LA PRUEBA DEL ÁCIDO

Salir del FMI II

El viernes se confirmó el acuerdo entre las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI. Se consiguió, así, transitar el período electoral con mayor tranquilidad y menor especulación. En él se definieron nuevas metas ante la imposibilidad de cumplir los compromisos por el impacto de la sequía. Las condiciones son mejores a las que pretendía imponer el organismo, pero sin resolver los problemas de fondo.

El Gobierno ganó la pulseada en un aspecto fundamental: obtuvo autorización para intervenir en los mercados de dólares financieros, de modo de acotar la volatilidad del contado con liquidación y el MEP y mantener algún grado de estabilidad cambiaria. La reducción de la meta de acumulación de reservas de 8000 millones a 1000 millones de dólares también ayuda a descomprimir presiones, aunque sigue siendo un objetivo exigente. El proceso se dará sin la exigencia de una corrección cambiaria tradicional, que el organismo pedía en un inicio que fuera del 100%. En el escenario actual, sin reservas suficientes en el Banco Central y en medio de la de la campaña, mover el precio del dólar oficial hubiera sido un paso terminal para el futuro del Ministro de Economía. 

En un punto intermedio quedó la cuestión fiscal. El FMI reclamaba bajar el déficit de este año a 1,5 puntos del PIB, lo que hubiera forzado un mayor ajuste. La meta de déficit se mantuvo en 1,9 puntos. Argentina se encuentra lejos de la meta del 1,9 por ciento, a pesar de haber ajustado el gasto público en un 6 por ciento real en el primer semestre contra el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en su anuncio el FMI hizo foco en que el cumplimiento requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre, actualizar las tarifas de energía, fortalecer controles de gastos sociales y la racionalización de transferencias corrientes a provincias y empresas estatales y no aumentar la masa salarial. 

Aunque Massa ganó tiempo y despejó uno de los factores principales de incertidumbre cambiaria, tuvo que aceptar medidas que tendrán repercusiones sobre los precios, puesto que el acuerdo otra vez opera generando condiciones inflacionarias. La generalización del impuesto PAIS para fletes, servicios y bienes -con la excepción de medicamentos, educación, insumos de la canasta alimentaria y combustibles- provocará un encarecimiento de la mayoría de los productos. No solo por la incidencia directa de la medida, sino por el comportamiento especulativo de los formadores de precios. 

La incorporación del maíz para las liquidaciones del nuevo dólar agro de 340 pesos también golpea sobre precios de los alimentos. El maíz representa el 18 por ciento de los costos de producción de pollos, el 15 por ciento en porcinos, el 11 por ciento en carne vacuna y el 5 por ciento en leches. La carne vacuna ya pegó un salto de 20 por ciento en el mercado mayorista y se trasladó al mostrador.

Más allá de estos puntos, el otro dato es la dureza que tuvo la negociación que contó con el apoyo del gobierno chino para vencer la resistencia del staff técnico del FMI y dejó en evidencia que el próximo gobierno deberá pelear con dureza para no caer en un ajuste a la medida de lo pretende el Fondo. 

En Unión por la Patria hay propuestas de que se dé por caído el acuerdo y se renegocie todo el convenio, para establecer plazos de pago más largos y atados a variables objetivas, como la evolución del superávit comercial. También se remarca la necesidad de profundizar las alianzas con China y los BRICS, de modo de mejorar la posición negociadora. 

En este sentido, es bueno recordar que existe un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado Nacional, presentado por el senador Oscar Parrilli, que crea un Fondo Especial para pagar la deuda del FMI con los recursos que se recauden provenientes del pago por parte de las personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas residentes en el país, por los bienes que posean en el exterior y que no hayan sido declarados ante la AFIP. El proyecto espera su tratamiento en la Cámara Baja. 

Como señalamos en el numero anterior, no es posible encarar ningún proceso de crecimiento y desarrollo con inclusión social si estamos sometidos al cumplimiento de las metas y objetivos fijados por el FMI en el acuerdo suscripto con la Argentina. El gobierno que surja de las próximas elecciones nacionales deberá ponerse al hombro como prioridad la tarea de renegociar del acuerdo bajo parámetros que no signifiquen promover un ajuste fiscal y una devaluación que recaigan sobre los ajustados niveles de vida de nuestro pueblo.