EL PARTIDO JUDICIAL Y LAS CAUTELARES
A la medida del poder real
Hay un sector judicial mayoritario que es, como decía Carlos Marx, un instrumento de dominación sobre la clase trabajadora. Históricamente, avances importantes para las clases populares en el ámbito legislativo se ven suspendidos o anulados por el Poder Judicial.
Sale una ley luego de serias pujas de poder, militancia, acuerdos políticos en todos los niveles, etc. Se promulga y a cruzar los dedos, porque en nuestro sistema cualquier juez federal sin tener la necesidad de lograr acuerdos, ni consensos colectivos, ni tener responsabilidad ante elecciones, puede sin costos suspender o anular la ley arduamente trabajada. Incluso a sabiendas de que dichas decisiones absurdas en muchos casos le pueden costar un juicio político. No modifica la situación, porque ahí empiezan a jugar otros factores como la especulación de los plazos para que cambie el gobierno, ni que hablar de las mieles que el poder real les ofrece a éstos “mártires”.
En el acto de La Plata, Cristina mencionó que la reforma Constitucional realizada en Bolivia apuntó contra este problema y democratizó el poder judicial. Este fue el factor clave para reeditar un golpe militar a la vieja usanza contra Evo, no había un ambiente propicio para el lawfare. Si no se producen cambios profundos, estamos ante el gobierno de los jueces. Recordemos la Ley de Medios, con el enorme trabajo y consenso con que se logró, promulgada en el 2009, y que a pesar de ello en sus aspectos principales (desarmar un monopolio) nunca llegó a aplicarse.
LA CAUTELAR QUE HABILITA LOS AUMENTOS. En el área de las telecomunicaciones (internet, telefonía celular y cable) tenemos un ejemplo reciente de este mecanismo. La Justicia Federal dispuso una medida cautelar a favor de Telecom Argentina S.A. (Grupo Clarín) y suspendió decretos que declaraban como servicio esencial a las telecomunicaciones. Dicho decreto impedía entre otras cosas que se manejen los precios con criterio comercial; paradójicamente, la última medición de la inflación arroja que el sector batió un récord de aumento mensual del 12,1%, seguido de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), derivado del incremento de los servicios de electricidad y gas durante la segmentación tarifaría.
La cautelar judicial les permite elevar el precio sin ningún tipo de argumentación y la Corte Suprema -como en otros casos- tiene el tema planchado y sin resolver la cuestión de fondo que permitiría, en caso de ser favorable, intervenir en los precios. Los aumentos triplican los autorizados incluso por el Ente Nacional de Comunicaciones.
El decreto suspendido es del 2020, plena pandemia. Con la obtención de la cautelar en 2021, las empresas se aprovecharon para aplicar aumentos desmedidos. Tanto en las tarifas de televisión paga, servicio de internet y telefonía móvil, los incrementos anuales fueron obscenos. Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el Enacom autorizó aumentos del 21% el año pasado, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. A su vez, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%. Respecto a Internet, se estimo en un 19% anual, pero Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%. Por último, se autorizó un 16% para la televisión y Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión un 43%. Una justicia de clase, un Estado bobo y un pueblo empobrecido.
