FMI CONTRA EL SISTEMA PREVISIONAL
Tachame las jubilaciones
Aparecen las exigencias del FMI para acelerar el ajuste, y no hay que ser magos para adivinar las consecuencias que acarreará en los sectores menos favorecidos, entre ellos nuestros jubilados y pensionados.
Como si fuera una broma del día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2017 la administración PRO promulgó la Ley de Reforma Jubilatoria. A pesar de la masiva y reprimida movilización popular y del enorme descontento que la medida provocó en la población, el Parlamento avaló la confiscación de más de 100 mil millones de pesos a 17 millones de ciudadanos que hasta ese momento veían crecer semestralmente sus haberes en virtud de la fórmula de reajuste establecida por el gobierno de Cristina Kirchner. La migaja que significaron los montos del bono por única vez de 750 y 375 pesos ofrecida por los ajustadores en el gobierno ya habían sido fagocitada por la inflación al momento de recibirlos.
La Reforma, al mismo tiempo, modifica derechos al abolir las moratorias para comprar años a trabajadores con menos de 20 años de aportes por haber trabajado en condiciones irregulares, y establece un monto que reemplazaría el haber por una PUAM que (supuestamente) universaliza el acceso a la Seguridad Social.
La nueva fórmula achata la pirámide salarial y aun cuando se prometió que no se retrasarían los haberes frente a la inflación, ya en el primer semestre agudizó la licuación del salario previsional frente al ajustazo salvaje llevado adelante por los Ceo’s de las privatizadas para beneplácito del mercado.
El reciente fallo de la Sala III de la Seguridad Social que ordena al ANSES restituir el 9,5% de diferencia por la aplicación de la nueva fórmula desde julio al 28 de diciembre del pasado año, sienta un precedente que de ser aplicado al universo total de los perjudicados elevaría la base sobre la cual aplicar los ajustes trimestrales de la nueva Ley. En la actualidad, de acuerdo al seguimiento realizado por la Defensoría de la Tercera Edad, el 70% de los jubilados no cubre las necesidades básicas de la canasta mensual.
Sobre estas bases de empobrecimiento, aparecen las exigencias del FMI para acelerar el ajuste, y no hay que ser magos para adivinar las consecuencias que acarreará en los sectores menos favorecidos, entre ellos nuestros jubilados y pensionados. La promesa presidencial de profundizar el aumento de tarifas de servicios públicos, el dólar sin intervención del Central y los precios de alimentos y medicamentos danzando al compás del libre mercado, auguran un crecimiento exponencial de la conflictividad social.
El formidable Fondo de Garantía de Sustentabilidad que el kirchnerismo había fortalecido para garantizar no sólo los reajustes jubilatorios, sino los planes asistenciales de la AUH, PROCREAR, PROGRESAR, Asignación por embarazo, va mermando ilegalmente desde la asunción de las nuevas autoridades para ir (por diversos mecanismos y caminos) a engordar las arcas de los socios y amigos del Presidente y a su propio patrimonio vía inversiones trianguladas por fondos de inversión para ocultar su destino final, amparados por el blindaje mediático de las grandes corporaciones periodísticas.
El final de esta película no puede ser distinto de aquel que ya vivimos desde 1976 hasta 2003, aunque cause asombro la velocidad con que el gobierno provoca una crisis monumental, donde se repiten viejas fórmulas para la felicidad del capital financiero internacional, que aplaude y apoya el nuevo rumbo del futuro negro de nuestra Patria.
