A menos de un mes de las elecciones generales, el gobierno golpista de Janine Añez se encuentra al borde del derrumbe tras la pérdida de cuatro de sus ministros. Mientras la pandemia y el neoliberalismo hacen estragos, el MAS se perfila como el claro ganador.
Con una economía a pique y un gobierno ilegítimo, completamente desprestigiado, Bolivia se encamina a celebrar las elecciones presidenciales el próximo 18 de octubre. Elecciones que deberían haberse realizado hace meses, pero que fueron pospuestas en varias oportunidades para evitar que se repita el resultado el año pasado, que consagró a Evo Morales como ganador en primera vuelta.
Lamentablemente para el gobierno de facto y para la oligarquía, el Movimiento al Socialismo continúa encabezando todas las encuestas, con números que rondan el 40% y con una diferencia superior a los diez puntos del segundo candidato. Es decir, el MAS podría ganar en primera vuelta nuevamente. Por su lado, la derecha vende patria y golpista se encuentra dividida con varios candidatos. Uno de ellos era la mismísima Añez, que no medía más de un 10% de los votos y finalmente se bajó de la contienda para unificar el voto opositor: una clara decisión desesperada ante la posible vuelta del MAS al gobierno.
Así y todo, la tan aclamada “unidad opositora” no se dio y todo indica que no se dará. Uno de los principales candidatos de la derecha, el racista Fernando Camacho (tercer lugar en las encuestas) se refirió a Carlos Mesa (del partido neoliberal Comunidad Ciudadana y segundo en las encuestas) como parte de la vieja política: “La única diferencia es que Evo Morales, con el MAS, vuelve en 24 horas, y con Mesa en 72”, concluyó el líder “cívico” cruceñista cerrando toda posibilidad de alianza opositora.
Esta situación, sumando la crisis económica y el descontrol de la pandemia, generaron una crisis interna en el gabinete ministerial que terminó con la renuncia de tres ministros y la expulsión de un cuarto en un solo día. Oscar Ortiz, Ministro de Economía, fue destituido de su cargo el pasado lunes 28 de septiembre como consecuencia de su desacuerdo con Arturo Murillo, Ministro de gobierno, sobre un plan de privatización de la empresa estatal Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC). “Yo no estoy aquí para firmar cualquier cosa que me ponga por delante. No creo que el Gobierno, en sus últimas semanas, deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes, que debieran dejarse para la próxima gestión”, se refirió Ortiz a medios locales. Horas después otros tres ministros presentaron su renuncia: Óscar Mercado Céspedes, Ministro de Trabajo; Abel Martínez, Ministro de Desarrollo Productivo; y Jorge Oropeza, Ministro de Minería y Metalurgia. Está claro que nadie quiere quedarse pegado a un gobierno en plena debacle y decadencia y no es la primera vez que Añez pierde ministros. Su gabinete tuvo, en menos de un año, tres ministros de Economía; tres de Salud; dos de Presidencia; tres de Planificación; tres de Desarrollo Productivo, tres de Minería, dos de Educación y dos de Comunicación.
La cuestión central es que los golpistas quieren hacer en estos pocos días previos a la elección la mayor cantidad de reformas posibles, todas ellas reaccionarias. No solo para conseguir impunidad o tratar de evitar el triunfo del MAS, sino también para entregar la economía a la casta minoritaria y oligárquica que controló Bolivia durante gran parte de su historia. La privatización de la energía mediante un decreto es un claro ejemplo de esto. Otro es la represión. Desde las organizaciones sociales se está denunciando una operación de extrema violencia, que ya comenzó con el ataque por parte de paramilitares a diversas caravanas del MAS, y cuyo objetivo sería postergar las elecciones por quinta vez. Está más que claro que el poder real en Bolivia está dispuesto a violentar las mismas instituciones de la democracia burguesa que ellos mismos dicen defender.
