LA MENTIRA PARA EL TARIFAZO
La herencia, le pesa al poder
Mientras el macrismo y los sectores del poder continúan con el discurso de las tarifas atrasadas y lo que no se hizo en materia energética, miles y miles salen a la calle a protestar. Un breve repaso de la inversión realizada desarma rápidamente la mentira.
Antes de que la Corte Suprema dictara su fallo respecto al tarifazo sobre el servicio del gas, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Garbó, argumentó en su dictamen que esa medida antipopular “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitucional Nacional”, tales como la protección del derecho de toda persona a alcanzar una calidad de vida adecuada, lo cual comprende el acceso a la alimentación y a una vivienda digna. Y agregó que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas, en particular las Pymes, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuáles depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Estos derechos y garantías constituyen lo que desde los sectores del poder económico denominan la “pesada herencia”. Con esta idea acicatearon durante la campaña electoral para poder, en una parte de los argentinos (parte de esa parte ya ve con claridad la mentira), instalar la necesidad de hacer cambios/estropicios con la economía, reduciendo el mercado interno, la capacidad productiva, generando excluidos, y llevándonos directo al infierno del que kirchnerismo nos fue haciendo emerger desde el primer momento, desde las primeras medidas.
LA HERENCIA. La política de subsidios a la energía (gas, luz), ha sido de los pilares fundamentales para, por un lado, haber podido reactivar la industria, la producción, el comercio y posibilitar así la creación y mantenimiento de puestos de trabajo; y por el otro, completar los ingresos de las familias como salario indirecto. La participación del Estado nacional en inversión energética creció de un 3 por ciento en 2003 a un 45 por ciento en 2015.
Durante los doce años, con las tarifas de la pesada herencia y una inversión de 25 mil millones de dólares, se terminaron las obras de Atucha II y Yaciretá; se construyeron 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión, incorporando a 11 provincias a la red nacional y 3.300 kilómetros de gasoductos troncales, como el del Noreste. La generación de megavatios se incrementó de 12 mil en 2003 a 25 mil en 2015. Con la recuperación de YPF, se incluyeron 2.5 millones de hogares a la red del servicio de gas. Aquí vale detenerse para recordar que la curva descendente de la producción de gas natural casi logró ser revertida, y la de petróleo se fue deteniendo.
Respecto del servicio de electricidad, fueron 6 millones de familias las que ampliaron sus derechos al ingresar a la red. Otro modo de expresarlo: entre 2003 y 2015 se incrementó en un 40 por ciento los hogares que cuentan con luz eléctrica, más de 2 millones 431 mil; y un 73 por ciento en los que se encienden las hornallas, más de 5 millones 832 mil.
El argumento de que las tarifas estuvieron congeladas indiscriminadamente, se desmiente cuando la memoria apela a la política de sintonía fina: el gobierno le fue retirando el respaldo estatal a las financieras, casinos, grandes industrias aceiteras, mineras y agroquímicas, entre otras (4057 mil millones de pesos). A principio de 2012, se convocó a la renuncia voluntaria a los subsidios de quienes no lo necesitaban. Después se sumaron otros sectores de mayores ingresos, usuarios residenciales en countries y barrios como Puerto Madero y Recoleta.
Los doce años del kirchnerismo es lo que les pesa a los grandes grupos económicos. Les pesa la redistribución de recursos destinados a políticas públicas que mejoraron la calidad de vida de millones de compatriotas. Entre esas políticas, el marco económico para la creación de miles de nuevas Pymes, proveedoras del 80 por ciento de las fuentes de trabajo. Así como en 2003, Néstor y Cristina entendieron que distintos sectores necesitaban el respaldo del Estado para que se crearan y sostuvieran nuevos puestos de trabajo, hoy la resistencia al tarifazo debe continuar para que se retrotraigan también los aumentos demoledores impuestos a Pymes e industrias.
