En las últimas semanas, gran parte de la zona sur del Gran Buenos Aires viene padeciendo interrupciones en el suministro eléctrico. Esta situación puso en evidencia la falta de inversión de las empresas prestadoras de servicio, como así también lo escandaloso que fueron los contratos con las distribuidoras en la gestión macrista. Desde el Gobierno nacional y provincial se han comenzado a tomar diferentes medidas.
Respaldados por el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, un conjunto de intendentes llevó sus quejas ante el ENRE. Desde el bloque oficialista de la Legislatura provincial se avanza con proyectos de sanción frente a los reiterados cortes de suministro. Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia solicitó al ENRE quitarle la concesión a Edesur.
Es necesario recordar que la gobernación bonaerense resolvió congelar las tarifas de las distribuidoras privadas (Edelap, Eden, Edea y Edes). También se acordó congelar las tarifas de gas hasta diciembre del 2020, situación que beneficiara a los clientes de hogares y a las pymes. Los cortes responden claramente a un intento de extorsión por parte de las empresas.
En este mismo contexto, el ENRE notificó que están dadas las condiciones para declarar nulas las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) de Edenor y Edesur que fueron aprobadas por la gestión macrista y que se encuentran vigentes. El interventor, Federico Basualdo, sostiene que las mismas carecen de validez jurídica, dado que no se realizaron teniendo en cuenta la realidad social y económica de nuestro país.
Otro de los contratos que se pusieron en revisión, fueron los que se llevaron adelante entre ENARGAS y la gestión macrista. El interventor del ENARGAS inició una demanda judicial contra los ex funcionarios y reguladores macristas que habían llevado adelante la dolarización de las tarifas, lo que provocó un perjuicio económico al Estado y a los usuarios por una suma de 561 millones de dólares.
En la misma sintonía, desde la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos del Parlamento nacional, el FdT propone rechazar el DNU de Macri donde estableció una compensación (de 400 millones de dólares) por parte del Estado a las distribuidoras de gas, por las variaciones en el tipo de cambio.
