ESTE ES EL “CAMBIO”
Nuevo año, nuevo golpe al bolsillo: el saqueo sin fin
El 2017 comenzó mal para el bolsillo de trabajadoras y trabajadores. Ajuste, tarifazo y recesión económica, un verdadero coctel explosivo y siniestro para el pueblo.
Arrancamos con importantes subas de precios, aumentos de tarifas y anuncios de mayores incrementos en los servicios públicos y el trasporte. Todo un desafío para un depreciado salario que arrastra una pérdida de entre 10 y 20 puntos porcentuales en comparación con la inflación que cerró sobre el 41% en el 2016.
La canasta básica escolar costará 69% más que el año pasado. Como ocurre todos los años, los productos comienzan a remarcarse de cara a un nuevo ciclo lectivo. Sin ninguna política de control de precios, luego de haber dinamitado el programa Precios Cuidados, llenar una mochila se convierte en una proeza.
Así ocurre también con los alimentos. La quita de retenciones a los productos agropecuarios puso fin a uno de los mecanismos más efectivos para el control de precios. Los productores y comercializadores de las mercaderías llamadas commodities (que se comercializan a gran escala en el exterior como el trigo, aceite, soja, etc.) pasaron a fijar el precio local a los niveles de los internacionales. Esto, sumado a la devaluación producida por el gobierno en diciembre 2015, más la suba de los servicios y los combustibles redundó en un importante incremento en el valor de estos productos. Como ejemplo de esta política tenemos el aumento del precio del pan, 83% en un año.
A este cuadro se suman los aumentos en el transporte ejecutados y por implementar. Las prepagas, por su parte, tuvieron una suba del 6% y llevan acumulado el 52,10% en un año, una cuota de $3857 en diciembre de 2015 hoy se está abonando $5865. Los peajes se incrementaron en alrededor del 52% en febrero y los combustibles acumulan alrededor del 42% interanual. Mientras que la telefonía móvil redondeó en promedio una suba de del 75% entre enero 2016 y enero 2017.
El festival de aumentos no tiene fin, y aun cuando el gobierno se empecina en afirmar que este año no superaremos los 17 puntos de inflación, el nuevo tarifazo en los servicios hace pensar (aún para las consultoras proclives al macrismo) en una inflación más cercana al 25 – 35%. Mientras miles de personas continúan sin luz (270.000 en el peor momento del apagón), en un febrero que no da respiro, el ministro Aranguren lanzó el primer aumento de este año para la electricidad: un promedio del 37% en todo el país y aumentos del 60% al 148% en la zona metropolitana. Vendrán el gas y el agua, así como el de colectivos.
El impacto del aumento de tarifas es particularmente significativo para los sectores de menores ingresos, no sólo por el peso relativo sobre su nivel de ingresos sino también por el traslado a precios, particularmente en los alimentos, destino principal de los gastos de estos hogares. Las PyMES, golpeadas por la apertura de las importaciones, son otro sector sensible.
Durante el año pasado el gobierno aplicó un conjunto de medidas que desprotegió a los trabajadores, a los jubilados y a las capas medias, favoreció la especulación y transfirió riqueza a los sectores concentrados. Amplias capas de la población perdieron poder adquisitivo. Las paritarias de este año deberán recuperar lo perdido por el proceso inflacionario y cubrir los incrementos futuros. Esta pelea, que ya comenzó con la paritaria de bancarios, es la que ahora tiene a los docentes en la mira del gobierno y despertó una vergonzosa campaña de desprestigio por parte del macrismo y su call center.
El proceso de deterioro del poder de compra del pueblo argentino viene a revertir la tendencia de los 12 años precedentes, en los cuales el Salario Mínimo Vital y Móvil presentó un significativo y continuo avance en términos reales. En este periodo, la Argentina fue el país de la región en donde más se incrementó el poder de compra mientras que ahora es el de mayor deterioro del salario real en comparación con Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil.
