MÉXICO

Hacia la soberanía energética

En febrero pasado, López Obrador envió al Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dotar de mayores facultades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A pesar de que la ley fue aprobada por mayoría en el Congreso, fue detenida por un juez ante amparos presentados por los empresarios. Doblando la apuesta, AMLO presentó una nueva iniciativa para la industria eléctrica, pero esta vez con rango constitucional. 

Esta reforma permitiría fortalecer a CFE y eliminar la competencia desleal a favor de las empresas privadas impulsada por la reforma energética de corte neoliberal de 2013. La iniciativa establece que el 54% de la electricidad será producida por la CFE, mientras que el restante 46% por las empresas privadas. Esto permite garantizar la soberanía y seguridad energética de México a la vez que reconocerá los derechos adquiridos por las empresas privadas que participan en el sector; propone además preservar la seguridad y autosuficiencia energéticas como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. 

La reforma pondrá fin a una situación gravosa. En el pasado reciente la CFE firmó decenas de contratos que van en contra de los intereses de México. Los contratos favorecen la compra de suministro eléctrico a los privados sobre la producción propia, la CFE subvencionaba a las empresas en infraestructura, precios y tarifas preferenciales a salvaguarda de los vaivenes del mercado, también les da facilidades legales para certificaciones en energías limpias. Mientras, el Estado relega la producción propia para adquirir el suministro eléctrico de privados, afectando cotidianamente sus ingresos. La sumatoria de este negocio le cuesta a la CFE más de 10.000 millones de dólares al año y un desperdicio del 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119.000 giga watts. En cuanto a las llamadas energías limpias y la transición energética, la CFE tiene el 55% de la capacidad instalada de energía limpia (incluye las hidroeléctricas, las de ciclos combinados a gas de alta eficiencia y la nuclear) y propone la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y un parque fotovoltaico propio de gran magnitud en Sonora.

Por otro lado, la reforma propone que el litio sea considerado como un mineral estratégico que no será concesionado y quedará en manos del Estado mexicano extraer, explotar, comercializar, distribuir y almacenar la producción. En la actualidad, se calcula que 36 proyectos en México están controlados por diez empresas extranjeras. De todas esas concesiones, el 84% aún no están explotando dicho recurso, y se encuentran en proceso de tramitación. La mayoría de estos proyectos pertenecen a empresas al borde de la quiebra que no están en actividad y que únicamente optaron por la concesión de la explotación del litio con fines especulativos.

Según un informe del Servicio Geológico de EE. UU., México ocupa la novena posición a nivel mundial en reservas de litio. El Gobierno de Bolivia desde hace unos meses brinda asesoría a las autoridades mexicanas sobre la explotación de este mineral, siendo precisamente el país andino el poseedor de la mayor reserva en el mundo entero. El tema es de suma importancia para el desarrollo mexicano y AMLO declaró que “… si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras, vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo”. En fin, que si la reforma no se aprueba, igualmente el litio será solo de la nación mexicana.

La iniciativa de reforma constitucional tiene la ventaja de blindar el andamiaje jurídico hacia el futuro y la intención de recuperar la dirección del Estado en los asuntos de interés nacional como es el energético y la explotación del litio. Asimismo, permitiría garantizar que no haya aumentos en las tarifas eléctricas ya que en la actualidad paga menos una empresa o corporación comercial que lo que paga, proporcionalmente, una familia de clase popular o clase media.