Cortesanos de la muerte
La ofensiva desestabilizadora contra el gobierno nacional cambió de tono con el reciente fallo de la Corte Suprema, que invalidó un DNU presidencial orientado a preservar la salud de nuestro pueblo. Aun cuando fuera previsible, no conviene naturalizar una decisión que, como bien dijo Cristina, constituye un “golpe contra las instituciones democráticas”. Le quita competencias al Poder Ejecutivo anteponiendo autonomías distritales, o sea, gobiernan los supremos. Tiene un agravante: sentencia de muerte a miles de compatriotas en la medida en que les otorga un paraguas legal al accionar de aquellos sectores que buscan un colapso del sistema sanitario. Esto es así objetivamente.
En el transcurso de una semana asistimos a otros dos fallos que se mueven por el mismo andarivel. Aquel que “emplaza” al Parlamento a legislar en 15 días contra la pandemia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA) y el que suspendió el DNU que declaraba “servicio público y esencial” a las Telecomunicaciones (Cámara en lo Contencioso Administrativa Federal). Vale aclarar que, aún con decreto y todo, el Grupo Clarín dispuso aumentos no avalados desde enero de este año. Esta última sentencia emprolija las cosas. Hay una determinación de la corporación judicial de no dejar gobernar, por lo menos no en contra de los intereses de las clases dominantes. ¿Qué hacer en las actuales circunstancias?
En una guerra de posiciones como la que atravesamos, es necesario responder a la altura de los ataques que recibimos. La Justicia no se va a “autodepurar”, como sugieren algunos. Estos aprietes estuvieron precedidos por llamados a “formatear la Argentina de un modo autoritario”, y nuevas teorizaciones sobre las democracias o estados fallidos, concepto que el imperialismo viene utilizando desde hace décadas para justificar rupturas del orden constitucional. Es un contexto entonces donde debemos avanzar con más osadía y decisión, antes de que la derecha logre inclinar la cancha en contra las aspiraciones de las grandes mayorías.
Cómo unificar un sistema de salud segmentado y profundamente desigual no es una cuestión testimonial en la coyuntura actual. Qué hacer con la mayor hidrovía del país, recuperarla o no para los intereses nacionales, tampoco es una discusión extemporánea. ¿Vamos a empujar un proyecto nacional de desarrollo con redistribución de la riqueza? Para empezar, consideramos que se deberían impulsar medidas más expansivas ante la emergencia social que impone la segunda ola de COVID 19. Entre ellas, reponer el IFE. Es muy significativo el esfuerzo que realiza el gobierno por sostener e incrementar la infraestructura sanitaria, conseguir vacunas o producir vacunas en nuestro país. Junto a esto, urge defender el poder adquisitivo de los ingresos populares.
“Alinear tarifas, precios y salarios” fue lo que planteó Cristina en diciembre pasado. Esa debe ser una de las principales prioridades. No así elevar tarifas y reducir subsidios para achicar el déficit. Menos aún en pandemia, y después de las obscenas ganancias que las concesionarias de luz y gas obtuvieron durante el macrismo. Alberto dijo en numerosas ocasiones que no íbamos a acordar con el FMI a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Ese sigue siendo el camino, que exige plantarnos ante el golpismo de la mafia judicial; ante la impunidad de los monopolios multimediáticos; ante los formadores de precios que erosionan los salarios y las jubilaciones; ante las energéticas que pretenden imponer tarifas dolarizadas; ante los que se regodean frente a una tragedia como la del COVID.
La unidad del Frente de Todos es una atribución fundamental para enfrentar esta situación. Unidad es dar los debates necesarios, siempre de frente; es actuar con lealtad, más aún en las diferencias; es tener siempre presente que el mandato fue el de sepultar al neoliberalismo; es dar las peleas y buscar avanzar con determinación frente a los ataques del enemigo. Es lo que nuestro pueblo está dispuesto a defender.
