UN CONFLICTO QUE GANA MASIVIDAD
Educación o FMI
Por Tamara Ferrero (de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lanús -FEDUN- e integra el secretariado nacional del PCCE)
Se profundizan las acciones de lucha de los más de 170 mil docentes en 57 universidades de todo el país. Sin embargo, el reclamo salarial es sólo una de las expresiones del conflicto que atraviesa a toda la educación superior.
Al cierre de la presente edición el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro finalmente se hizo presente en la reunión paritaria docente y retiró el techo del 15% de aumento para el acuerdo salarial hasta el mes de septiembre, donde se conformaría una mesa técnica para definir nuevos aumentos.
Indudablemente, la reunión fue el resultado de las fuertes repercusiones del paro convocado para el día 30 de agosto y las acciones de lucha de los más de 170 mil docentes en 57 universidades de todo el país.
El acuerdo paritario del año pasado se encuentra vencido desde el 28 de febrero, y las y los docentes siguen cobrando el mismo sueldo que en 2017 más un insignificante 5% que el gobierno otorgó de manera unilateral a cuenta de futuros aumentos. Sin embargo, el reclamo salarial es sólo una de las expresiones que tiene el conflicto actual que el PRO mantiene con la educación superior.
Desde que asumió Macri se viene luchando contra el desfinanciamiento de institutos nacionales de ciencia y tecnología, la falta de pago de estipendios a investigadores, la restricción del ingreso a carrera, la ausencia de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento y desarrollo de las unidades académicas y la dificultad que atraviesan miles y miles de estudiantes para continuar cursando estudios superiores, producto del desmantelamiento de los programas de becas, cobros tardíos o inexistentes de subsidios al transporte, en un contexto de encarecimiento de las condiciones de vida y por lo tanto de estudio.
En el mes de junio, en el marco de la apertura de la cumbre universitaria que conmemoraba el centenario de la Reforma Universitaria, celebrada en la provincia de Córdoba, Finocchiaro fue abucheado por la comunidad educativa. El cinismo del ministro fue refrendado por la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018) que postuló a la Educación Superior “como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social”.
A las condiciones materiales de ajuste, la acompañan los voceros de los multimedios que trabajan para desacreditar el rol de la universidad pública y de calidad en nuestro país, y las expresiones de la propia dirigencia nacional que ha afirmado, a través de la gobernadora María Eugenia Vidal, que las universidades representan un gasto injustificado donde los hijos de los trabajadores no tienen lugar. También el presidente había instado a las universidades a “contribuir” con el proceso de ajuste que se viene desarrollando, a fines del año pasado.
Actualmente, la oposición en el Congreso, viene impulsando una sesión especial para abordar el ajuste que pesa sobre todo el sistema educativo, y que es parte de los 300 millones de recorte que el FMI le exige al gobierno nacional.
El Sistema Universitario Argentino está en riesgo, por eso nuestra lucha actual se sintetiza bajo una única consigna: EDUCACIÓN O FMI.
