Durante las próximas semanas se debatirán en el Parlamento por los menos tres proyectos de ley de transcendencia: los cambios en la justicia federal (con media sanción en el Senado), el aporte extraordinario de las grandes fortunas, y la ley de Presupuesto 2021 cuyo norte, a diferencia de los últimos cuatro años, estará orientado a sostener políticas de inclusión y no a cumplir con los servicios de la deuda. Permitirá además al gobierno nacional tener el control de la iniciativa política y comenzar a transitar la denominada pospandemia. Es por eso que la derecha se embarcó en la riesgosa aventura de bloquear la actividad parlamentaria. En simultáneo, el Ejecutivo prepara 60 medidas concebidas para empujar la reactivación económica, en línea con los anuncios presentados por el gobernador Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires, donde la inversión estimada es de 300.000 millones de pesos.
La gestión gubernamental de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 permitió salvar cientos de miles de vidas y debe considerarse exitosa, aun cuando la coyuntura es de creciente gravedad, entre otras cosas porque el virus se extiende hacia el interior del país donde la infraestructura dista mucho de la existente en el área metropolitana de Buenos Aires. No obstante, la letalidad (medida cada millón de habitantes) sigue siendo baja, a pesar de los denodados esfuerzos de los factores de poder por llevarse puesto todo, bastardeando la cuarentena y sacando a su clientela a la calle. No se debe bajar la guardia ni mucho menos, pero sí observar los estragos causados por el nuevo coronavirus en diferentes regiones del planeta, donde parten de niveles de desarrollo muy superiores a los nuestros.
Si Magnetto, Rocca y compañía ya estaban inquietos, el DNU presidencial que declaró derecho esencial a los servicios de telecomunicaciones terminó por crisparles los nervios. Algunos anunciaron un estallido social inminente y otros directamente convocaron a una asonada militar para el próximo año. En paralelo, los mismos de siempre (pocos pero poderosos) intentan secar de reservas al Banco Central, condición necesaria para generar una devaluación brusca de nuestra moneda, cuyos dramáticos efectos son harto conocidos. El grado de virulencia que destilan desde los medios masivos de comunicación muestra el temor de la derecha a que el gobierno salga airoso de este trance, sin precedentes aquí y en el mundo.
Están dispuestos a todo: ahora juegan con un problema estructural como el déficit habitacional. Azuzan una suerte de pequeña guerra civil en escala ante la “repentina” toma masiva de tierras, en particular en la provincia de Buenos Aires.
Luego de algunas oscilaciones iniciales, el gobierno se afirma y responde con determinación. El proyecto de ley elaborado por el diputado Máximo Kirchner que establece un impuesto por única vez a las grandes fortunas es un paso muy significativo. No sólo en términos fiscales sino, fundamentalmente, por su contenido político. La única forma, a nuestro entender, de dar vuelta la taba en beneficio de las mayorías, es a través de un proceso de mayor redistribución de las riquezas que producimos. La reestructuración de la deuda privada contraída por Macri también se resolvió bajo este criterio rector, y la pulseada con el FMI deberá abordarse preservando los mismos intereses: los del pueblo y la Nación. Sabemos que no es cuestión de declamar, sino que depende de la correlación de fuerzas realmente existente. Se generan microclimas urbanos y sentimientos de hartazgo, pero no vamos a soslayar que romper con el neoliberalismo sigue siendo el mandato de un gobierno que asumió hace tan sólo 10 meses.
