CRISIS ECONÓMICA, FINANCIERA, POLÍTICA Y SOCIAL
Desquiciante
Días atrás, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak utilizó un término para referirse a la crisis epidémica de dengue que se avecina frente a la inacción planificada del gobierno nacional: “La situación es desquiciante”, dijo. La descripción del funcionario bonaerense puede hacerse extensiva a todo el orden nacional. A la tragedia social, agudizada por una crisis económica que se profundiza en el contexto de una honda recesión creada por el ajuste sin precedentes del gobierno, y a la crisis de deuda originada por Macri y aumentada por Milei, se suma la fractura a cielo abierto en el seno de La Libertad Avanza, tensión que responde a precipitados reacomodamientos internos de cara a un escenario imprevisible.
Durante los primeros seis meses de gestión de Javier Milei, se produjo el cierre de 10.000 empresas, plantas de producción, negocios y emprendimientos. Este colapso afectó principalmente al segmento de las PyME, que representan la mayor parte del tejido productivo del país. No obstante, un 70 por ciento de los despidos fueron de las grandes empresas (aquellas con más de 500 trabajadores) según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En los últimos 8 meses fueron destruidos 350.000 puestos de trabajo formales. En correspondencia, los últimos datos sobre el consumo refieren una caída de 16,1 por ciento en julio, la mayor en tres años, un derrumbe.
Las facturas de gas y electricidad saltaron este invierno entre seis y hasta diez veces. Muchas pasaron de $10.000 a $60.000 o $70.000 por mes para hogares residenciales de consumo promedio. También llegaron boletas de $140.000 y hasta de más de $200.000 por el consumo de junio y julio. Los hogares más pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinarán en agosto un 12,8% de sus ingresos al pago de las facturas energéticas. El porcentaje prácticamente está en línea con julio, que fue de 13,7%. En diciembre del año pasado, según el mismo reporte, el peso de las facturas de luz y gas para los mismos hogares había sido de 3,6% mensual. Si se concreta la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios a las líneas de colectivos que sólo circulan en CABA, o sólo en la PBA, el boleto en la Ciudad de Buenos Aires aumentaría un 73%, de 372 a 642 pesos. Como decíamos al principio, un desquicio para millones de compatriotas.
En el transcurso de 15 días, el oficialismo sufrió cuatro derrotas de proporciones en el ámbito parlamentario: el aumento del presupuesto a las universidades nacionales, el rechazo al DNU que otorgaba 100 millones de pesos a la SIDE para gastos reservados, la modificación del índice de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado (ya vetada) y la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Esto no sólo disparó un sinnúmero de reproches internos, sino que permite vislumbrar una reconfiguración del escenario político nacional. Una parte de la derecha (PRO y la UCR) comienzan a tomar distancia del Ejecutivo en un contexto de creciente malestar social. Quien primereó en estos movimientos zigzagueantes fue la defensora de genocidas Victoria Villarruel, comprometida consecuentemente con quienes protagonizaron el saqueo de nuestra Patria durante la última dictadura cívico-militar. Su verba castrense y chauvinista genera en algunos una llamativa “confusión” respecto a la política de alianzas. Desde el día uno, la vicepresidenta es un comodín de la oligarquía y los grupos transnacionales ante un posible derrumbe prematuro del Ejecutivo.
Como describimos en el presente número de Nuestra Palabra, Milei se encuentra ante una encerrona: si devalúa (para hacerse de divisas) el impacto sobre precios y salarios será nuclear. Si no devalúa, como lo exigen el FMI, los bancos y los sectores agroexportadores (como condición para el ingreso de dólares) se encamina hacia un default de la deuda externa. ¿Cuál es el rol del campo popular frente a esta coyuntura? Es necesario estar en la calle, insertos en los problemas de nuestro pueblo, impulsando las reivindicaciones del movimiento de masas. Lo dijo con claridad Cristina en el marco del juicio que procura impunidad para los responsables del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
