El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma judicial que ya ingresó para su tratamiento en el Senado. Destacó que se propone “consolidar una Justicia independiente, regida por las normas de transparencia y que desarrolle los proceso con celeridad e independencia”.
En términos generales, la reforma busca mejorar el servicio de Justicia. Para eso plantea aumentar la cantidad de juzgados federales, fiscalías y defensorías. Desconcentrar la justicia federal para quitarle a Comodoro Py el monopolio de las causas, y trasparentar las instancias de nombramiento y subrogancia de magistrados. La propuesta también busca implementar el sistema acusatorio, que ya se había aprobado en el Congreso, y que otorga la dirección de los procesos penales a las fiscalías y da a los jueces el papel de garantes de este. El presidente indicó que el fin es “superar la crisis que afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal” y “una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”.
En su mensaje, Alberto Fernandez siguió el rumbo de la Justicia a lo largo de la historia argentina para marcar cómo los poderes fácticos habían ganado influencia, desde el primer golpe militar contra Yrigoyen, hasta la última dictadura que asaltó al Estado de Derecho. También, destacó como hitos el Juicio a las Juntas durante el alfonsinismo, la renovación de la Corte menemista con la llegada de Néstor Kirchner en 2003 y las decisiones modernizadoras que adoptó en su gestión Cristina.
Por el contrario, consideró que los años de gobierno de Mauricio Macri fueron años de franco retroceso. El auge de las causas del lawfare contra la compañera Cristina y sus exfuncionarios, con peritos truchos, testigos extorsionados, fotocopias y jueces y fiscales parcializados, como Bonadío o Stornelli (imputado este por extorsión y espionaje en algunas de las causas de lawfare que tiene todavía a su cargo). Así, las garantías más básicas fueron completamente pisoteadas, barrieron con el principio de inocencia y de defensa y convirtieron en penas y sentencias las prisiones preventivas. El partido judicial, ariete de las corporaciones y de los servicios de inteligencia, se mostró en todo su esplendor.
Para empezar a desarmar este enjambre, se dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Por su parte, el Consejo de la Magistratura rechazó los traslados irregulares de jueces asentándole un golpe a la estrategia macrista para garantizar impunidad. Los nombramientos por medio de “traslados” fueron parte del dispositivo del gobierno de Macri para manejar el Poder Judicial. Primero, a fines del 2016, consiguió los votos para una ley que convertía tribunales orales ordinarios en tribunales orales federales (que juzgan a funcionarios, narcotráfico, trata, casos de lesa humanidad) con mayoría simple del Consejo. Luego sumó otras variantes en la práctica, que fueron avalando consejeros del entonces oficialismo, como los traslados de jueces desde fueros y jurisdicciones distintas sin que pasen por el Senado a pesar de que la Corte Suprema estableció lo contrario.
Desconcentrar las causas que hasta ahora recaían en Comodoro Py implica erosionar la manipulación de los tiempos del proceso y el fórum shopping. La reforma judicial no se limita a estas primeras medidas del proyecto que llegó al Senado, se irá produciendo a partir del trabajo del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público integrado por once personalidades encargados de elevar propuestas sobre el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el juicio por jurados, entre otros.
Principales punto del proyecto Ley
Establece la Justicia Federal Penal con asiento en CABA, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Se crearán 23 nuevos tribunales.
Prevé un sistema de subrogancias de jueces por un año para el nuevo fuero Federal Penal. En el proceso intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado para mayor transparencia de las designaciones.
Mantiene el principio el principio del juez natural: las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de jueces, juezas o tribunales en los que ya se tramitan.
Amplia del sistema de justicia. Creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Y unificación de cámaras de apelaciones.
Plantea transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia penal de los delitos no federales.
Contempla la unificación de la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo para evitar que sigan los conflictos de competencia entre ambos fueros.
Busca fortalecer la justicia federal con la creación de nuevos juzgados en el interior según el proyecto denominado “Justicia 2020” del macrismo. Impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.
Detalla las “reglas de actuación” para jueces y juezas federales. Busca reestablecer las pautas de actuación que había dispuesto el Congreso mediante la ley 27.146. Macri la suspendió por decreto apenas asumió como presidente, se comprende a la luz de la turbia relación de su gobierno con Comodoro Py.
