LA CORRUPCIÓN PRO, OCULTA DETRÁS DE LAS OPERACIONES CONTRA CFK
A mí me rebota, a vos te explota
El macrismo pretende ocultar la dura realidad social y económica de nuestro pueblo a través de operaciones de inteligencia, judiciales y mediáticas contra Cristina y el proyecto nacional. Las denuncias que ellos mismos impulsan, los terminan involucrando.
El gobierno nacional, con la ayuda del Partido Judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, pretende llevar adelante los dictados del imperialismo para nuestra región: entre otros, perseguir a los movimientos populares y anular su capacidad organizativa en la resistencia al neoliberalismo. No obstante, en cada operación judicial y mediática, se observa la realidad que resalta la propia corrupción macrista, no basada en sospechas o deducciones forzadas, sino en datos y números duros que comprometen a la coalición gobernante.
El Partido Judicial insiste en la presentación de denuncias buscando el procesamiento de Cristina, aunque con malos resultados. Cualquiera que lea los escritos puede detectar sin esfuerzo la intencionalidad política que intenta tapar las contradicciones lógicas. La difusión de estas denuncias inconsistentes le permite a Cambiemos respirar en medio de un clima social asfixiante generado por las políticas económicas. Lo que les impide cerrar el relato de “Cristina presa”, es que no han encontrado irregularidades contables, cuentas en el exterior, propiedades o empresas no registradas de CFK.
No puede decir lo mismo en este sentido el presidente en funciones. El 3 de abril pasado se dio a conocer una investigación periodística de carácter mundial: los Panamá Papers. En ella se prueba cómo la firma panameña Mossack-Fonseca creó miles de empresas offshore con accionistas ocultos para lavar dinero, evadir impuestos y esconder grandes sumas. Mauricio Macri figura como accionista y directivo en varias de esas compañías, fundamentalmente Fleg Trading Ltd., empresa que funcionó de tapadera de Socma (Sociedad Macri) para operar en Brasil sin tributar impuestos. La investigación judicial indica que Fleg movió varios millones de dólares para comprar otras compañías y tapar el origen de los fondos y los dueños de las empresas: Franco Macri y sus hijos Mauricio, Mariano y Gianfranco. Caso aparte es la transferencia masiva desde 2007 de los activos de Socma al primo de Mauricio, Ángelo Calcaterra, sospechado de ser testaferro de la familia, socio de Lázaro Baez y gran beneficiario de la obra pública nacional en la era Macri.
Otro caso testigo es el famoso Triple Crimen de General Rodríguez. Además del papelón de la fuga de los acusados, se pretendió utilizar al narcotraficante Ibar Pérez Corradi para operar contra Aníbal Fernández y el FpV en la Provincia de Buenos Aires. Pero en medio de una declaración indagatoria, Pérez Corradi señaló que Ernesto Sanz (UCR–Cambiemos) recibió una coima de 200 mil dólares para destituir a un juez federal que investigaba el tráfico de efedrina. Desde entonces el caso dejó de figurar en la agenda mediática y actualmente se acelera un oportuno pedido de extradición a los EE.UU., donde Pérez Corradi sería juzgado por delitos menores, es menos dañino y más controlable políticamente para el gobierno.
Los últimos casos de corrupción involucran a las fundaciones y ONG políticas de varios funcionarios. La vicepresidenta denunció el 22 de noviembre pasado el robo en su casa de 200 mil pesos de donaciones para SUMA, fundación que preside, explicó. El problema es que las donaciones a fundaciones, como forma de prevenir el lavado de activos, tienen que ser siempre bancarizadas, nunca en efectivo. Además, su trabajadora doméstica declaró ver en repetidas ocasiones bolsos ocultos con dinero en la casa. El caso vio la luz pública recién el 17 de julio cuando Tiempo Argentino lo publicó: el PRO intentó evitar que se conociera. La fundación en cuestión no tenía hasta entonces empleados registrados ni presentó balances, sueldos o movimientos económicos. Michetti pidió urgente un cambio de domicilio, se anotó como empleadora y empezó a presentar balances. A pesar de estos trámites de apuro, está imputada en la causa con las carátulas de falsedad ideológica, delito cambiario, lavado de dinero y evasión impositiva. Legisladores del FpV denunciaron idénticos comportamientos en otras fundaciones PRO como Fundar Seguridad y Justicia (de Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), Formar (de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación) y Creer y Crecer (de Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús).
