El gobierno nacional y el provincial lograron hacer frente al reclamo y desmovilizar a los más enardecidos.

El viernes 4, el gobernador Axel Kicillof junto al presidente, presentaron una importante inversión en seguridad de $37.700 millones en los cuales se incluye el fortalecimiento operativo para los agentes bonaerenses, la construcción de nuevas unidades penitenciarias, la refacción de comisarías, entre otras obras. Luego de este anuncio, el lunes 7 empezó a hacerse visible el conflicto por el salario de los efectivos de la Policía Bonaerense. Sobre este reclamo se sumó toda una serie de personajes turbios, exonerados y retirados de la fuerza, azules militantes del Pro, entre otros, que fueron escalando las manifestaciones hasta poner al borde de la sedición a los grupos de efectivos bonaerense que participaron más activamente.

La precarización de la policía se agudizó como resultado del plan que llevó adelante la alianza Cambiemos entre 2015 y 2019. Durante el mandato de Vidal la Bonaerense perdió el 30% del poder adquisitivo de sus salarios, como le pasó a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores. A esto se sumó que, por la pandemia, se cortaron una serie de adicionales que completaban el sueldo: no hay partidos de fútbol, espectáculos, etc., y muchas fuentes paralelas de ingresos non sanctos se podaron.

Como viene sucediendo con casi todos los temas, los medios de comunicación y la oposición son el caldo de cultivo que amplifica conflictos reales o imaginarios. El objetivo -como con las tomas de tierras y el fallo de la Justicia ordenando los desalojos, el coronavirus y demás cuestiones- es erosionar a Kicillof y al gobierno nacional. Los medios se lanzaron desaforadamente a alentar la ruptura de la disciplina y darles protagonismo a los distintos grupos de uniformados, que con patrullero y pistola en la cintura se aglomeraban en varios puntos del conurbano. La madrugada del martes dejó las primeras imágenes de la escalada frente a la residencia del Gobernador; su punto más delicado fue cuando agentes rodearon la Quinta de Olivos.

Ambos gobiernos, el nacional y el provincial, dieron una respuesta oportuna al conflicto y desactivaron el alzamiento policial. El presidente brindó un fuerte respaldo político y económico a Kicillof, que por añadidura implica desarmar la inequidad llevada a cabo por Macri, quien en 2016 dispuso modificar el índice de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,4% a 3,75%, para compensarla por el traspaso de la policía federal, aunque la “compensación” excedió la carga.

Kicillof, por su parte, ofreció un aumento incuestionable de salarios y otros beneficios y no cedió a las extorsiones. El gobernador presentó el Plan Integral de Seguridad para la Provincia: “Hemos tomado una decisión política de fondo que salda una deuda histórica del Estado provincial con su policía”, al anunciar que se equipararán los salarios provinciales con los de la Policía Federal, un reclamo histórico de la fuerza. En su alocución desgranó las dificultades presupuestarias que tiene la provincia. La provincia más rica, que aporta el 40% de los recursos coparticipables, recibe solo el 22%, sumado al marcado deterioro de los últimos 4 años. Al hablar de las protestas enfatizó que ese accionar “deslegitima reclamos que son legítimos; no es la manera de expresarse. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi residencia, esas imágenes no deben volver a repetirse, la sociedad necesita que terminemos con esto.” Y añadió: “Si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo estamos dando una respuesta contundente e histórica de fondo; sino vamos a entender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta.” Finalmente agradeció el apoyo de prácticamente todo el arco político, pero señaló que “deploraba todas las manifestaciones que trataron de sembrar de manera oportunista un clima oscuro”.

Como viene sucediendo con casi todos los temas, los medios de comunicación y la oposición son el caldo de cultivo que amplifica conflictos reales o imaginarios. El objetivo es erosionar a Kicillof y al gobierno nacional.