Una ley a la medida de los privilegiados de siempre
La ley ómnibus del macrismo tiene como objetivo desfinanciar el sistema previsional público. Como si esto fuera poco elimina los impuestos más progresivos del sistema fiscal y como frutilla del postre se plantea un blanqueo de capitales declarativo.
Durante toda la etapa de gobiernos kirchneristas, se escuchó la queja constante de los sectores del capital concentrado sobre la presión impositiva que ejercía el Estado. No se referían al IVA que pagamos todos los días; tampoco al impuesto a las ganancias, que aumentó la base de contribuyentes después que lo retocara la mano mágica del ingeniero Macri. Se trataba de los impuestos que gravan a los más ricos en la escala social: Bienes Personales (personas físicas), Ganancia Mínima Presunta (personas jurídicas) y la sobretasa de 10 por ciento que pagan las empresas por la distribución de dividendos.
La reforma impositiva reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. El peso de los impuestos a la riqueza se reducirá en alrededor de un 25 por ciento. Los gravámenes al patrimonio pierden incidencia en la estructura de recaudación fiscal, desfinancian al Estado y beneficia a los que más tienen.
El proyecto de blanqueo de capitales original incluía a funcionarios públicos y sus familiares (esposas, hijos, padres), lo que finalmente se modificó por su nivel de obscenidad. Enmarcado en las recientes revelaciones de las cuentas offshore, en Panamá y Bahamas, donde figuran funcionarios de la actual gestión, entre los que se encuentra el presidente y sus socios (Jorge Macri, Gustavo Arribas, Darío Lopérfido, Nicolás Caputo, Daniel Angelici, Néstor Grindetti) el proyecto evidencia una práctica totalmente alejada del latiguillo de campaña sobre la trasparencia en la gestión pública. Peor aún, el proyecto no obliga a repatriar los capitales, permite “sincerarlos”. Por lo tanto, su impacto en la economía puede ser muy pobre.
El régimen previsional que el macrismo ha decidido agotar se reestructuró en el 2008 a partir de la estatización de las AFJP. Las acciones heredadas por el Estado son del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogás, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, entre otras. Es un régimen público, de reparto, asistido y solidario.
El sistema es público por el origen de los recursos utilizados para el otorgamiento de las jubilaciones. Es solidario porque el trabajador de hoy contribuye al pago del haber del jubilado de hoy. Y es de reparto porque permite asegurar un piso de cobertura para quienes menos aportaron y prestaciones superiores con sustentabilidad para aquellos que tuvieron mayores ingresos.
Es asistido debido a que el 45 por ciento de los recursos no proviene de los aportes y contribuciones laborales, sino de otras fuentes, entre ellas, lo recaudado en concepto de impuestos que alcanzan a toda la población (IVA, cigarrillo, combustibles). Por lo tanto, hasta las moratorias, muchos adultos mayores financiaban con sus impuestos las jubilaciones de los trabajadores registrados, pero no participaban del derecho a la jubilación.
El proyecto de ley propone aumentarle las jubilaciones sólo al 30% de los jubilados. Al 30% que más gana. Lo que representa unos 4 puntos porcentuales más del PIB por año dedicado al pago de grandes jubilaciones.
Más aún, la política económica del macrismo ataca tanto el financiamiento como a la sustentabilidad del sistema. Si alrededor del 50% del sistema está financiado por el aporte de los trabajadores registrados, es obvio que cualquier descenso en la cantidad de empleos registrados o en la disminución de los salarios redundará negativamente. Los despidos y suspensiones vienen en ascenso desde la asunción Macri. La ley de primer empleo (que se encuentra en el Congreso) significa una reducción de contribuciones patronales. Ante la contracción de la industria, y en especial las Pymes, las contribuciones patronales se ven rápidamente afectadas.
En medio de esta situación, el gobierno propone una “reparación histórica” que implica desmontar el sistema previsional público a través de la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar jubilaciones de privilegio que fueron distorsionadas por los sucesivos fallos judiciales.
El objeto del FGS es el de garantizar jubilaciones en momentos de crisis, y fundamentalmente sostener la totalidad del Sistema de Seguridad Social. Y la Seguridad Social también es la Asignación Universal por Hijo, es el Programa PROGRESAR, etc. El Fondo garantizaba inversiones en obra pública y en programas como el PROCREAR que además de acercar el derecho a la vivienda hacían girar la rueda de la economía.
Dentro de este proyecto, se ubican las propuestas sobre la modificación de la edad jubilatoria. Así como, la jubilación universal. Esta jubilación para pobres será un 20% menor que la mínima. Con esta política focalizada se da por terminado el ciclo de las moratorias que el kirchnerismo impulsó durante el 2003-2015 y que representó una verdadera reparación histórica para los adultos mayores, sobre todo para las mujeres, el sector más precarizado del mercado laboral, y que junto a la restitución del 15 % de los haberes y la ley de movilidad jubilatoria vinieron a dar un vuelco total a la inequidad sufrida por los jubilados durante los años 90 y 2000 y a llevar la tasa de cobertura a casi el 100%.
La venta de las acciones del FGS significa la reparación histórica para los dueños de empresas privadas. Subir los haberes del 30% de los jubilados que más cobran, elevar la edad jubilatoria de las mujeres y reducir en un 20% la jubilación mínima, derogar los impuestos a los bienes y al reparto de dividendos y promover un blanqueo de capitales que no obliga a los evasores a ingresar su dinero al país, es el sueño de los privilegiados de siempre.
ALGUNAS CLAVES
La reforma impositiva reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. El peso de los impuestos a la riqueza se reducirá en alrededor de un 25 por ciento. Los gravámenes al patrimonio pierden incidencia en la estructura de recaudación fiscal, desfinancian al Estado y beneficia a los que más tienen.
El proyecto de blanqueo de capitales original incluía a funcionarios públicos y sus familiares (esposas, hijos, padres), lo que finalmente se modificó por su nivel de obscenidad. Enmarcado en las recientes revelaciones de las cuentas offshore, en Panamá y Bahamas, donde figuran funcionarios de la actual gestión, el proyecto evidencia una práctica totalmente alejada del latiguillo de campaña sobre la trasparencia en la gestión pública. Peor aún, el proyecto no obliga a repatriar los capitales, permite “sincerarlos”. Por lo tanto, su impacto en la economía puede ser muy pobre.
El régimen previsional que el macrismo ha decidido agotar se reestructuró en el 2008 a partir de la estatización de las AFJP. Las acciones heredadas por el Estado son del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogás, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, entre otras. Es público, de reparto, asistido y solidario.
El total de jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Previsional Argentino) aumentó 106 por ciento desde 2003, pasando de 3.195.954 a 6.579.475 en diciembre de 2015. En la primera moratoria el 73 por ciento fueron mujeres (con un promedio de ocho o diez años de aportes), y en la segunda, esa cifra ascendió al 86 por ciento.
La actualización de haberes que busca realizar el Gobierno teniendo en cuenta los fallos judiciales en contra de la ANSES impactará, según distintos especialistas, en unos 700 mil jubilados, que son los que más cobran (menos de un 10 por ciento del total), aunque la versión oficial asegura que serán más de 2,2 millones, un tercio del universo global. De cualquier manera, la mayoría de los jubilados continuará recibiendo el haber reducido por la inflación.
El haber mensual más elevado alcanza los 329.579 pesos en bruto. Este monto es 6650% superior al haber mínimo de 4959 pesos. Existen más de 50000 beneficiarios que cobran por encima del actual tope de 36.330 pesos, y los casos más extremos fueron originados por sentencias judiciales o leyes especiales, correspondientes al Poder Judicial de la Nación y del Servicio Exterior. Figuras del mundo de las finanzas, integrantes de la corporación judicial y miembros de la Cancillería reciben de ese modo jubilaciones desproporcionadas de 150 mil hasta el mencionado máximo de 330 mil pesos mensuales, haberes que suben también con los dos ajustes por año de la movilidad jubilatoria.
