El COVID-19 abrió el debate sobre la concentración y distribución de la riqueza. Desde el oficialismo se intenta avanzar en un proyecto de ley para la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas.
En el número anterior de Nuestra Palabra, hacíamos referencia a que el COVID 19 puso en evidencia las contradicciones existentes entre humanidad e imperialismo. Al respecto, describimos cómo abordaron la propagación de la pandemia los países con fuerte contenido antineoliberal, donde el eje principal fue el cuidado y preservación de la sociedad, frente a los gobiernos neoliberales, cuyo desprecio por la vida humana mostró su lado más cruel y oscuro.
En nuestro país, la rápida respuesta del gobierno encabezado por Alberto y Cristina posibilitó que los efectos del coronavirus sean menos drásticos. Se planificaron medidas sanitarias que se coordinaron con todos los gobiernos provinciales y municipales. Por otra parte, se lanzaron una batería de medidas para paliar las consecuencias económicas de la cuarentena. Es importante no perder de vista que nuestro país ya atravesaba serias dificultades por la aplicación del modelo neoliberal de la mano del macrismo. Frente a esto, las expresiones de la derecha y los representantes de los intereses imperialistas no se hicieron esperar. Decíamos en nuestro número anterior que la escalada en los precios, la decisión de Techint de despedir a 1450 trabajadores y el cacerolazo posterior es parte de un mismo juego de pinzas. De ahí la presión del poder real y los grupos concentrados de la economía para que se levante el aislamiento preventivo.
Frente a la criminal especulación con los precios, se buscó dar poder a los intendentes para que tengan la facultad de controlar y sancionar a las cadenas de supermercados que no respeten los precios establecidos. Por otro lado, las empresas amenazan con despidos o recorte de los sueldos de los trabajadorxs. Estas medidas ponen de manifiesto que el poder real y sus socios no van a ceder en sus ganancias, ni siquiera frente a una crisis que no tiene antecedentes en la historia moderna.
La expansión del COVID-19 renueva la discusión sobre la distribución de la renta en nuestro país. Según la revista Forbes, 50 personas concentran en la Argentina U$D 70.000 millones, que representa el 20% del PBI del país. La AFIP descubrió en 950 cuentas en el exterior (sin declarar) unos 2.600 millones de dólares. 50 millones de dólares fue lo que se evadió solo en impuestos por bienes personales. Con ese dinero el Estado podría haber comprado 5000 respiradores.
En los últimos días se conoció que el bloque del Frente de Todos, impulsado por el diputado Máximo Kirchner, presentaría un proyecto de ley en la Cámara, cuyo objetivo es la aplicación de un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, los cuales se encuentran concentrados en un pequeño porcentaje de la población. Se estima que la iniciativa comience su recorrido parlamentario la semana entrante. Los voceros de la derecha y representantes del capital financiero trasnacional no se hicieron esperar. El diario La Nación en su editorial del domingo 12 de abril, describió “fundadas razones” de la inviabilidad de esta propuesta. El escenario actual puso en debate la distribución de la renta mundial y local, dejando en evidencia lo perverso de un modelo económico basado en la especulación financiera.
