Un círculo vicioso de ajuste y recesión
El modelo de Cambiemos es un espiral de ajuste, deuda y más ajuste que empobrece al pueblo y achica la capacidad productiva. El acuerdo con el FMI le pone un grillete al Estado y nos condiciona por generaciones.
La Alianza Pro-Radical vino a consolidar un modelo económico conservador que nos metió en un círculo vicioso de ajuste y recesión. Alimentó la fuga de capitales y la especulación financiera y pretenden sostenerla a través del endeudamiento externo. Cambiemos vino a dar vuelta la tortilla. A desandar los doce años más virtuosos de políticas soberanas, con justicia social, estrategia regional e inserción internacional. La elite en el gobierno defiende los intereses de una minoría que detenta el poder concentrado, no es solo un enfoque distinto al kirchnerismo, sino proyectos contrapuestos. Se ha repetido hasta el cansancio los vínculos entre el plantel gobernante y los beneficiarios de estos tres años de gobierno: la oligarquía terrateniente y exportadora, el capital financiero y los concesionarios de los servicios públicos.
El conjunto de medidas que se tomaron desde el inicio de la gestión fue llevándonos a la situación actual. El acuerdo con el FMI sella la dirección tomada. Cambiemos no tiene nada nuevo que ofrecer, y su único y gran objetivo es bajar el déficit fiscal. Déficit que aumentó durante el gobierno de Macri, como nunca en la historia, gracias al terrible peso de la deuda externa tomada para beneficio de su clase. Sin embargo, está dispuesto todos los días a pedirnos un sacrificio más, y para alcanzar ese objetivo seguirá con el brutal ajuste sobre el gasto público a través de varias vías que el Gobierno se comprometió a seguir.
Continuará con la baja de subsidios a la energía (gas y luz) y el transporte, profundizando las consecuencias ruinosas que estos aumentos repentinos y desmedidos tuvieron sobre una gran proporción de los hogares argentinos y sobre la actividad productiva de pequeñas empresas.
Recortará el 15 por ciento en términos reales en bienes y servicios por parte del Estado. El Fondo exige que se eche del Estado a unos 30.000 empleados y el congelamiento en los ingresos por dos años. El reporte indica que no se aumentará más de un 8 por ciento los salarios de trabajadores estatales entre junio de 2018 y junio de 2019. Estas medidas afectarán directamente a los empleados estatales y sus familias, pero el impacto será mayor en un contexto de recesión inducida.
El acuerdo con el Fondo también afectará las transferencias a las provincias y la obra pública. Como consecuencia, el Estado dejará de invertir en actividades estratégicas para el desarrollo nacional y en obras que sirven para mejorar las condiciones de vida de la población, como escuelas, universidades, hospitales, viviendas, etc. Con el recorte, la construcción se resiente lo mismo que el empleo en ese sector y en la economía en general.
Los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES serán utilizados para cubrir gastos del sistema de la seguridad social. Los técnicos del FMI sostienen que Argentina propuso “vender tierras y amortizar los activos del fondo de pensión que tiene el gobierno para financiar parcialmente el pago de los reclamos judiciales”. La decisión forma parte del paquete de ajuste y reformas propuesto por el gobierno argentino para acceder al préstamo del FMI. Esto condiciona los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales como la AUH. Ya se habla de una reforma previsional y está en gateras la laboral. En contraste, Macri se negó a suspender la rebaja de retenciones y parece que no se frenará la reducción de cargas patronales.
El programa impulsado por Hacienda y Lagarde, además trae ciertas condicionalidades. “Si la tasa de inflación para los últimos doce meses rompe la banda interior, se desencadenará una consulta con el staff sobre la respuesta de política apropiada”, explica el documento interno del FMI elaborado para aprobar el auxilio financiero de 50 mil millones de dólares.
Con este camino trazado, conducido por el ajuste perpetuo, el panorama sólo puede empeorar, con un mercado interno en baja forzada y una desindustrialización provocada. El modelo, y sus consecuencias, es y será pagado por el grueso de la sociedad, por la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, la desocupación en ascenso o la precarización laboral, arrojando a las grandes mayorías a la pobreza y la indigencia. La vuelta al FMI es la profundización del modelo y el hundimiento en la crisis.
LAS METAS DE LAGARDE
-Uno de los ejes centrales que el gobierno se compromete a llevar adelante es la reducción del gasto público, concentrado principalmente en tres rubros: el gasto de capital, la masa salarial de los empleados públicos y los subsidios a la energía y el transporte.
-Gasto de capital. Es el que se destina a obra pública del Estado Nacional o a través de transferencias a las provincias. Este gasto equivalía al 2,7% del PIB y ya se había reducido en 2017 al 2,0%. Se pretende ahora hacer un recorte adicional de 1,6% del PIB en tres años, lo que implica que el gasto prácticamente desaparecería.
-Gasto en salarios. Se pretende recortar en los próximos tres años en el equivalente a 0,5% del PIB (alrededor del 15% en términos reales) a través de la reducción de la cantidad de empleados públicos y del poder adquisitivo de sus sueldos. Se pretende despedir a 30.000 trabajadores y poner un techo a los aumentos de los salarios del 8 por ciento.
-Recorte a los subsidios económicos a la energía y el transporte. El conjunto de subsidios económicos era el 3,4% del PIB en 2015, cayó al 2,2% del PIB en 2017 y se pretende alcanzar el 1,1% del PIB hacia 2020. Ello implica continuar con los aumentos tarifarios en los servicios de luz, gas, agua y en el transporte público.
-Avanzar en una nueva reforma previsional que les asegura bajar los haberes de jubilados y pensionados. Se piensa en aumentar los años de aportes y dar de baja numerosas pensiones. Se rematarán los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar los pagos de pensiones, jubilaciones y los juicios.
-También se busca restringir las posibilidades de acción del Banco Central y continuar aumentando el endeudamiento externo. La aceleración en la inflación incrementa la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica. Aumentos de precios por encima del 29 por ciento al finalizar 2018 obligan a “consultar” con los técnicos del organismo los pasos a seguir. Como si esto fuera poco, se aceptan condicionamientos que atan de manos al gobierno incluso después de 2019.
