créditos de hasta 150 mil pesos a tasa cero, por gestión vía homebaking, acumulable y sin posibilidad de rechazo bancario, previendo la típica actitud canallesca de estas entidades. Los mismos se otorgarán en tres cuotas mensuales de igual monto.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Es un bono extraordinario de diez mil pesos otorgado por la ANSES para trabajadores informales, monotributistas de las primeras categorías y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Además, es compatible con la AUH, asignaciones familiares y el Plan PROGESAR, con lo que aquellos beneficiarios que perciban estos haberes podrán cobrar ambos.

TARJETAS DE CRÉDITO

El BCRA dispuso que los saldos impagos que operen a partir del 13 de abril sean refinanciados, sin que los clientes hagan ningún trámite para obtenerlo. Los bancos emisores deben ofrecer al menos tres meses de gracia y nueve cuotas fijas de tal manera que las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos cada mil refinanciados. Aun así las tasas de interés siguen siendo altas, lo que se requiere una intervención más fuerte del Banco Central en este sentido.

El último sábado, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena. Frente a ello se reforzaron y ampliaron las medidas que se habían lanzado para contrarrestar las consecuencias económicas, sobre todo en los sectores populares, jubilados y jubiladas, Pymes, trabajadxres del ámbito privado.

Desde el oficialismo se avanza en la creación de un proyecto que busca crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Este debate puso nuevamente en discusión la supuesta elevada presión tributaria que posee nuestro país, aunque los datos recogidos muestran que, por un lado, Argentina está por debajo del promedio de los países desarrollados, y por el otro, gran parte de la riqueza de las personas que concentran grandes fortunas en el país se encuentran en el extranjero, y en negro. Según datos de la AFIP, en total las 14.440 personas de mayores fortunas de nuestro país poseían en el año 2017 casi tres veces más bienes en el exterior que en la Argentina. El promedio anual de fuga de capitales de residentes en la Argentina, entre 2008 y 2017, fue de 13.051 millones de dólares. Las grandes corporaciones financieras poseen un sinfín de “artimañas judiciales” para desviar y/o ocultar su verdadero patrimonio. Desde la AFIP se diseñó un nuevo régimen de información que servirá para combatir los flujos financieros, la fuga de capitales, la elusión y la evasión impositiva. El objetivo es identificar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas, los cuales se ocultan en complejos entramados societarios que atraviesan guaridas fiscales y jurisdicciones. Pero no solo procura establecer un registro de propietarios directos, sino también de quienes se benefician al final de la cadena de titularidad. Esta nueva resolución resulta un avance importante en materia de transparencia nacional e internacional. Como decíamos en los números anteriores, el COVID 19 abrió el debate sobre la concentración y distribución de la riqueza en nuestro país. Se hace urgente cada vez más la necesidad de contar con recursos para paliar los efectos de la pandemia. El debate continúa siendo sobre qué hombros van a cargar con la crisis.