PERÚ
Golpe a la voluntad popular
El 7 de diciembre último fue destituido el presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo. Durante 18 meses, el mandatario fue objeto de un permanente asedio golpista por parte de un Parlamento dominado por fujimoristas y aliados. El mismo que a lo largo de 6 años condicionó a todos los gobiernos de turno. Pedro Castillo fue un sorpresivo emergente de esa crisis política e institucional generada por el neoliberalismo, representando el sentir de los más humildes, en particular del interior rural del Perú.
La falta de experiencia, de decisión política y de una estructura organizada que sustentara al gobierno popular hicieron que la esperanza original se fuera deshilachando tras constantes tensiones internas, cambios de gabinete semanales y una gestión obturada por un parlamentarismo de facto. La promesa electoral de una reforma constitucional sólo fue blandida para contener los embates desestabilizadores de la derecha. Este rumbo errático del gobierno derivó en la decisión del presidente de disolver el Parlamento ante un nuevo intento de destitución. Sin respaldo interno ni medir la correlación de fuerzas, Castillo acabó por darle a los golpistas los votos necesarios para consumar el quiebre institucional. Asumió su vice, Dina Boluarte, con la intención de completar el mandato en 2026.
Creyeron que el asunto estaba resuelto. Desde las regiones andinas y amazónicas comenzó a movilizarse el pueblo frente a una nueva maniobra contra la voluntad popular. Las expresiones pacíficas se fueron espesando en la medida que recrudeció la represión estatal. El 14 de diciembre se declaró el Estado de Emergencia en todo el país, que implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de tránsito, del derecho a la inviolabilidad del domicilio, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas policiales. Al día siguiente se dictaminó el toque de queda en quince provincias.
La resistencia popular no cede, exigiendo el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, la liberación de Castillo y una asamblea constituyente. Al cierre de esta edición la represión dejó un saldo de más de 25 muertos y centenares de heridos. Dina Boluarte propuso un amañado calendario electoral (primero en 2024, luego a fines de 2023) que no fue aceptado.
Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresaron en un comunicado conjunto: “Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado.”
En el Perú se consumó un golpe contra la democracia perpetrado por las fuerzas aliadas del imperialismo, más allá de los errores cometidos por el presidente Castillo. Es lo que lo que el pueblo identifica con claridad y por eso resiste en las calles.
