DEMOCRACIA SIN MAFIA
Avanza el juicio político a la Corte
El Juicio político a la Corte Suprema es el único mecanismo para remover a sus miembros y aunque se considera improbable que prospere (son necesarios dos tercios de ambas cámaras del Parlamento), lo cierto es que aún no hay nada dicho. El proceso se puede dilatar, las correlaciones pueden cambiar en un año electoral, y las provincias pueden tener un peso clave, ya que 11 gobernadores impulsan el juicio, por lo que senadores y diputados pueden recibir directrices independientemente del espacio político al que pertenezcan.
Por otro lado sirve también para el debate siempre vigente sobre la democratización de la Justicia. La señal más clara es el propio nerviosismo creciente que está teniendo la Corte sobre este proceso de investigación, que gracias al Frente de Todos ya superó su primer obstáculo en comisión.
La alevosía de la Corte a favor del macrismo este último tiempo la puso en esta situación. Repasemos los principales casos:
– Derogó declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura (vigente hace 16 años y que la propia Corte había declarado constitucional en casos anteriores). El Consejo es un organismo con una pizca de composición democrática, que se encarga fundamentalmente de destituir a los jueces. Antes de la reforma de 1994, un órgano así no existía, luego la Corte nunca terminó de aceptar que la democracia asome en la institucionalidad del Poder Judicial, y la reciente derogación es un impulso retenido.
– Le reconoce a CABA el status de “ciudad constitucional federada”, que es un rango que no aparece en la Constitución de 1994. Ésta establece que de un acuerdo entre la Nación y las provincias se instituirá el nuevo régimen de coparticipación de los impuestos directos e indirectos. Esa ley no se ha dictado aún, pero Macri, mediante un simple decreto, le asignó una coparticipación mayor a la Ciudad, elevándola del 1,4% fijado en la ley anterior al 3,75% con el pretexto de cubrir los gastos de transferencia de la Policía de la Ciudad. Luego Alberto Fernández enmendó esa decisión, también por decreto, y finalmente el Congreso Nacional sancionó la ley 27.606, mediante la cual restableció el 1,4% a CABA. El gobierno de la CABA presentó ante la Corte Suprema una demanda por inconstitucionalidad de la norma, y la Corte, haciendo lugar a una medida cautelar, ordenó que hasta tanto se dicte el fallo definitivo, provisoriamente el Estado nacional debe entregar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables.
Estamos ante decisiones políticas fragantes de la Corte Suprema para favorecer al macrismo: cuatro jueces pueden más que todo el Congreso Nacional y el Presidente. Lo cierto es que este Poder Judicial, no sólo que actualmente no es democrático, sino que es mafioso.
