REACCIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO
Organización y lucha ante el plan motosierra
La crisis derivada del ajuste, la apertura de importaciones, sumada a la alta inflación y la falta o escasas propuestas salariales están despertando un alto nivel de conflictividad social que se expresan en varias luchas encabezadas por distintas organizaciones sociales y sindicales agrupadas en la CGT y CTA. El paro nacional del 24 de enero fue una rápida respuesta de la clase obrera a la ofensiva del gobierno de Milei. En este sentido, los sectores trabajadores vinculados a los Estados Nacionales y Provinciales fueron los primeros en saber que “son la casta” para el excéntrico neoliberal auto definido “libertario”. En consecuencia, en el mes de enero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunciaron y movilizaron a sus trabajadoras/es al conocer la decisión del Poder Ejecutivo de no renovar 7.000 contratos de empleados de la administración pública. En la misma sintonía los docentes del país nucleados en CTERA no sólo se sumaron al paro del 24E, sino que están inmersos en un plan de lucha decidido y votado por las bases, ante la falta de una paritaria nacional y la quita de fondos a las provincias. La continuidad del plan de lucha votado por unanimidad en el Congreso de CTERA del 22 de febrero, definió: concentración frente al Congreso de la Nación para exigir una Ley que garantice la continuidad del FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, infraestructura y programas educativos nacionales. Construir una Marcha Federal Educativa en defensa de la educación pública, los derechos de las y los docentes, y de la comunidad educativa. Seguir exigiendo la actualización del piso salarial, la recomposición del salarios de las y los docentes jubilados de las cajas transferidas. Otros sindicatos pertenecientes al sector educativo como Sadop, AMET, UDA y CEA agrupados en la CGT también realizan medidas de fuerzas en relativa coordinación con CTERA. A esta lucha de la docencia de niveles inicial, primario, secundario y terciario, también debemos sumar al sector universitario público, que está en alerta por el desfinanciamiento que están sufriendo.
El ajuste criminal del Estado también afecta a los medios de comunicación públicos y privados. Escuchamos por cadena nacional el anuncio del cierre de la Agencia de Noticias TELAM que deja sin trabajo a más de 800 trabajadoras/es. En Rosario, La Capital diario y LT8, medios gráfico y radial privados pertenecientes a Gustavo Scaglione y al Grupo mendocino UNO Multimedio de Daniel Vila, amenazan con despedir a 50 trabajadores y sancionar a quienes se manifestaron por las aperturas de paritarias y una deuda que la empresa tiene con la obra social, lo que deja en claro un claro síntoma de época marcada por la ofensiva del capital contra el trabajo. También la quita de subsidios al transporte, afecta tanto a colectivos de corta, media y larga distancia, como al sector ferroviario y aeronavales, que producen una crisis social y en el sector que se expresa en conflictividad con paros y estado de alerta por mejoras salariales.
El “freno de mano” en la obra pública financiada por Nación, que dispuso el Ministro de Economía Luis Caputo para lograr el déficit cero, puso en crisis a la metalúrgica vinculada a la construcción. La más significativa es Acindar, productora de hierros para obras. A esto también se le suma la desaceleración en la inversión privada, el aumento de precios y la incertidumbre por lo que vendrá, que hacen un combo explosivo para los proyectos de desarrollo y ampliación del mercado. Otra de las ramas metalúrgicas que están empezando a sentir la crisis es la “industria blanca”, las fábricas de electrodomésticos resentidas por el derrumbe del consumo.
