n el marco de un profundo proceso regresivo que comenzó a aplicarse ni bien asumieron las nuevas autoridades argentinas, llegó la notificación de una “readecuación del cuadro tarifario” en la energía eléctrica.

El tarifazo se explica fundamentalmente por la quita de los subsidios al consumo y vino acompañado por la promesa de un nuevo ajuste a partir del mes de junio del corriente año. A esto se sumaría un aumento en las tarifas del gas sólo retrasado por el impacto negativo de las medidas económicas.

Con aumentos que van desde el 300 hasta el 500 por ciento, los clientes de EDENOR y EDESUR, al igual que los del resto de las operadoras a nivel nacional, sufrirán incrementos monumentales en sus facturas de servicio. Es el efecto del cese de las políticas de subsidios al consumo que durante 12 años se aplicaron desde los gobiernos de Néstor y Cristina y que estuvieron destinadas igualitariamente a los 40 millones de argentinos.

Con el pretexto de bajar el déficit fiscal, la administración PRO genera nuevamente una formidable transferencia de recursos a las empresas, a la vez que profundizan el marco recesivo que nació con la megadevaluación y la inopinada política de despidos tanto en el sector privado como en el público.

A esto se suma el diagnóstico de los problemas que surgirán en la generación eléctrica. En este sentido, las medidas implementadas desde el Ejecutivo nacional a través del ex CEO de Shell Juan José Aranguren provocaron la paralización de las obras proyectadas tanto de carácter hidroeléctrico como nuclear, con lo que queda en claro que se busca el autoabastecimiento a partir de la disminución de la retracción de la demanda que estaría garantizada tanto por la desaparición de la industria nacional como de la posibilidad de asumir el costo del consumo domiciliario por efecto de la pérdida de poder adquisitivo del salario real.

La paralización de las obras de las represas Kirchner-Cepernik, la de Chihuido, los 600 despidos en Atucha III, unidos a la salida de servicio para renovar por 30 años su eficiencia de la Central Atómica de Embalse y la falta de mantenimiento en la Central Costanera Norte, son signos inequívocos del carácter regresivo de las políticas energéticas muy alejadas de la pretendida intención de aumentar el parque de generación, tanto más si se tiene en cuenta que no se planifica revisar los contratos con los concesionarios para obligarlos a invertir en el aumento de la generación. Aun cuando afirman que darán impulso a la creación de fuentes de generación renovables, de menor duración a pesar de sus innegables ventajas medioambientales.

La falta de inversión en el sector de distribución de la energía, constituye una dificultad de larga data a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Cristina por remediar la situación.

Las políticas gubernamentales, en su carrera desesperada por destruir las conquistas de la última década para favorecer a los sectores privilegiados de la sociedad en detrimento de los menos favorecidos, provocarán un fuerte impacto en estos sectores que se calcula que estará entre el 10 y el 13% en los deciles de menores ingresos.

Con el pretexto de bajar el déficit fiscal, la administración PRO genera nuevamente una formidable transferencia de recursos a las empresas distribuidoras.