URGE UNA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
La balanza ya está inclinada
Los movimientos de los miembros de la Corte y del macrismo atrincherado en Comodoro Py tienen la direccionalidad de mantener el estado de cosas, la defensa corporativa de sus los intereses, de los monopolios y de los sectores concentrados de la economía. Los cuatro cortesanos concentran un poder que los ha llevado a intervenir y superponerse al Poder Ejecutivo, al bloquear decretos y decisiones presidenciales y al Poder Legislativo, al anular leyes que habían sido aprobadas por el Parlamento e instalar otras que habían sido eliminadas. No emana, este poder, de la de sus prerrogativas en la división de poderes, sino de su pertenencia a la derecha y sus intereses.
En este marco, asistimos a una nueva arremetida contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi (nombrados a dedo por Macri) y Mariano Llorens (visitante de Casa Rosada y Quinta de Olivos) buscan reabrir una causa prescripta por un atentado de 1976 que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros. La causa había sido cerrada por la jueza de primera instancia María Servini porque los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos (ya que no son considerados delitos de lesa humanidad). Resucitar la teoría de los dos demonios continúa siendo uno de los fines de la derecha. Además, en el último mes comenzó una seguidilla de fallos de Casación que beneficiaron a represores condenados como Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros y Miguel Etchecolatz con la libertad condicional.
El 3 de mayo de 2017, con Macri en la presidencia, la Corte resolvió otorgarle el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña. Esa sentencia es el antecedente de las decisiones que se tomaron en estas semanas. La movilización popular rápida y contundente frenó la avanzada. Hoy vuelven con un 2×1 por goteo.
El reciente discurso de Carlos Rosenkrantz en la Universidad de Chile, en donde dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad” y definió al populismo como un problema o peligro para la democracia, se inscribe en el mismo registro. Amparados por este despliegue de vetusto elitismo, los máximos exponentes del poder económico utilizaron a las tres entidades que los nuclean para quejarse de manera coordinada contra el proyecto de ampliación de la Corte con los mismos argumentos del macrismo. En el año 2012, los mismos grupos pedían en Miami detener al populismo a través de la Justicia y de “los medios”.
Esta Corte tiene un registro de fallos durante el gobierno de Cambiemos que revela una jurisprudencia regresiva sobre derechos laborales. Fueron fallos sobre indemnizaciones, accidentes laborales, avalaron despidos y limitaron el derecho a huelga. Habría que agregar a la lista la gran maniobra del tribunal que, tras tener seis años cajoneado el expediente sobre desapariciones ligadas al Ingenio Ledesma, habilitó la impunidad biológica de Carlos Blaquier, mientras que con anterioridad rechazó la responsabilidad de Techint ante el reclamo de la hija de un trabajador desaparecido.
El asalto de los togados al Consejo de la Magistratura se inscribe en esta lógica. Estas arbitrariedades y las que se cometieron contra otros exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas configuraron la utilización del Poder Judicial con fines de persecución política. Y la Corte, no solamente dejó hacer, sino que también jugó fuerte en el lawfare.
Es una pena que dentro del gobierno no se ponga en claro cuál es la verdadera contienda y se dispute el sentido de esta, dejando que la bola ruede en un aparente vacío que desmoviliza y rompe voluntades.
Cristina ya había señalado durante su último gobierno la aparición de un partido judicial que funciona como ariete contra los gobiernos populares: “Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. Un Partido Judicial integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos. Muchos de ellos también defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado durante la última dictadura, otros exfuncionarios políticos de la década del noventa y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de inteligencia”.
