LA RESISTENCIA CRECE
Sólo cierra con represión
Ninguna persona consciente de cómo se desarrollan los procesos históricos en la Argentina, con las crisis cíclicas del capitalismo para concentrar más riquezas y poder, puede esperar otra consecuencia ante el proyecto diseñado por la Asociación Empresaria Argentina y el FMI. Este modelo hoy es ejecutado de manera salvaje por Milei y sus aliados del PRO, la UCR y peronistas “dialoguistas”. La necesidad de legalizar el saqueo mediante el DNU y las Leyes Ómnibus y Bases, es la expresión concreta de que los monopolios transnacionales y el imperialismo vienen por todo. Para esto, necesitan destruir las instituciones democráticas, las organizaciones sindicales y sociales.
La represión desatada contra un pueblo que se manifestaba pacíficamente el pasado 12 de junio, mientras se debatía la Ley Bases en el Senado, nos demuestra cómo la derecha necesita del Estado para administrar sus negocios y poner un límite al descontento social. Pero los hechos represivos nos invitan a reflexionar sobre los usos de la violencia por parte de un gobierno que ve con nostalgia los tiempos ultra coercitivos y criminales de la dictadura. Uno de los métodos utilizados es la intervención de infiltrados, que generan todo tipo de violentas provocaciones contra las fuerzas de seguridad para luego justificar el accionar represivo. Estos “agentes vestidos de activistas” son inmunes a toda detención a pesar de cometer los desmanes más graves, con incendio de automóviles incluido. Por el contrario, las decenas de personas que se encontraban manifestandose lejos de la zona de mayor conflicto, fueron apresadas con imputaciones por cargos vinculados al terrorismo y a un supuesto intento golpista. Esto busca generar un efecto psicológico desmovilizador en el pueblo, porque se desliza la idea de que concurrir a una manifestación puede derivar en detenciones injustificadas y en procesamientos capaces de arruinar años de vida de numerosas personas (en este caso estudiantes, docentes y vendedores de choripanes y empanadas que siguen bajo investigación).
La intención oficial de disuadir por vías paralegales la protesta social nos demuestra que el gobierno libertario esta deslizándose hacia los márgenes de la democracia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó que su gran objetivo es lograr una una reforma al Código Penal (que no se logró por la Ley Bases) “el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”. Alude al artículo 194, que en el proyecto original prevé que por participar en un corte se le impute una sentencia de uno a tres años y medio de cárcel (hoy es de tres meses a dos años), lo que podría llevar a cumplir prisión efectiva. El mensaje es claro, el que se manifiesta en oposición al gobierno puede ir a la cárcel.
Los nostálgicos del terrorismo de Estado acusan de “terroristas” a quienes enfrentan el ajuste hambreador. Pero ellos infiltran provocadores en las marchas, cazan manifestantes o simples transeúntes y los acusan de intentar un golpe de Estado por la vía del terror. Pero de terror son ellos, con discursos negacionistas, apoyando con envío de pertrechos militares durante la gestión macrista dictaduras como la de Jeanine Añez Chávez en Bolivia contra el gobierno democrático de Evo Morales. A esto se le suma la ineptitud de la Ministra Patricia Bullrich para resolver el caso Loan, un niño de 5 años en Corrientes que ya lleva varias semanas desaparecido, y la única respuesta que hoy se escucha son declaraciones absurdas y surrealistas sobre las acciones a seguir.
Las ansias represivas de los ideólogos y fieles herederos del terrorismo de Estado, encuentran un límite cuando chocan con la clase obrera organizada en sus sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones políticas que la representan. Como lo demuestran las movilizaciones para liberar a lxs presxs politicxs y las campaña nacional e internacional que obligó a la jueza María Servini a despegarse de la causa armada por Patricia Bullrich y Carlos Stornelli, logrando la liberación de la mayoría de lxs detenidxs. Al cierre de esta edición, se sigue exigiendo la liberación de las cinco personas que continúan presas sin pruebas que ameriten sus detenciones.
