LA SEGUNDA FASE DEL AJUSTE
Ellos sí vienen por todo
El primer año de gobierno fue el shock, el segundo aguantaron el dólar, la devaluación feroz y hasta salieron con algo de obra pública. Pasadas las elecciones y entrando en el tercer año de gobierno se viene el resto.
La vulneración del Estado de derecho se hace sistémica y se profundizará a medida que se deterioren las condiciones de vida de las mayorías populares.
El endeudamiento externo es el más alto del período 1976-2015, alcanzó casi USD 39.000 millones en 2016 y USD 14.500 millones en el primer semestre de 2017. Un total de USD 53.500 millones. La fuga de capitales contabilizó USD 13.000 millones entre enero y agosto y superó con creces la del 2016. Cambiemos eliminó por decreto la obligación de liquidar en el mercado local las divisas ingresadas al país por exportaciones de bienes, servicios y materias primas abriendo un nuevo incentivo para la fuga.
Se vienen las subas de tarifas. En silencio, ya están las audiencias públicas para fijar los aumentos. En el mes de noviembre y diciembre se hará sentir el aumento a los combustibles, y las típicas subas de la canasta navideña. Y tal vez unos 20.000 trabajadores de la administración pública reciban a Papá Noel junto con un telegrama de despido.
La inflación de octubre fue de 1.5%; 20.1% desde enero de este año; 24,5% interanual; 74% desde que gobierna Macri y se calcula que para el decil 1 (el de menores ingresos) alcanza el 87.2%. Las Lebacs están de parabienes entre 28.75% a 29.60% según el plazo. No bajaran la inflación, pero inflan las expectativas financieras. Representan alrededor del 126% de la base monetaria. En diciembre de 2015, el stock era de unos $200.000 millones; hoy ascienden a $1.200.000 millones.
En el tiempo que les queda, piensan cómo seguir la hoja de ruta del FMI. Vienen por la reforma del sistema fiscal, laboral y previsional. La Reforma Fiscal ya está en discusión en el Congreso, y con los gobernadores, y se cobró las primeras víctimas: los trabajadores metalúrgicos de las industrias de Tierra del Fuego. Apretados por el gobierno nacional (que amenazó con quitarle los impuestos a los productos electrónicos) y por una gobernadora colaboracionista, cerraron un acuerdo que los obliga a trabajar durante dos años sin aumento salarial alguno. Si la Isla no se disuelve será gracias al hambre de sus trabajadores.
Esta reforma implica una transferencia de ingresos desde el Estado hacia las empresas. Es la profundización de la regresión que se instaló desde que Macri llegó a la Rosada. Se aumentan gravámenes y se incorporan nuevos para los consumidores, mientras se desgrava para las empresas. El mismo sentido tiene la reforma laboral (de la que se conocen borradores) que implica un retroceso de un siglo en cuanto a los derechos laborales, y un deterioro salarial. Tercerización, flexibilización, precarización es su lema.
Con el blanqueo laboral, la tercerización que facilita la evasión y la reducción de salarios, se reducen los aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. Pone fin a la jornada de 8 horas y permite la implementación de hasta 10 horas sin pagar horas extras. Como en los 90, se busca generalizar un sistema de pasantías y otras categorías laborales por fuera del régimen de contrato de trabajo. Además, reducen las indemnizaciones por despido y se crea el “Fondo de cese laboral”. Permite renunciar a los derechos adquiridos de manera individual, prohibición que se incorporó en 2009, y vuelve a la norma de 1976.
La reforma tributaria viene a definir un nuevo “pacto fiscal” entre la nación y las provincias, una nueva repartija por los fondos coparticipables. La idea de Cambiemos es que el Fondo del Conurbano pase íntegramente a Vidal. Las provincias deberán reducir Ingresos Brutos, impuesto que cobran ellas directamente y en algunos distritos representa hasta el 80% de los ingresos. Para cerrar este acuerdo Macri ofrece coparticipar el impuesto a las Ganancias. Hay una diferencia entre manejar una caja propia que tener que esperar el giro desde Nación, es una diferencia que el presidente quiere aprovechar. Porque los gobernadores son la llave para el Senado.
Con estas reformas la ANSES perdería 114.956 millones el año próximo. El ajuste a los jubilados es necesario para solucionar este problema y utilizar fondos para los pagos de los intereses de la deuda, como dicta el FMI. Eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria, y aplicar la indexación por la inflación, va a deteriorar el poder adquisitivo de los jubilados en términos reales, ya que su canasta de consumo es más cara que la inflación del IPC. El recorte equivale a más de $100 mil millones. Para el 2018, las jubilaciones mínimas habrán perdido alrededor de 900 pesos por mes al aplicar la indexación por la inflación.
En este contexto de ajuste, la vulneración del Estado de derecho se hace sistémica y se profundizará a medida que se deterioren las condiciones de vida de las mayorías populares. La avalancha de procesos judiciales inventados y sin sentido hacia Cristina y sus ex funcionarios, tiene valor para el gobierno en cuanto distrae, fomenta el odio, disciplina, a la vez que intenta desarmar al pueblo quitándole la única opción histórica que se planteó como una alternativa de poder real al neoliberalismo.
REFORMA LABORAL
Se presentó un proyecto amplio, que avanza en múltiples aspectos e introduce modificaciones a la Ley de Contratos de Trabajo. Avanza sobre los derechos laborales (tercerización, flexibilización, precarización, indemnizaciones y juicios). Pone fin a la jornada de 8 horas, reduce las indemnizaciones por despido. Se imponen restricciones a los juicios laborales. La reforma es contraria a los intereses de la clase trabajadora y su aprobación implicará una pérdida real de derechos e ingresos, retrocediendo en conquistas históricas. Las únicas beneficiadas serán las patronales.
REFORMA TRIBUTARIA
La reforma vacía las arcas públicas e implica una transferencia de ingresos desde el Estado hacia las empresas. Una ampliación de privilegios al poder económico, sin beneficio para la mayoría de la población. Para consumidores habrá aumento de impuestos en servicios de telefonía móvil, bebidas alcohólicas, combustibles, tabaco y gaseosas azucaradas. Comenzarán a pagar IVA los servicios informáticos, desde las aplicaciones para ver televisión o escuchar música. Se grava también la renta financiera a los particulares. Para las empresas habrá reducciones en Ganancias y devolución anticipada de IVA a quienes inviertan y no lo recuperen en un lapso de seis meses. Se permite también que el pago del Impuesto al Cheque sea a cuenta de Ganancias. Se eliminan estos gravámenes para electrónicos, lo que pone en jaque las industrias ensambladoras de Tierra del Fuego.
REFORMA TRIBUTARIA Y PACTO FISCAL
El Fondo del Conurbano pasará íntegramente a las arcas de la gobernadora Vidal. Las provincias reducirán Ingresos Brutos, que es un impuesto que cobran ellas directamente. En algunos distritos representa hasta el 80% de los ingresos. Las provincias se obligan a retirar demandas judiciales contra la Nación por reclamo de fondos coparticipables. Para paliar el efecto negativo, el gobierno nacional coparticipará el 100% del impuesto a las Ganancias.
PROYECTO DE REFORMA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
El gobierno consiguió desplazar a Gils Carbó a través de amenazas y aprietes. Intentará ubicar a alguien de su riñón en ese espacio. La iniciativa de reforma vulnera la autonomía e independencia de la procuraduría, y fue señalada como inconstitucional ya que habilita una injerencia sin precedentes del Poder Ejecutivo sobre su estructura y funcionamiento; desvirtúa la idea de la constitución del 94.
DESFINANCIAMIENTO DE ANSES Y AJUSTE PREVISIONAL
Estas reformas estructurales implican desfinanciar a la Anses por distintas vías: La baja en los aportes patronales es la medida más significativa en volumen, 1% del PBI. La baja de Ganancias, el 20% del impuesto iba a engrosar los recursos de la Anses (compensará a las provincias por las modificaciones del Impuesto a los Ingresos Brutos). La Anses perdería 114.956 millones el año próximo. Por ese motivo se impulsa eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria y se propone actualizar los haberes y pensiones por inflación que equivaldrá al recorte de más de 100 mil millones a jubilados y beneficiarios de la AUH.
VULNERACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y PODER JUDICIAL
Se montan causas judiciales a la medida para perseguir y proscribir, atropellando las garantías constitucionales elementales. Los aprietes judiciales a políticos, sindicalistas, jueces independientes y de los otros están a la orden del día. Recrudece la persecución contra CFK que incluye acorralarla por decisiones políticas avaladas en el Congreso. El hostigamiento a los organismos de derechos humanos y a sus figuras emblemáticas, y el vergonzante fallo de la impunidad de la Corte y un clima enrarecido y de violencia creciente contra opositores, militantes populares, periodistas críticos con el fin de sembrar miedo y resignación.
PROYECTO DE REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Después de las maniobras ilegítimas pretenden realizar modificaciones a través de una ley. La misma aumenta el número de consejeros jueces y abogados en detrimento de los políticos (senadores y diputados). Reduce las exigencias para elegir magistrados e iniciar juicios políticos. Faculta a la Comisión de Disciplina y Acusación a tomar medidas de investigación como si fuese la Justicia penal. Es una reforma a la medida de la corporación judicial.