La Corte Suprema continúa en el ojo de la tormenta, no solo por lo escandaloso de su aceptación al pedido de per saltum de los tres jueces designados a dedo por el macrismo, sino porque continúan evidenciando que sus intereses responden a la agenda del establishment.

En las últimas semanas se conoció el pedido de juicio político al Presidente de la CSJ, impulsado por la diputada nacional Vanesa Siley. El mismo se fundamentó en la paralización de la comisión interpoderes creada en el 2009, con el objetivo de analizar el avance de los juicios de lesa humanidad. Esta comisión no tuvo convocatoria por parte de la Corte durante los últimos 4 años, pero a su presidente Rosenkrantz le resulto oportuno retomar su funcionamiento en medio de los debates que se vienen sucediendo dentro de CSJ, y en un contexto de continua deslegitimación hacia los miembros y hacia las funciones de la Corte. La jugada de Rosenkrantz de convocar a la Comisión interpoderes fue duramente cuestionada por la Ministra de Justicia y el Secretario de Derechos Humanos, quienes públicamente dejaron en claro que no asistirían, como así tampoco lo hicieron los representantes del poder legislativo. No olvidamos que durante el gobierno de Macri, Rosenkrantz fue quien promovió el 2×1 a favor de los genocidas, medida que generó el repudio y movilización de gran parte de la población. En la reunión convocada “de apuro”, Rosenkrantz no pudo responder cuál era su propuesta para activar los crímenes de lesa humanidad, ni las 65 causas que se encuentran paralizadas.

En los últimos diez años, la Corte abrió el per saltum solo dos veces, en tiempos en que existió violencia institucional, un endeudamiento inédito, y un gobierno neoliberal que utilizó al Estado como garante de sus negocios. Sin embargo, la Corte se mantuvo en silencio. Una Corte que tampoco da respuesta a los “ciudadanos de a pie”, que en muchos casos esperan durante años una resolución. Cada vez se hace más necesario una reforma judicial, para avanzar en los cambios necesarios y fundamentales del país.

La Corte Suprema continúa en el ojo de la tormenta, no solo por lo escandaloso de su aceptación al pedido de per saltum de los tres jueces designados a dedo por el macrismo, sino porque continúan evidenciando que sus intereses responden a la agenda del establishment.