Con mucho circo para ocultar la angustiante falta de pan del grueso de la población, la administración Cambiemos impulsa el inicio de una causa que nace viciada por la falta de pruebas y que se convertirá en un proceso que será estudiado en los claustros universitarios como modelo de persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner.
A las apuradas, urgidos por la inminencia de los comicios de octubre, sin terminar las pericias solicitadas por las defensas, con tres detenidos ilegalmente por la Doctrina Irurzun y un testigo “estrella” sospechado de haber sido aleccionado para su declaración, comenzó en Comodoro Py el debate oral de un proceso viciado de nulidad.
La causa de referencia ya ha sido juzgada en los Tribunales de Santa Cruz, donde se ha determinado la inexistencia de delito. No obstante ello, se reinicia la “investigación” de la obra pública en aquella provincia.
El escenario montado en Comodoro Py tenía el objetivo (malogrado) de mostrar la foto de CFK sentada en el banquillo junto a funcionarios del anterior gobierno a los que la corporación mediática señaló como responsables de corrupción en un juzgamiento desarrollado en las tapas de sus pasquines, ya que no en los estrados judiciales.
Con la asunción de la administración PRO, uno de los principales objetivos del gobierno fue perseguir judicialmente a la ex Presidenta para intentar hacer realidad su slogan “No vuelven más”. Para ello, el responsable designado en Vialidad Nacional ordenó la auditoría de la obra pública en Santa Cruz, para lo cual designó a tres funcionarios del organismo dándoles 15 días para entregar un dictamen, sólo respecto a las 51 obras llevadas adelante por las empresas de Báez. Ante el resultado insatisfactorio, inicia una denuncia penal.
La posible suspensión del debate oral para que la CSJ analizara los múltiples pedidos de nulidad de las defensas de los imputados, provocó un revuelo tal que volvió a dejar al descubierto el interés de la Rosada y su círculo de apoyo en lograr la condena y el encarcelamiento de Cristina como única forma de proscribirla políticamente.
Al inicio del show judicial, la presidencia del Tribunal decidió impedir el planteo de las nulidades y postergarlos hasta el fin de la lectura del auto de elevación a juicio, donde se transcriben literalmente tramos de un libro publicado por un periodista sospechado de ser parte del entramado ilegal de espionaje que se ventila en Dolores. El principal testigo de cargo es un “arrepentido” que ha sido coacheado para armar su testimonio.
Este proceso ha estado caracterizado por la irreductible decisión de impedir la tarea de las defensas en favor de los imputados y pone de manifiesto la degradación de la justicia federal de nuestro país al violar las más elementales garantías constitucionales que asisten a los acusados.
En palabras de la propia Cristina: “No se trata de una denuncia original, sino de un refrito de de-nuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”. Afirmando en otro tramo: “Las ‘pruebas’ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”.
