LAS COSAS POR SU NOMBRE
Tarifas: ¿segmentación o ajuste?
Semanas atrás, el programa de Segmentación Energética se presentó como una iniciativa que venía a “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”, con el objetivo de garantizar “un acceso más justo y equitativo a los servicios energéticos de las y los argentinos focalizando los subsidios en quienes más lo necesitan”. Sin embargo, al no haber un parámetro claro en el precio de las tarifas, más del 30 por ciento de los clientes residenciales de los servicios de luz y gas (casi seis millones de familias) perderán el total de los subsidios por esas “correcciones” en el consumo.
En el decreto 332/22, la Secretaría de Energía distinguía tres niveles de usuarios: nivel 1 para los hogares de mayores ingresos, es decir, aquellos donde las retribuciones superen el valor de 3,5 canastas básicas familiares. Nivel 2 para los hogares con ingresos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT), y Nivel 3 a la población u hogares de ingresos medios, que no cuentan con manifestaciones de riqueza, tres o más automóviles de menos de cinco años o embarcaciones de lujo. Con la segmentación, un 10% de los hogares argentinos quedaron dentro del Nivel 1, pero la cifra asciende al 30% si consideramos a aquellas familias que no se pudieron inscribir en el formulario para recibir el subsidio. Ahora bien, a pocos días de anunciarse el cierre de las inscripciones, la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció que los clientes del servicio de gas domiciliario de nivel medio mantendrán subsidiado solamente “el 70% del consumo promedio” de la categoría y la subzona en la que habiten. Por encima de ese umbral de consumo, pagarán la tarifa plena sin subsidio. En la misma condición están los comercios, las industrias y otros clientes no residenciales.
Vemos todo lo contrario a lo que establecía el decreto inicial. Primero aplicaba una segmentación geográfica, luego por ingresos y en una última etapa, por consumo. Además, esos dos aumentos por quita de subsidio comenzaron a aplicarse este mes y aún queda otro en la factura de noviembre. Viendo estas medidas, nos preguntamos ¿Aún ordenan las tarifas según aspectos socio-económicos? ¿Quiénes son “merecedores” de estas políticas?
Frente a estos anuncios, el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, aseguró que cualquier aumento -a excepción de quienes no se pudieron inscribir para recibir la ayuda estatal- es ilegal si no pasa previamente por un proceso de audiencia pública porque modificarían el derecho al consumidor y aclaró “no es una quita de subsidios, es un aumento de tarifas” porque “el precio no es regulado, la tarifa sí”. Por su parte, Paula Soldi, la directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) dijo que este ajuste de tarifas se está haciendo “sobre el eslabón más débil”, es decir, el consumidor.
Los aumentos continúan no sólo en energía. Comenzó septiembre y los taxis y subtes en CABA suben un 30%, los colegios privados un 9%, las expensas y alquileres ascienden un 20% y 60% respectivamente. En lo que queda del año, se seguirán golpeando los bolsillos de las y los trabajadores.
Es importante que el Estado informe lo que pasará con las tarifas y con los consumos de los sectores medios y bajos. Todo lo que nombramos son servicios de primera necesidad. Hasta el 2019 luchamos para sacar a un gobierno neoliberal que se dedicó exclusivamente a dañar y ajustar, entre otras cosas, los ingresos de millones de trabajadores. No podemos permitir que vuelva a suceder.
