Además de seguir teniendo la salud como prioridad, el gobierno se encuentra en la necesidad de continuar las medidas paliativas de la crisis, y en la obligación de articular una política económica para reactivar la economía una vez que el vendaval de la pandemia pase.
No hay manual alguno que indique cómo enfrentar una pandemia que desbarató los andamiajes económicos en casi todo el mundo y cristalizó como pocas veces la fragilidad del sistema financiero basado en la especulación y la hiperconcentración de riquezas en pocas manos. Ante esta situación, en la que los estados nacionales oscilan entre el cuidado de la salud de sus poblaciones y la negación total del COVID, alcanzando límites de cinismo pocas veces visto en la historia reciente, aquellas economías planificadas concienzudamente en alianza con sus pueblos son las que más rápido se levantarán de la crisis.
En este contexto, es necesario reiterar, cuantas veces sea necesario, que la Argentina que gobierna hace poco más de un semestre Alberto Fernández, enfrenta el doble desafío de superar una recesión de poco más de tres años, que supuso una importante disminución del gasto público en áreas claves para el bienestar ciudadano (como la salud), e impidió, gracias a la gigantesca fuga y toma de deuda del gobierno de Macri, la posibilidad de hacerse de divisas en el mercado de capitales, en el medio de una crisis global sin precedentes. De este modo, y preservando el aspecto sanitario como el central a la hora de gestionar (decisión que logró que la proporción de personas fallecidas se sostenga baja comparada con la media regional) el gobierno nacional debe readecuar las herramientas de crisis, por un lado, y empezar a diagramar una política económica para el ansiado momento de reconstrucción de la patria una vez pasada la pandemia.
Entre el primer desafío, el gobierno se encuentra ultimando detalles de las características que tendrá cada política de contención de la crisis, con miras a reforzar la asistencia alimentaria y lanzar la tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia, una política de considerable alcance, ya que desde su primera implementación en el mes de abril ya llegó a 9 millones de compatriotas. En lo concerniente a la industria, se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) de amplia cobertura. Con sus bemoles y adecuaciones por zonas del país (porque gran cantidad de regiones reabrieron su economía, pero lejos están aún de reactivarse) es de pronta confirmación la necesaria continuidad de estas políticas. Un interesante antecedente conforma las recientemente anunciadas medidas económicas de la Provincia de Buenos Aires (ver columna).
Un desafío de aun mayor complejidad y más largo alcance supone el abordaje de una política económica para la pospandemia. Aquí el coraje y poder de determinación del gobierno, apoyado por un necesario nivel de conciencia y organización popular, resulta clave. Desde los medios concentrados de comunicación, voceros de inconfesables intereses, hasta la coalición opositora que contrajo el ciclo de deuda más grande de la historia reciente, pretenden borrar las huellas del desastre que generaron durante años. En este sentido, el gobierno planea reactivar la economía con obra pública y un ciclo virtuoso de consumo interno con salarios fuertes, ante la caída del comercio exterior que será lógicamente de lenta recuperación. No es fácil: la Unión Industrial ya marcó la cancha apoyando un ciclo mercadointernista pero pidiendo garantías que “faciliten la inversión”, eufemismo que desde que el mundo es mundo significa flexibilizar el trabajo e impuestos débiles.
El esperado impuesto a las grandes fortunas es una necesidad de la hora, así como también políticas que regulen el sistema financiero y controlen la evasión, un mal que en los años de Macri adquirió dimensiones colosales. En esta línea se ubica el proyecto de ley de moratoria fiscal, que el gobierno está por enviar al Congreso, y estará destinado a regularizar deudas impositivas registradas hasta el 31 de mayo, incluyendo tanto a PyMEs como a empresas de mayor porte, pero exigiendo a cambio una serie de contraprestaciones, como inhibirse de comprar dólares en el circuito financiero y de girar dividendos a los accionistas por dos años.
Desde ya que resulta decisivo para el contexto de reconstrucción del país un pronto acuerdo con los bonistas privados, que suponga una quita de deuda y tiempos razonables de pago. Desde el campo popular nos toca estar más firmes, con mayor capacidad de organización y nivel de consciencia, para enfrentar la delicada coyuntura que estamos atravesando y estar sólidos en los debates (y disputas) que ya se anticipan.
