Nueve de cada diez hogares en Argentina están recibiendo algún tipo de ingreso directo por parte del estado. La cobertura, el esfuerzo fiscal y la cantidad de sectores alcanzados son inmensos.
Ante la crisis por la Covid-19, para morigerar los efectos económicos y que la población pueda cumplir con el aislamiento social preventivo (ASPO), el gobierno implementó un paquete de medidas que abarca a los sectores formales, informales, autónomos, y empresas. El Ingreso Familiar de Emergencia es una medida que casi no tiene paralelo con las implementadas en el mundo (es necesario aclarar que prácticamente todos los países capitalistas se vieron obligados a desplegar medidas de ayuda y salvataje a empresas). Los créditos a tasa cero para monotributistas es otra de las medidas innovadoras. En el sector formal, ningún país instrumentó una prohibición de despidos y suspensiones tan amplia como la de Argentina. Chile, Brasil, Uruguay y Perú permiten a las empresas suspensiones y reducciones salariales, la protección de ingresos está basada en el acceso a los seguros de desempleo.
La asistencia a los sectores formales del trabajo y empresas se pensó a través de la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). El programa fue originalmente concebido como un sistema de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en sectores que habían quedado paralizados por el ASPO. Así, lo dispuso Alberto Fernandez por decreto: los trabajadores en blanco de firmas con hasta cien empleados, recibirían una ayuda oficial de hasta dos salarios mínimos, con una escala progresiva que favorecía más a las empresas más chicas, que podía alcanzar a cubrir hasta el 50 por ciento del sueldo. El resto correría por cuenta de la empleadora. El beneficio, bien instrumentado es una palanca de política económica redistributiva, de defensa del empleo y de las Pymes.
Pero luego, la presión del sector empresario y sus cámaras, logró que este criterio se flexibilizara y pasara a incluir a otras actividades y a empresas sin límite de personal. Esto provocó la explotación del subsidio por parte de grandes grupos concentrados, incluso transnacionales o radicadas en guaridas fiscales. Empresas como Techint, el Grupo Clarín, cerealeras acusadas de estafa al Estado como Vicentín o grandes cadenas de comida rápida, entre otras, pudieron acceder e incluir en la nómina a sus gerentes y algunos accionistas.
Estos son los mismos sectores que presionan para que el gobierno apure el levantamiento de la cuarentena, aunque se multipliquen las muertes. Son los que, con la anuencia de porciones cómplices de la CGT, despiden, suspenden y recortan salarios, aunque esté prohibido y que mientras el Estado les paga los salarios especulan dolarizando sus activos y haciendo saltar el tipo de cambio, retienen la producción y la liquidación de divisas. Son los mismos que se beneficiaron con las políticas de Macri y ahora se niegan a colaborar en medio de la crisis y rechazan un impuesto especial para enfrentar los gastos de la pandemia, cuando el 90% de los argentinos recibe algún ingreso o ayuda del Estado.
El gobierno toma nota y para direccionar los recursos hacia los trabajadores más vulnerables tuvo que poner límites, como la exclusión de los ATP a quienes cobren más de 250 mil pesos y la prohibición para las empresas de comprar dólares por el MULP, el contado con liqui o el MEP, de giros u operaciones con paraísos fiscales, de distribución de dividendos y utilidades por los próximos dos años.
En la Argentina no tenemos que pasar por las terribles circunstancias de los países que representaban el cénit de la civilización para la derecha, como el Brasil de Bolsonaro, Chile o Estados Unidos. No hay presidentes con delirios místicos o que vendan remedios mágicos contra la Covid-19. Los modelos de capitalismo eficiente que eran ejemplo contra el populismo se transformaron en calabazas putrefactas y no hay amparo para la proclama neoliberal. Sin embargo, la puja con los grandes grupos empresarios y concentrados por reconstituir su tasa de ganancias en momentos de crisis mundial, se lleva una parte importante de los esfuerzos sociales. La angurria de las corporaciones es su característica.