A partir del anuncio presidencial, se desató una maraña de operaciones encabezadas por el Foro de Convergencia Empresarial, AEA y la caterva de Juntos por la Cambio, socios de la empresa en la estafa al Banco Nación, y que son la representación de lo que conforma el poder real y permanente de la Argentina.

Vicentín es un enorme holding en el área de procesamiento de granos y en la exportación de harinas y aceites. Basta con entrar a su página para observar la diversificación de sus negocios, que van desde la producción de granos y oleaginosas, pasando por el biodiesel, la industria textil, la producción cárnica, vitivinícola, con plantas industriales en Santa Fe, oficinas en Paraguay y Uruguay.

El activo más valioso de Vicentín es (o era) su participación en Renova. Según la propia Vicentín, se trata de “la planta de crushing (molienda de soja) más grande y moderna del mundo”, que cuenta con puerto propio sobre el río Paraná. Durante los cuatro años de macrismo trepó hasta el primer lugar en el ranking de exportadores y terminó en cesación de pagos y convocatoria de acreedores unos pocos días antes del cambio de autoridades nacionales.

Con su concurso de acreedores dejó colgados a 2638 productores y proveedores de quienes recibió entregas de grano o insumos y a quienes no les ha pagado ni un peso. Siete mil fuentes de trabajo están en peligro. Obtuvo créditos que han quedado impagos de 12 bancos nacionales. Su mayor acreedor individual es el Banco Nación, del cual obtuvo 300 millones de dólares en préstamos por prefinanciación de exportaciones, la tercera parte de los cuales se transfirieron a su favor en los 30 días previos a su presentación en convocatoria.

La firma santafesina es una de las más poderosas exportadoras de cereales y derivados, un mercado fuertemente concentrado que es la principal fuente de divisas genuinas del país. La decisión del gobierno de intervenir Vicentín surge como una alternativa real para evitar su quiebra o eventual traspaso a manos extranjeras, en un sector considerado “de interés público” y con graves riesgos para el mercado cambiario en manos de un monopolio u oligopolio. La otra alternativa era que alguna asociación entre grupos financieros y otras cerealeras del sector pudieran hacer una oferta para comprarla. Estaban en danza la francesa Dreyfus, la suiza Glencore y a la norteamericana Cargill.

Entre el anuncio presidencial de la intervención por decreto y expropiación por ley de las empresas del Grupo Vicentín, y la presentación del plan del gobernador Perotti (pedido de intervención por la vía judicial y creación de una empresa mixta) se desató una maraña de operaciones encabezadas por el Foro de Convergencia Empresarial, AEA y la caterva de Juntos por la Cambio, socios de la empresa en la estafa al Banco Nación, y que son la representación de lo que conforma el poder real y permanente en el país. Los une a Vicentín una génesis común, que no está de más recordar en estos momentos para dimensionar la magnitud de lo que se enfrenta.

Vicentín SAIC fue cómplice civil del terrorismo de Estado, entregó a 22 trabajadores y delegados de sección que fueron secuestrados entre el 2 y el 4 de noviembre de 1976. De la dictadura genocida recibió el puerto en San Lorenzo y que Cavallo le lavara 2 millones de dólares durante la estatización de la deuda privada. En 2001 aparece en el puesto 36 por fugar 135 millones de dólares. A partir del año 2016 se fue quedando con fragmentos de otra gran empresa interprovincial como Sancor, pero en forma paralela derivó las ganancias al grupo multinacional que hoy se quiere quedar con el gran negocio de la agroexportación, que es grupo Glencore. Vicentín le ha robado en numerosas oportunidades al Estado y al pueblo y no ha rendido cuentas por ninguna.

La operación de rescate de la empresa (más allá de la herramienta que finalmente se utilice) cuenta con el respaldo de cooperativas y productores, de los trabajadores y trabajadoras. Además, una decidida intervención del Estado en el negocio de la agroexportación permitirá tener mayor poder de decisión sobre el destino de la riqueza agrícola y de manera indirecta, pero no tanto, sobre los precios internos en los principales rubros alimenticios. Sobre todo, implica poner un pie en el sector que es la fuente principal de divisas. La oferta de dólares depende de modo crucial del volumen de liquidación de exportaciones por parte de las cerealeras. Es decir, que los exportadores tienen la capacidad de provocar una escasez de divisas en su propio beneficio para forzar una devaluación. De allí lo significativo que resulta la posibilidad de convertir a una de las cerealeras principales en “empresa testigo” de la oferta de dólares.

La operatoria del comercio de granos se da en un mercado agrícola que está altamente concentrado, con una intermediación opaca y extranjerización creciente. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características que pueda definir el modelo agroindustrial y exportador del país.


Paso a paso

VICENTIN SAIC forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Tuvo un crecimiento exponencial entre 2015 y 2018. Su acceso al crédito del Banco Nación alcanzó los $18.500 millones. Tras incumplir con las respectivas cancelaciones obtuvo una refinanciación sin fundamento: eso se llevó a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y el macrismo. Entre las elecciones de 2015, 2017 y 2019, Vicentín aportó a Macri 24 millones de pesos.


Con su concurso de acreedores dejó colgados a 2.638 productores y proveedores de quienes recibió entregas de grano o insumos y a quienes no les pagó ni un peso. Obtuvo créditos que han quedado impagos de 12 bancos nacionales. Los cuatro acreedores mayores son: Nación $18.182 millones; Provincia $1.800 millones; Ciudad $319 millones y BICE $313 millones. El total de su deuda medida en dólares asciende a U$S 1.350 millones. También ha dejado colgados a accionistas y a bancos extranjeros que han iniciado acciones judiciales en las cortes neoyorkinas.


El irregular accionar de la empresa provocó una denuncia judicial contra las autoridades de Vicentín y contra el último titular del Banco Nación de la anterior gestión, Javier González Fraga. La información pública sobre la empresa, el modo de integración del grupo y, especialmente, el negocio con Glencore en Renova S.A. (Renova) es escasa y parcial. La Unidad de Investigación Financiera ha iniciado una actuación procesal pues presume la existencia de maniobras ilegales, simulando una crisis, fuga de divisas, lavado de dinero y evasión fiscal. Y hasta la operatoria práctica de las exportaciones de la firma es sospechada de contrabando agravado.


La magnitud de la deuda acumulada, superior a los mil millones de dólares, deja poco margen a un acuerdo con los acreedores, lo cual pone a la empresa en riesgo de quiebra. Por otro lado, la inactividad de la empresa afecta a todo el entramado productivo (que excede a la ciudad de Avellaneda, toca la zona núcleo sojera y la industrial de la provincia): a los trabajadores, a los productores (en liquidez y disponibilidad de recursos para seguir produciendo) y al Estado por su enorme deuda con bancos públicos.


El comercio de granos se da en un mercado agrícola que está altamente concentrado en menos de 10 compradores, con oligopolización y extranjerización creciente. Los datos a 2018 del ranking exportador del complejo cerealero-oleaginoso muestran que Vicentín está en el sexto lugar, con el 9% de las ventas al exterior. En el primer puesto está Cargill (13%), seguido por COFCO (ex NIDERA) con 13%, Dreyfus (10%), Bunge (10%) y AGD (9%). Pero en el subsegmento de aceites y subproductos, al año 2019, en el procesamiento de soja y girasol Vicentín fue el primero con 7.425.533 toneladas exportadas, superando a AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y COFCO, y concentrando el 20,3% de este mercado de exportación de aceite.