El presupuesto del ajuste

Un presupuesto a la medida del Fondo

El gobierno presentó el Presupuesto 2019, la ley de leyes. La Alianza Cambiemos dibujó un futuro un poco menos malo, algo así como “estamos mal, pero vamos bien”, siempre que hagamos los deberes y ajustemos a fondo.

El Presupuesto regula el financiamiento de todo el Estado nacional (los poderes ejecutivo, judicial y legislativo) incluye las transferencias que el Gobierno hace a las provincias y los municipios y los pagos de la deuda pública. En su formulación se estiman las principales variables económicas de un país y se fijan las prioridades de políticas públicas, es decir a dónde va a ir a parar la renta socialmente acumulada.

El proyecto de presupuesto 2019 es una fantasía y una formidable maquinaria de ajuste y recorte de la inversión social. El maquillaje supone un dólar a $40 promedio en todo 2019, una inflación a diciembre 2019 de 23% acumulativa, exportaciones creciendo a más del 20,9% anual y el PBI sólo cayendo 0,5%. El FMI mientras tanto, elaboró un informe en el cual calculó una caída del PBI del 2,6 por ciento para este año y del 1,6 para 2019, peor que la estimada en el Presupuesto. El jefe de gabinete en su informe ante el Congreso presentó una proyección de un dólar de 50 pesos en diciembre del año que viene.

Al establecer la inflación y el valor del dólar muy por debajo de lo que se espera, se dificulta calcular los montos y los porcentajes del ajuste. Las cifras que se ofrecen al lector están elaboradas en base a las proyecciones presentadas por el macrismo, y así y todo son muy asombrosas. El ajuste es parte del acuerdo con el FMI para llegar al “déficit 0” gracias al recorte de la obra pública, la continuidad en la quita de subsidios, el ajuste sobre las empresas públicas y la transferencia de funciones a las provincias, el ajuste sobre la educación, salud, ciencia y técnica.

En este sentido, la proyección de Cambiemos implica 5 millones de kilogramos de leche menos, quita de asistencia a los programas de VIH/SIDA y Médicos Comunitarios, ente muchos otros recortes en salud. El año que viene habrá 43 millones de dólares menos para la Dirección Nacional de SIDA y ETS. Ese presupuesto comprende la compra y distribución de medicamentos, prevención y tratamientos de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, malaria e Infecciones de Transmisión Sexual. Si se aprueba, el 30 por ciento de las personas con VIH quedarán sin tratamiento. Según el INDEC, el 43,9% de los niños, niñas y adolescentes no tienen cobertura de salud, y por lo tanto dependen de los recursos en el sector público.

En cuanto a la educación, de los 5945 millones de pesos para la construcción de jardines de infantes contemplados en el presupuesto vigente (solo se ejecutó alrededor del 13%) se pasa a 2528 millones para el 2019. Eso significa una caída nominal (es decir, sin tener en cuenta la inflación y el valor dólar) de cerca del 60 por ciento. El presupuesto de ajuste contempla la caída en términos reales del 27% en Educación, 38% en Vivienda y Urbanismo, 17% en Ciencia y Tecnología.

Pero también el proyecto prevé ingresos por la suspensión de rebajas impositivas y la aplicación de retenciones. Las retenciones que finalmente pusieron a las exportaciones fueron en moneda local, con lo cual se licuan por la apreciación del dólar. Por otro lado, se prevé aumentar la recaudación por aumento del IVA y del impuesto a las Ganancias sobre trabajadores (eliminación de exenciones y la aplicación del tributo sobre todos los componentes del sueldo, incluidas las sumas no remunerativas). El Ejecutivo pretende recaudar $25.000 millones extra con cambios en la forma que se aplica el gravamen y con la inclusión de sectores que estaban exentos.

¡Ahorro y recaudación! para pagar los crecientes intereses de la deuda externa que el macrismo supo conseguir. El presupuesto destinado a pagos de intereses de deuda pública es lo único que aumenta, un 82% en total y 49% lo dirigido a intereses de deuda externa. Se destinan unos $596.065 solo en concepto de intereses de deuda, de un total de $746.389 millones anuales. El presupuesto viene con un plus: la modificación del Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que regula los requisitos sobre las reestructuraciones de deuda pública. Se reemplaza la condición de que los acuerdos impliquen un “mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales” por un eventual canje según “las condiciones imperantes del mercado financiero”, y permite saltear al Congreso en cualquier propuesta de reestructuración.

El gobierno fijó las prioridades de políticas públicas y los socorridos son la especulación financiera y el FMI.